[Video] Defensores ambientales expusieron sobre las amenazas que enfrentan

jueves 24 de septiembre, 2020

Foto: Jaime Tranca / SPDA

Hoy se realizó la mesa técnica «Situación de los defensores ambientales en el Perú», que reunió a cinco defensores ambientales del país, representantes del sector público y sociedad civil.
En la reunión virtual se reiteró la necesidad de articular acciones de protección hacia los defensores ambientales, y se pidió ratificar el Acuerdo de Escazú.

El reciente ataque a un defensor ambiental en Madre de Dios ha motivado reflexiones de diversos sectores sobre la situación actual de estos peruanos que luchan para proteger la biodiversidad y hacer respetar sus derechos. En ese contexto, se realizó la mesa técnica «Situación de los defensores ambientales en el Perú», iniciativa que reunió a cinco defensores ambientales del país, así como a representantes públicos y de la sociedad civil, con el fin de conocer propuestas que permitan mejorar la situación actual de estos peruanos.

En representación del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB), el defensor ambiental Víctor Zambrano resaltó que desde el 2009 la tala y la minería ilegales amenazan la integridad de los líderes de dicha organización, solo por defender su territorio y el área protegida. Asimismo, enfatizó que estas acciones fueron denunciadas en su momento ante las instancias regionales y que hasta la fecha no se ha hecho nada.

«La Defensoría del Pueblo es la única en la que tenemos confianza y fe para mover a todo el sistema. Hemos luchado para que exista una estrategia integral para frenar actividades ilegales. De no existir esas actividades, no habrían amenazas. (…) Hemos tenido que exponer esta situación ante instancias internacionales. En enero de este año conversamos con el ex relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas y expusimos la problemática. El asesinato del héroe Roberto Carlos Pacheco nos demuestra que falta mucho por hacer para lograr medidas preventivas y de protección que realmente nos sirva», indicó Zambrano.

El defensor ambiental Roberto Pacheco fue asesinado el pasado 11 de setiembre.

El defensor ambiental detalló además que, desde el 2012, el vicepresidente del Comité de Gestión de la RNTAMB, Demetrio Pacheco, tiene carpetas fiscales que hasta la fecha se encuentran detenidas. «Las amenazas contra los Pacheco han sido constantes. Roberto fue amenazado y en abril de este año los amenazaron nuevamente. (…) La situación estaba anticipada, es un momento clave para marcar la diferencia. Debemos encontrar justicia para la familia de Demetrio, para ello se necesita una estrategia integral», finalizó Zambrano.

Así como él expusieron Ascencio Vásquez, presidente de la Red de Lomas del Perú; Julieta De la Torre, defensora de las lomas de Atiquipa; Javier Ruiz Gutiérrez, vocero el Frente de Defensa «Salvemos Chaprrí»; y Saúl Luciano Luya, defensor de glaciares andinos afectados por el cambio climático.

Por su lado, representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Ambiental, Ministerio del Ambiente, así como organizaciones civiles como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Proética resaltaron los diferentes mecanismos que actualmente están diseñados para proteger a los defensores ambientales, pero que estos no son suficientes y requieren ser articulados.

«Necesitamos exigir un compromiso del más alto nivel. Actualmente el protocolo es una norma sectorial, los otros ministerios no se sienten comprometidos y eso solo se puede lograr de la decisión política y la normatividad, porque no se puede seguir permitiendo la pérdida de más vidas. (…) Consideramos necesario se apruebe el Acuerdo de Escazú, necesitamos una mejor articulación, porque los protocolos no bastan si no se activan«, indicó Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, la directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Silvana Baldovino, resaltó que el problema ligado a los defensores ambientales no solo tiene que ver con la protección de estas personas, sino también abarca otros temas estructurales como es el tráfico de tierras. «Tenemos que combatir temas estructurales. El caso de Chaparrí es un caso de tráfico de tierras; el caso de Demetrio y Roberto Pacheco, los invasores han estado en la concesión, es también un tema de tierras», indicó.