Dolores de cabeza, ardor en los ojos, picazón en la piel y hasta sangrado en la nariz, son los malestares que sufren –desde hace tres años– un grupo de pobladores del distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, debido a los trabajos de una fundidora ubicada en plena zona urbana.

Pese a las innumerables quejas ante las autoridades de la zona, los pobladores señalan que la empresa sigue en funcionamiento continuo, emanando plomo y otros metales que se esparcen en el aire, tiñendo los techos, matando las pocas plantas y afectando la salud de los vecinos, sobre todo de niños y ancianos.

Raul Povis Calquisto, dueño de la fundidora.

La fundidora pertenece a Raul Povis Calquisto, quien en reiteradas ocasiones recibió personalmente la queja de los vecinos, pero hasta hoy sigue trabajando como si nada. Cuando Actualidad Ambiental quiso comunicarse con él, no dio pistas de su paradero y en la empresa nadie da la cara.

La fundidora (ubicada en la MZ CS Lote 03 de la comunidad campesina del valle de Jicamarca anexo 22, distrito de San Antonio) no tiene un horario para funcionar. Todo depende de la chatarra que llega al lugar. A veces quema metales cuando cerca de 200 niños de dos centros educativos de educación inicial, a pocos metros de distancia, estudian o están en pleno refrigerio.

Los vecinos aseguran que muchos niños sufren a diario los estragos de la contaminación por plomo, incluso afirman que algunos adultos registran un nivel elevado de plomo en la sangre. El nivel de contaminación es tan alto que incluso una agente policial, luego de una inspección en el lugar, señaló que sintió picazón en la garganta, mareos y ardor en los ojos.

En los techos se puede observar los residuos de metal emanados por la fundidora.

VECINOS YA DEMANDARON

El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, señaló que ante la falta de atención de la propia Municipalidad de San Antonio, los vecinos se han agrupado y han interpuesto una demanda penal contra Povis Calquisto ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima y están a la espera de las investigaciones.

Por otro lado, cuestionó al mencionado municipio por haber otorgado una licencia a la fundidora porque para que funcione una empresa de estas características no basta con la obtención de dicho documento.

“Aparte de una autorización por parte de la Municipalidad, esta fundidora debería contar con un Instrumento de Gestión Ambiental. A todas luces es visible que ya viene generando problemas de contaminación. Hay población vulnerable como niños y gente adulta, quienes necesitan que se garantice un lugar sano y equilibrado”, resaltó el abogado.

“Llamamos a las autoridades como la Fiscalía de la Nación, o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para que supervisen el cumplimiento de las obligaciones municipales del distrito de San Antonio con el fin de evitar situaciones de afectación y así garantizar el derecho a la vida que tienen estas personas”, apuntó.

Vecinos llevan tres años sin atención de las autoridades.