En agosto pasado, el Ministerio Público informó que en Madre de Dios existían más de 2500 casos sobre delitos ambientales, los cuales eran atendidos solo por 3 fiscales ambientales. Esta carga hacía que del total solo 300 pasaban a ser procesados y los sentenciados no llegaban ni a 10.

Una carga similar es la que actualmente lleva la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam) que, desde su creación en el 2010, lleva 12 mil procesos, los cuales son atendidos apenas por 7 abogados.

«El problema que tiene el Ministerio Público tampoco es ajeno a nosotros. El incremento exponencial de los procesos por delitos ambientales ha desbordado la capacidad y la planificación que se ha tenido», sostuvo Julio Guzmán, procurador público del Minam, en entrevista con Actualidad Ambiental.

Para Guzmán, esta carga ocasiona un atraso en las investigaciones, lo cual permite muchas veces la impunidad. Por esta razón, asegura, tampoco pueden estar presentes en todos los casos que se presentan a diario, por lo que ya han solicitado el incremento de personal en su despacho y la creación de oficinas descentralizadas para cubrir esta demanda.

Por otro lado, destacó que antes del 2010 «era casi imposible encontrar sentencias condenatorias por delitos ambientales, hoy en día podemos hablar de 1000 a 1200 personas que ya han sido sentenciadas por delitos ambientales, lo que podría corresponder a cerca de 500 procesos concluidos».

MADRE DE DIOS TIENE MÁS PROCESOS

El procurador informó que Madre de Dios es la región que tiene el mayor índice de procesos por delitos ambientales. «En Madre de Dios confluyen una serie de delitos ambientales que van desde los delitos de contaminación hasta los delitos contra los recursos naturales, como el delito forestal y el delito de responsabilidad funcional», destacó.

Otros departamentos que tienen un alto índice de denuncias son San Martín y Amazonas, donde los delitos contra los recursos forestales son los más altos. En estos lugares, el Ministerio Público ha visto conveniente la creación de más fiscalías ambientales para atender estos casos.

«Los delitos más comunes son contra los recursos forestales, los cuales están superando la cifra de 5500 procesos a nivel nacional, lo que podría ser casi la mitad de la carga de la Procuraduría», subrayó.

¿MEJOR ATENCIÓN? 

Según explicó Julio Guzmán, para la mejor atención a estos 12 mil procesos, lo ideal es que un abogado maneje entre 400 y 600 procesos. «Entonces, si tenemos 12 mil, tendríamos que hablar de unos 20 abogados, una cifra que por el momento no tenemos», señaló.

«En general, si tuviéramos mayor personal, no solo en la Procuraduría, sino también si hubiera un mayor número de fiscalías ambientales, obviamente la capacidad de investigación sería mucho más rápido», enfatizó.