• Especialistas de cuatro países analizaron los impactos de la minería ilegal en América Latina a través de las experiencias e información de esta problemática en sus territorios.

 

La minería ilegal se ha extendido con gran rapidez en la cuenca amazónica en los últimos años. Junto a esta actividad avanzan también la criminalidad, violencia y muerte, pero poco se habla sobre esta problemática. Por ello, especialistas y representantes de la sociedad civil de cuatro países expusieron sobre sus impactos y los retos que hay para enfrentarla.

A través del conversatorio “Minería ilegal, corrupción y graves violaciones de derechos en América Latina”, organizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPFL), los panelistas compartieron experiencias y resaltaron diversas similitudes respecto al modo en que operan mineros ilegales, sobre cómo responden los Gobiernos y cómo son afectadas las poblaciones.

La falta de voluntad política, los bajos estándares de fiscalización ambiental, la corrupción, la ausencia del Estado en los territorios amazónicos y fronterizos, son algunas de las características en común que comparten Perú, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en cuanto a la minería ilegal, según resaltaron los especialistas.

“Así como la Amazonía no tiene fronteras, porque más allá de las fronteras legales entre los países el bosque no tiene fronteras, el ecosistema criminal que se ha creado en torno a la minería en Venezuela y los países aledaños, tampoco reconoce esas fronteras”, enfatizó Cristina Burelli, especialista de SOS Orinoco, de Venezuela.

Los panelistas coincidieron también en la violencia con la que opera esta actividad, que no solo supone una amenaza a los bosques amazónicos, sino sobre todo es una amenaza a la vida de las personas que los habitan, especialmente los pueblos indígenas. Además, resaltaron que en estos territorios las personas defensoras del ambiente son criminalizadas, perseguidas y asesinadas.

“La minería ilegal está trayendo muerte, deforestación, contaminación y una serie de crímenes y delitos asociados, que van desde la trata de personas, prostitución, drogadicción, sicariato y esto pone en riesgo cada vez más a nuestros defensores ambientales, a los pueblos indígenas y todo el patrimonio natural que tenemos”, destacó Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Países que comparten cultura, biodiversidad y minería

Una parte del conversatorio giró en torno a la afectación a los derechos humanos, sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad frente a esta problemática.

En la última década, líderes y lideresas de dichos pueblos que resisten a la destrucción de sus territorios y recursos naturales han sido víctimas de persecución y asesinatos. Por ello, el líder indígena de Eca Amarakaeri, Walter Quertehuari, recordó que una forma de evitar este panorama es garantizando la seguridad jurídica de los territorios indígenas.

“En el caso de las comunidades nativas hay que hablar también de la seguridad jurídica de los territorios. No hay voluntad política de titular comunidades para asegurar su territorio. Sufrimos superposición de derechos territoriales y es el mismo Estado el que nos genera conflictos socioambientales al otorgar concesiones mineras dentro de territorios indígenas titulados. Ese es un grave problema en territorios indígenas que se debe ver con mucho cuidado”, comentó el líder indígena.

Minería y mercurio

Otro de los puntos de convergencia entre los especialistas fue la necesidad de que los Gobiernos asuman la regulación, transparencia y control social sobre el comercio del mercurio, un insumo esencial para la minería ilegal y también uno de los principales contaminantes de bosques, fuentes de agua y personas.

La falta de control al respecto permite que algunos países importen enormes cantidades de mercurio y lo contrabandeen a otros países, aseguraron en el conversatorio.

Se estima que la tercera parte del mercurio importado por Bolivia, el país que se ha convertido en el mayor importador de este elemento en el mundo, ingresa a Perú a través del departamento de Madre de Dios de forma ilegal. Esto es posible en parte debido a la falta de normativa para controlar el ingreso y uso de este elemento en el vecino país.

“Hay normativa ambiental que obliga a los mineros a que usen recuperadores de mercurio, para que tramiten una licencia para usar estas sustancias peligrosas, pero hasta el momento eso no se aplica casi en ningún ámbito”, explicó Óscar Campanini, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

El arco de la muerte: el caso de Venezuela

La minería ilegal cubre cada vez más extensas áreas. En el caso de Venezuela incluso se estableció una zona geográfica en la que el mismo Gobierno facilita el desarrollo de esta actividad, se trata del arco minero de Orinoco.

“Este fue aprobado por un decreto ilegal, porque no fue aprobado por la asamblea nacional del 2015, sin estudios previos ni aprobación de los pueblos indígenas que habitan esa región. Se decretó que 12 % del territorio nacional, 112 mil kilómetros cuadros, del tamaño de países como Portugal, estaría abierto a la minería”, resalta la especialista de SOS Orinoco.

Pero el problema no acaba en las fronteras de este arco, según Cristina Burelli, sino el tema de fondo es la política minera que maneja actualmente el Gobierno en su país, por lo que la minería ahora invade también el sur de Venezuela, la Amazonía, y llega incluso a áreas naturales protegidas y territorios indígenas.

“Con el arco minero el régimen ha informalizado el sector minero”, sentencia y agrega que “las minas están en manos de actores y grupos crimínales, grupos armados organizados”.

Mira el conversatorio completo aquí: