[VIDEO] Ministros y especialistas coinciden: defensores ambientales permanecen en estado vulnerable

Foto: SPDA

“Es lamentable la situación que atravesamos los pueblos amazónicos, especialmente en Ucayali. Podríamos ser cualquiera de los líderes que denunciamos actualmente la próxima víctima de asesinato”, lamentó el líder indígena Berlín Diques, en un conversatorio.

En lo que va del 2021 suman tres las personas indígenas asesinadas por defender sus territorios, recursos naturales y derechos. La amenaza a las personas defensoras de derechos humanos está latente y se muestra con mayor impunidad contra los pueblos indígenas amazónicos. Sobre esta reflexión se desarrolló el diálogo “Inseguridad indígena en la Amazonía peruana”.

Este conversatorio, organizado por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú), se desarrolló el pasado 21 de abril, con la participación de los ministros de Justicia y Cultura, además de especialistas y líderes indígenas.

Abandono y muerte

“Es lamentable la situación que atravesamos los pueblos amazónicos, especialmente en Ucayali”, se lamentó Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), quien hizo un llamado a la acción del Estado alertando que el peligro es tal que cualquier líder puede ser el siguiente asesinado por defender su territorio.

Berlín Diques, presidente de Orau

“No somos ajenos a que la violencia contra líderes indígenas está siendo muy dura y que en el último año (de marzo de 2020 a marzo de 2021) se han producido siete muertes”, manifestó por su parte Eduardo Vega, ministro de Justicia, antes de anunciar el Decreto Supremo que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos publicado hoy.

El ministro Vega también reconoció que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para evitar los asesinatos y las amenazas hacia líderes y lideresas indígenas. Con esto, coincidió Alejandro Neyra, ministro de Cultura, quien resaltó las grandes brechas de acceso a derechos con las que lidian los pueblos indígenas en comunidades.

Alejandro Neyra, ministro de Cultura

Eduardo Vega, ministro de Justicia

“Cuando uno compara la situación de servicios básicos como agua y alcantarillado, la posibilidad de acceder a medios de comunicación, el contar con postas médicas o colegios, la brecha que existe con los pueblos indígenas es enorme. Y, en la Amazonia esa brecha está por encima del 75% u 80% en déficit de servicios públicos”, detalló Neyra.

Sobre estos datos, Neyra reflexionó acerca de la necesidad de que el trabajo para frenar la violencia en la Amazonía involucre la atención a las comunidades con servicios básicos y el reconocimiento de sus derechos.

En esta misma línea, Andrea Tello, coordinadora regional de Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Loreto, hizo hincapié sobre el como el acceso al derecho de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas está estrechamente relacionado con la inseguridad. Pues, la falta de seguridad jurídica territorial deja espacio a el narcotráfico, el tráfico de tierras para tala, minería ilegal y la siembra de monocultivos.

Andrea Tello, coordinadora regional de la SPDA en Loreto

La especialista compartió la experiencia que tuvieron desde el Consultorio jurídico gratuito de la SPDA acompañando a una comunidad nativa -cuyo nombre prefirió guardar en reserva por seguridad- muy cercana a un proyecto de infraestructura vial. En este caso, según narró, las denuncias fueron archivadas “inclusive por falta de diligencias a cargo del Ministerio Público”.

“El apu nos ha visitado este año y nos ha comentado que él sigue recibiendo amenazas. Y, teme no solo por su seguridad, sino también por la de su familia. Para ellos inclusive ir a su chacra es un peligro”, alertó.

Violencia y pandemia: doble amenaza

Otro punto en el que coincidieron los participantes del diálogo fue en que la pandemia ha agudizado la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, y por ende de las y los defensores, además de que las cuarentenas dieron espacio a que los ilegales operaran con mayor libertad.

“El contexto de covid, la emergencia sanitaria, ha contribuido a hacer aún más precarias las condiciones de vida y la seguridad de la población indígena”, enfatizó Ivan Brehaut, especialista de ProPurús, y agregó que el aumento de la deforestación en estos meses se debe al “hecho de que las fuerzas del Estado se replegaron a las ciudades y dejaron la Amazonía desprotegida. Todos estábamos concentrados en el aislamiento social. Pero, para los ilegales no hay pandemia y han, literalmente, arrasado zonas enteras de la Amazonía”.

“Un papel no detiene las balas”

Brehaut también profundizó sobre las actividades ilegales que representan una mayor amenaza para defensores y comunidades nativas. “Siempre se habla sobre la tala ilegal e invasiones de tierras, pero poco se dice del narcotráfico y la verdad es que en este momento estamos en un problema de narcotráfico tremendo”, advirtió.

“Un papel no detiene las balas” es lo que le dijo, según contó, un líder amazónico para explicarle el temor que tienen a denunciar. “La gente sabe que por más que hay un protocolo si no hay una protección con presencia efectiva de las fuerzas del orden en el campo la situación no cambia. La gente no denuncia porque saben que se arriesgan, a sus familias y a comunidades enteras”.

Frente a esto, Daniel Sanchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la justicia, adelantó que el decreto supremo anunciado por el ministro de justicia “corrige esta situación”, pues les va a permitir trabajar con 8 sectores y -algo que recalcó como muy necesario- tener presencia en el territorio.