• El conversatorio virtual “Democracia ambiental ahora”, organizado por la SPDA, reunió a especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Michel Forst, ex Relator Especial de las Naciones Unidas.
• Los participantes detallaron la importancia del Acuerdo de Escazú y el peligro constante que enfrentan los defensores ambientales de la región. El evento contó con la traducción en lenguaje de señas. 

 

Con el objetivo de resaltar la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para nuestro país y conocer el actual estado de los defensores ambientales, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) realizó un conversatorio virtual que tuvo entre sus ponentes a tomadores de decisión como la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz y el congresista Alberto de Belaúnde, y a especialistas internacionales como Michel Forst, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL.

Los temas tratados en el conversatorio “Democracia ambiental ahora”, que estuvo moderado por Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, fueron la democracia ambiental y su definición respecto a las necesidades de la ciudadanía; el rol que tienen las defensoras y los defensores ambientales de derechos humanos; y, finalmente, el Acuerdo de Escazú y su relevancia en el plano internacional, regional y nacional, y qué impactos positivos podrían reconocerse en nuestro país después de su ratificación e implementación.

Como se recuerda, en setiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York (EE.UU.), doce países, entre ellos el Perú, firmaron el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que reconoce a los defensores y las defensoras de derechos humanos ambientales y mecanismos de protección. A casi dos años de ese suceso histórico se han ido sumando esfuerzos hasta lograr 22 firmas y 9 ratificaciones. Sin embargo, nuestro país sigue en la carrera por su ratificación.

Para que este acuerdo entre en vigencia necesita la ratificación, como mínimo, de once Estados. En el Perú, esta tarea le corresponde al Congreso de la República. Desde el año pasado, el Legislativo ya tiene entre sus manos la posibilidad de debatir y ratificar el Acuerdo de Escazú, pero hasta ahora no lo hace.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, fue la representante peruana que firmó el tratado en setiembre del 2018. “No siempre es sencillo llegar a acuerdos. Son muchos actores y muchos intereses a los que nos enfrentamos. Es nuestra obligación proteger y visibilizar a los defensores ambientales. Por eso es crítico para nosotros ratificar el Acuerdo de Escazú”, indicó Muñoz, quien en su anterior gestión lideró la suscripción del acuerdo.

A inicios del año, Michel Forst, entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, visitó nuestro país con la finalidad de recoger los testimonios de diversos defensores ambientales. Estos resultados serán difundidos el próximo año, en un informe que será entregado al gobierno peruano.

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“Me he comunicado con el presidente del Perú para que se puedan comprometer y apliquen mecanismos de protección a los defensores. Hablamos de un plan internacional que asegurará una implementación efectiva de este protocolo”, indicó Michel Forst durante el conversatorio.

Asimismo, resaltó el liderazgo del Perú en la búsqueda de la ratificación de este acuerdo, así como su importancia para enfrentar la contaminación sistemática y otros impactos negativos. “Es el primer convenio que hace que los Gobiernos garanticen la protección de defensores en regiones muy peligrosas”, agregó.

Por su lado, el congresista Alberto de Belaunde mencionó la declaración “Principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria” para resaltar el vínculo que existe entre las medidas sociales y políticas adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y el Acuerdo de Escazú. “Algunos dicen que en estos momentos existen temas más importantes, lo que nosotros tenemos que asegurar es que cuando hablamos de la agenda ambiental, agenda de derechos humanos, estamos hablando de la emergencia internacional que vivimos por el COVID-19. La situación global que vivimos demuestra la urgencia de la aprobación del Acuerdo de Escazú y del fortalecimiento institucional ambiental en nuestro país”, detalló el legislador.

En su intervención, el economista Carlos de Miguel felicitó el proceso de elaboración del Acuerdo de Escazú y consideró que es un ejemplo de trabajo conjunto entre la sociedad civil y gobierno. Asimismo, resaltó el papel del Perú en estos años de negociación. “La visión de Lima en la fase previa fue uno de los elementos que ha dado la base para la visión del Acuerdo. Perú ha sido parte de la mesa directiva durante todo el periodo de negociación. El Perú fue el que preparó el art. 9 del acuerdo y es el primero que tradujo el acuerdo en una lengua indígena”, detalló.

El rol de los defensores ambientales

El Acuerdo de Escazú es en el primer tratado que reconoce a los defensores y las defensoras de derechos humanos ambientales y la necesidad de establecer mecanismos de protección. Por tanto, este tratado es una oportunidad para alinear políticas y marco normativo con estándares internacionales vigentes. ¿Cuál es la relevancia del rol de los defensores ambientales en un contexto como el peruano? ¿Cuál es la situación actual y qué medidas de corto y mediano plazo se deben tomar para la protección de este grupo?

“A partir de la pandemia hemos aprendido o nos hemos reeducado. De la misma forma tenemos que aprender a repensar sobre la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y entender por qué los derechos humanos están estrechamente ligados. Un defensor ambiental es un defensor de los derechos humanos y, por ende, todas las actividades deben estar enmarcadas en el desarrollo sostenible que queremos para todo el país”, detalló la ministra Muñoz.

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Por su parte, el legislador del Partido Morado resaltó el caso del líder de la Comunidad Nativa Alto Tamaya-Saweto, Edwin Chota, asesinado por su lucha frente a taladores ilegales. “Este caso nos recuerda el rol de las comunidades indígenas en la agenda ambiental y climática. Son actores centrales. Lamentablemente, la pandemia nos ha mostrado que quienes ya se encontraban en vulnerabilidad son los más impactados. El reto no solo es su ratificación, sino lograr cambios estructurales de los grupos en situación de vulnerabilidad”, detalló Belaúnde.

En esta línea, Carlos de Miguel coincidió en que la pandemia ha dejado claro que las cifras económicas positivas de la región venían ocultando niveles de vulnerabilidad que no estaban siendo reconocidas. “Ahora con las medidas de distanciamiento es difícil llegar a todos los lugares, pero los defensores son los que están ahí llamando la atención de actividades ilegales como es la minería, la tala, etc. Ellos están contribuyendo al Estado, por lo tanto, son aliados. La ratificación en los países permitirá hacer cambios o desarrollos normativos reales. Considerar las características específicas de algunos no deja de lado al resto de la población sino más bien les da la posibilidad a todos de poder actuar en defensa del medio ambiente. Nos toca innovar y no solo copiar para tener resultados reales”, finalizó Carlos de Miguel.

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