En declaraciones a Actualidad Ambiental, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló que la exministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no debe ser considerada sólo testigo (como hasta ahora) sino que debe ser procesada e investigada por este suceso que en el 2009 tuvo como saldo 33 muertos, entre indígenas y miembros de la Policía Nacional.

“Estamos procesando a miembros de la Policía Nacional y esperemos que también podamos incorporar a la señora Mercedes Cabanillas, que en estos momentos sólo está considerada como testigo, pueda ser también procesada e investigada por la Fiscalía de la Nación”, indicó el abogado del IDL durante una la vigilia organizada por el Colectivo Bagua el martes pasado.

Quispe informó que “está pendiente que la sala de Uctubamba resuelva el pedido” para procesar a Cabanillas. Sin embargo, indicó que “hay una cosa extraña. Nos han cambiado de jueces la semana pasada y esperemos que no sea una movida más del Poder Judicial para que la señora Cabanillas salga bien librada de esto”.

4 AÑOS SIN RESPONSABLES

El martes 4 de junio, el Colectivo Bagua realizó -frente a Palacio de Justicia- una vigilia para recordar a las víctimas del “Baguazo” y pedir a las autoridades que se sancione a los responsables de este suceso que enlutó al país en el 2009.

El Colectivo, según Juan José Quispe, está conformado por un grupo de organizaciones defensores de derechos humanos y su fin es “decirle no a la impunidad, sí a la justicia, sí a la verdad, sí a la reparación para las víctimas civiles”.

“Nosotros buscamos un proceso justo para los indígenas y reparación para los cientos de heridos y un grupo de muertos de la localidad de Bagua Grande, que no tenía nada que ver en el conflicto. La única manera de que puedan tener reparación es a través de un proceso penal que hasta ahora no se inicia”, señaló el abogado.

Por su parte, Santiago García, Obispo de San Francisco Javier (Amazonas) cuestionó que hasta el momento sólo estén siendo juzgados algunos miembros de comunidades indígenas. “No puede ser que los únicos culpables estén entre los indígenas y que las autoridades del gobierno y de la Policía de entonces hayan quedado limpios de polvos y paja, o a lo más con una sanción administrativa”, enfatizó.

Finalmente, Carmen Gómez del Vicariato de Jaén dijo: “Cómo es posible que en cuatro años, en que se han hecho investigaciones, no se ha encontrado ninguna prueba que demuestre culpabilidad de nuestros hermanos que están procesados. Resulta que ahora el fiscal, para 53 procesados por la Curva del Diablo, pide cadena perpetua para algunos y pide muchos años más para otros, siendo inocentes”.

ESTADO DE LOS PROCESOS

Según el abogado del IDL:
• En el primer proceso de la Curva del Diablo hay acusaciones del Fiscal Superior. 53 nativos indígenas y mestizos están acusados, y la pena van de 35 años a cadena perpetua para 10. Algunos son líderes de sus comunidades.
• El segundo proceso es el referido a la Estación 6, donde murieron policías. No hay acusación hasta la fecha. Ya van 6 meses sin que se emita un dictamen. O acusan o archivan.
• El tercer proceso es la desaparición del mayor Felipe Bazán Caballero. En este caso se ha terminado la etapa de investigación judicial, todavía lo tiene el Juzgado.
• El cuarto caso es del proceso a oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, trece en total. Se ha logrado incluir al general PNP José Sánchez Farfán, el entonces director general de la Policía.