El pasado 23 de marzo, en Washington, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizaron las acciones de incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por este organismo a 65 pobladores de La Oroya. En la cita estuvieron presentes representantes del Estado (Minsa, Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, entre otras) y de los beneficiarios de La Oroya.

Durante el encuentro, el Estado afirmó que la medida cautelar a favor de los oroyinos ha sido “satisfecha”, por lo que consideraron levantar esta medida. Se comunicó que, en esa ciudad, ha iniciado un grupo de obras para cubrir suelos expuestos y mejorar hábitos de higiene; el Minsa ha coordinado citas médicas y se ha expandido la capacidad hospitalaria y, por se ha aumentado el nivel de multas contra las malas prácticas mineras.

Por su parte, los representantes de pobladores de La Oroya solicitaron a la CIDH elevar la solicitud de imponer medidas cautelares al Estado Peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Para Astrid Puentes, co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta solicitud es viable pues “después de dos años y siete meses de la solicitud de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana, éstas no han sido cumplidas” por parte del Estado peruano.