Doe Run no cumplió con entregar toda la información sobre sus emisiones de metales pesados. Foto: Audrey Cordova

Un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Yale determinó que el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLH) excedió los límites máximos de metales pesados en el aire. Estos altos registros se dieron incluso cuando el complejo no estaba operando, entre diciembre de 2009 y julio de 2012.

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“Cuando el complejo estaba supuestamente no operando, hubo algunos registros en los que se superó el límite máximo permisible (LMP)”, aseguró Hassan Sipra, alumno investigador de la Clínica de Protección Ambiental de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

Sin embargo, indica Sipra, la empresa administradora del complejo metalúrgico, Doe Run, no cumplió con entregar información de las emisiones por chimenea. Por esa razón, los investigadores no pudieron hacer relaciones certeras entre las calidad del aire y la salud de las personas durante el periodo en el que el complejo no operaba.

Plomo, cadmio y dióxido de carbono superaron límites máximos

Esta investigación preliminar de la Universidad de Yale determinó que los niveles del plomo en el aire fueron de hasta tres veces más los límites máximos. Asimismo, se supo que el estándar de dióxido de azufre (SO2) se excedió hasta 4500 veces. Con respecto al cadmio, este metal pesado se excedió en 45% de los registros y el más alto fue el triple del límite máximo permisible (LMP). La investigación utilizó información provista por Doe Run y el centro médico de La Oroya entre diciembre de 2009 y febrero de 2014.

Límite máximo de dióxido de azufre (SO2) en el aire se exedió hasta en cincuenta veces. Este metal pesado puede causar cáncer de pulmón. Foto: Audrey Cordova

Actualmente, el límite máximo de dióxido de azufre es de 365 microgramos por metro cúbico (mcg/g3). Durante el periodo analizado hubo registro de hasta 18 253 mcg/g3, unas cincuenta veces más. Este metal pesado causa problemas respiratorios desde bronquitis y neumonía hasta asma y cáncer de pulmón. Los niños son los más vulnerables.

Nicole Wooten, investigadora de la Escuela de Estudios Ambientales y Forestales de Yale, indicó que los efectos del plomo “van desde la malnutrición, pérdida de peso, desórdenes severos del desarrollo y muerte, particularmente en niños”. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no hay ningún nivel de plomo en la sangre que sea seguro para el cuerpo humano.

Con respecto al cadmio, añadió Wooten, este metal causa daños a los riñones, huesos y pulmones. El límite máximo de este elemento es de 0.04 microgramos por metro cúbico (mcg/m3). En La Oroya se pudo registrar hasta 0.113 mcg/m3, casi el triple.

Análisis de todos los metales

Una de las principales recomendaciones de la investigación es mejorar los protocolos y guías de metales pesados para la salud de los pacientes. Para los expertos de Yale, los procedimientos deben extenderse también al tratamiento de cadmio y dióxido de azufre, no solo al plomo.

Investigadores de la Universidad de Yale recomendaron incluir análisis y tratamiento ante exposición al cadmio y dióxido de azufre, no solo por plomo. Foto: Audrey Cordova

También sugirieron la necesidad de especificar los procesos de diagnóstico y seguimiento para los paciente de La Oroya,. “Específicamente para plomo, se debería realizar exámenes en los huesos, porque este material se puede quedar en el cuerpo humano por 10 años, frente a la sangre, que se queda solo 30 días”, recomendó Hassan Sipra.

Aún no se implementan medidas cautelares

Como se recuerda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2007 medidas cautelares a favor de las personas que sufren una serie de afectaciones a su salud consecuencia de contaminación de la fundidora. Sin embargo, asegura la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), estas medidas no se implementaron adecuadamente.

El Estado ha negado las denuncias de violaciones de derechos humanos, insistiendo en que sí adoptaron las medidas suficientes. Actualmente la CIDH viene analizando el caso y se espera que al término de este año el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), «el Estado no puede bajar los estándares (ambientales) para permitir que se siga trabajando a pesar de que esto va a tener un impacto en la salud de la gente.» Argumentó que el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para no afectar la salud de la población.

Según María José Veramendi, abogada de AIDA, el Complejo Metalúrgico de La Oroya se excedió en muchas instancias, aún con la normativa ambiental vigente. “El Complejo siguió operando de la misma forma generando impactos a la salud de las personas”, indicó.