• Expertos abordaron los grandes retos que existen en nuestro país para implementar o mejorar las herramientas de acceso a la justicia ambiental.

 

En el último día del evento El Perú que necesitamos: Propuestas para una agenda de desarrollo sostenible, organizado por los 35 años de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se realizó el webinar Justicia ambiental y derechos humanos con la participación de diversos expertos en estos campos.

La cita virtual inició con la participación de Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, quien comentó algunos retos que existen en el Perú a fin de lograr un mejor sistema de justicia en el campo ambiental y derechos humanos.

Dentro de estos retos figuran el cumplimiento de compromisos internacionales: derechos humanos, climáticos, la protección de personas vulnerables: defensores ambientales, la lucha frontal contra actividades ilícitas, la consolidación de los derechos de acceso con respeto a los derechos de los proyectos de inversión y, por último, el fortalecimiento el componente ambiental en la toma de decisiones para al desarrollo de inversiones sostenibles.

Ante esta realidad, el representante de la SPDA señaló que necesitamos instituciones fortalecidas en todos sus niveles y ámbitos para asegurar el cumplimiento de la ley, una regulación alineada a nuestros objetivos de desarrollo sostenible, además de contar con procesos eficientes y transparentes para la toma de decisiones, y una ciudadanía activa.

“Debemos fortalecer el derecho a la justicia de pueblos indígenas. Que la justicia llegue a ellos y se resuelvan los conflictos”, comentó Araujo. No obstante, el especialista destacó ciertos avances.

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Entre estos figura el fortalecimiento de la justicia administrativa institucional con una especialización sectorial a nivel de supervisión y fiscalización ambiental, y gracias al uso de vías constitucionales y penales para el acceso a justicia ambiental, respectivamente.

Las propuestas presentadas por la SPDA

En los últimos años, de acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales han acaparado la mayoría de conflictos existentes en el país. Además, en el 2020, el Ministerio Público señaló que se registró a nivel nacional un total de 7125 delitos contra el ambiente y los recursos naturales, cifra que significó un incremento del 56.52% respecto del 2019, en el cual se registraron solamente 4552 delitos de ese tipo.

A fin de fortalecer las herramientas de democracia ambiental que permitan el ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales, la SPDA propone la institucionalización de la especialización ambiental en el Poder Judicial y el Ministerio Público en todos sus niveles.

Para comentar este tema, estuvieron presentes Danilo Espinoza, procurador del Ministerio del Ambiente, y Maruja Hermosa Castro, integrante de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.

Desde su experiencia, Espinoza consideró que “es importante la especialización constante en materia de derecho ambiental”, pues en muchos casos se ha topado con magistrados que desconocen cierta normativa que podría optimizar los procesos en cuanto a plazos y resoluciones.

Hermosa Castro, por su parte, aclaró que “la especialidad penal no es la única vía para solucionar procesos en material ambiental”, pues “hay otros mecanismos para velar por la vigencia de los bosques, por poner un ejemplo, y es importante que se conozcan”.

La representante del Poder Judicial también relató que existe un gran reto desde la comisión de la que forma parte, sobre todo, cuando se presentan casos de corrupción. Sin embargo, destacó la labor realizada y aseguró que existe un “compromiso muy serio de trabajar con entidades y asociaciones a fin de lograr una mejor justicia ambiental y que se respeten derechos humanos de los protectores de nuestros bosques”.

Entre otras propuestas de la SPDA también destacan lograr procedimientos y procesos más ágiles, la ejecución de las decisiones ambientales, los incentivos para fortalecer la prevención y, sin duda, la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Para comentar este último punto estuvieron presentes Francisco Rivasplata, especialista del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, y Fátima Contreras, especialista del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

En el caso de Rivasplata, el experto desbarató una serie de mitos que también fueran abordados en un artículo de opinión de la SPDA, a raíz de la negativa del anterior Congreso de ratificar este importante acuerdo.

“Es importante que la ciudadanía entienda que el Acuerdo de Escazú es una herramienta para la defensa de sus derechos, sobre todo en territorio Amazónico”, comentó Rivasplata, quien agregó que con la ratificación de este se lograría consolidar la  justicia ambiental en el país.

En la misma línea, Contreras destacó la importancia de este acuerdo a fin de fortalecer las herramientas de democracia ambiental que permitan el ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales y mejoren los procesos de toma de decisiones en materia ambiental.

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“El acuerdo de Escazú tiene como centro a la persona, siempre a favor de los derechos humanos. Este busca la necesidad de contar con mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos”, comentó la especialista de la SPDA.

Respecto a la coyuntura por el anunciado acompañamiento del Estado para el programado cierre de cuatro minas en Ayacucho, Contreras manifestó que “existen mecanismos de control para asegurar que la calidad de los niveles de agua no represente un riesgo para la salud de las personas y seres vivos”, por lo que es necesario respetar el marco normativo, y garantizar el acceso a la justicia de ambas partes.