¿Qué es gobierno abierto?

Gobierno Abierto es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia, apertura, colaboración y participación ciudadana. Busca incluir las necesidades y las expectativas de la ciudadanía en procesos de: toma de decisiones, diseño y la implementación de las políticas públicas y en la mejora de la provisión de bienes y servicios para fortalecer nuestra democracia.

Para mayor información, puedes leer y descargar el siguiente documento de trabajo:

Consolidación del Gobierno Abierto
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A partir de ello, un gobierno abierto aporta beneficios como:

Establecer mayor confianza de la ciudadanía en la gestión gubernamental.

Incrementar la legitimidad en las decisiones del gobierno

Garantizar mejores resultados en la implementación de políticas públicas y elevar los niveles de cumplimiento de las políticas y decisiones.

Asegurar la equidad de acceso a los espacios de participación en los procesos de la formulación de las políticas públicas.

Conoce más sobre Gobierno Abierto en esta infografía:

Desde 2011 el Perú forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta es una comunidad de más de 90 países que se comprometen a aplicar principios y prácticas para promover la transparencia y el acceso a la información, así como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública en favor de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía.

¿Cómo promueve esto? Cada dos años, estos países presentan un Plan de Acción de Gobierno Abierto, que describe aquellas acciones y proyectos que se implementarán y ejecutarán para lograr ser un Estado abierto y transparente.

Desde 2011 el Perú forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, una comunidad de más de 90 países que se comprometen a aplicar principios y prácticas para promover la transparencia y el acceso a la información, así como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública en favor de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía. Para ello, cada dos años se presenta un Plan de Acción de Gobierno Abierto, que describe aquellas acciones y proyectos que se implementarán y ejecutarán para lograr ser un Estado abierto y transparente.

Descarga el informe “La agenda peruana para la consolidación del Gobierno Abierto: asegurando la transparencia y participación ciudadana en el país” aquí.

¿Qué es el “Foro Multiactor de Gobierno Abierto”?

El “Foro Multiactor de Gobierno Abierto” es un mecanismo de seguimiento conformado por entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil involucradas en el avance del gobierno abierto en el Perú.

Este espacio, que sesiona mensualmente, busca asegurar el buen cumplimiento del Plan de Acción de Gobierno Abierto, así como las medidas que fuesen necesarias para el buen desarrollo de la materia.

La participación de la sociedad civil y el Gobierno es fundamental

para fortalecer la gobernanza del país y para que el proceso de gobierno abierto sea exitoso. Por ello, el Gobierno se compromete a desarrollar e implementar planes de acción a través de un proceso multiactor, con la participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil.

El Foro Multiactor cumple un rol esencial en la definición y cumplimiento de los compromisos país porque:

Es un organismo consultivo permanente y obligatorio que se establece para apoyar el proceso de gobierno abierto.

Es un mecanismo de gobernanza encargado de plantear prioridades e iniciativas que deben ser implementadas en el país a través de políticas públicas y de dar seguimiento a los compromisos asumidos en los planes de acción.

¿Cuáles son los compromisos asumidos por el Estado peruano?

Actualmente, se está implementando el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú 2020-2021, plan que tiene un enfoque participativo y descentralizado para el establecimiento de sus 21 compromisos en nueve temas priorizados (ambiente e industrias extractivas, educación, infraestructura y contrataciones, justicia, programas sociales, salud, seguridad ciudadana y calidad regulatoria), para así lograr un Estado transparente, accesible y comprometido con la lucha anticorrupción.

Estos son los 13 compromisos

Descarga el Plan de Acción de Gobierno Abierto aquí

Estos son los 13 compromisos

Descarga el Plan de Acción de Gobierno Abierto aquí

A continuación, los 13 compromisos:

Descarga el Plan de Acción de Gobierno Abierto aquí

¿Por qué es importante hacer seguimiento a este proceso?

El Acuerdo de Escazú y el Gobierno Abierto

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional sobre derechos humanos y ambientales para América Latina y el Caribe. Este instrumento establece estándares para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río. Además, es el primer instrumento en el mundo que reconoce la necesidad de garantizar un entorno seguro y propicio a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Este acuerdo regional entró en vigor el 22 de abril de 2021 para los 12 países que lo suscribieron. Estos países empezaron el largo y fundamental camino de implementación del Acuerdo de Escazú para obtener un orden común en cuanto a democracia ambiental y mejorar estándares y garantías para el ejercicio pleno de los derechos de acceso. Si bien la entrada en vigor del acuerdo es un hito en la región Latinoamérica, hoy el Perú aún no es parte de él. Por ello, el Gobierno peruano aún tiene pendiente cumplir con el compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú establece estándares esenciales para garantizar y hacer efectivos los derechos de acceso y asegurar que éstos no sean relajados o minimizados frente a intereses particulares o decisiones no sustentadas. El Acuerdo contribuye a elevar los niveles de transparencia activa y rendición de cuentas, prevención de conflictos sociales así como a la legitimar decisiones; y a fortalecer la institucionalidad de la justicia ambiental a través de la especialización de los operadores de justicia. Respecto del derecho de acceso a la información ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuye a:

  • La generación y divulgación de información ambiental de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, así como su actualización periódica.
  • La accesibilidad de la información ambiental que comprende solicitar y recibir información, ser informado sobre su estado y ser informado sobre el derecho a impugnar la decisión.
  • La entrega de información ambiental se realiza en un plazo oportuno, en formatos requeridos y de forma gratuita.
  • Contar con mecanismos de revisión independientes que promuevan la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información.

Respecto del derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales, el Acuerdo de Escazú contribuye a :

  • Garantizar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como también, sobre el ordenamiento territorial, la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos.
  • Establecer de manera oportuna mecanismos de participación, en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones, comentarios y aportes ciudadanos sean debidamente consideradas.
  • Garantizar que la participación pública inicie desde la disposición de la información necesaria, clara, oportuna y comprensible para así hacer efectivo el derecho de participación.
  • Establecer que los mecanismos de participación pública consideren las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género, así como también, la identificación de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad y el público directamente afectado para así garantizar su participación.

Respecto del derecho a la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuye a:

  • La especialización ambiental de la institucionalidad y el sistema de justicia ambiental a fin de garantizar una atención óptima frente a la vulneración de derechos humanos ambientales.
  • La especialización de los operadores ambientales en temas ambientales a fin de asegurar un pronunciamiento sustentado, coherente y cohesionado con las consideraciones técnicas particulares de la gestión ambiental.
  • Incluir y adaptar garantías judiciales que protejan y defiendan los derechos humanos ambientales en tanto su tratamiento es constitucional.
  • Desarrollar mecanismos de ejecución de decisiones judiciales de manera que se garantice la implementación de sentencias.

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Créditos

Producción: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Fotos: SPDA

Dirección Programa de Política y Gobernanza Ambiental: Carol Mora

Producción general:  Pámela Ramírez, Francesca Baxerías y Lucía Palao

Edición de textos: Fátima Contreras

Dirección Unidad de Comunicaciones: Jimmy Carrillo

Textos:  Pámela Ramírezy  Francesca Baxerías

Programación y diseño gráfico web: Moderam S.A.C.

Dirección Ejecutiva: Isabel Calle

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