• Conversamos con Victor Zambrano, defensor ambiental y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata

Por: Ximena Mejia/ xmejia@spda.org.pe

Para acabar con la minería ilegal en La Pampa, área rural en el interior de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios; el Ejecutivo inició la operación «Mercurio 2019». 

Las actividades fueron articuladas entre la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Además, para ejecutar el plan contra la minería ilegal se declararon en emergencia los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Sin embargo, el inicio de la pandemia por COVID-19 influyó en el retroceso de lo avanzado. 

¿Qué se logró en estos años? ¿Cuál es la situación actual de la minería ilegal en Madre de Dios? Conversamos con Victor Zambrano, defensor ambiental y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata para tener más detalles.

¿Cuáles fueron los resultados de la operación Mercurio?

Todo lo que se avanzó en el periodo desde el inicio de la Declaratoria de Emergencia de 2019 y finales del mismo año, fue una acción bastante decidida y que tuvo muy buenos resultados. Se logró desalojar el 80% de todos los mineros ilegales que habían ingresado a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Tambopata. Estamos hablando de 40 mil mineros, entre mineros directos y servicios conexos a estas actividades ilegales. 

En concreto se tenían que realizar dos acciones; el desalojo de los mineros ilegales a través de la operación “Mercurio” y, remediar los pasivos ambientales dejados por la minería ilegal en un promedio de 25 mil hectáreas. Este último proceso se llamó “Restauración”, pero no se restauró ni un árbol.  Lamentablemente, luego que inició la pandemia por COVID-19 las acciones de vigilancia no continuaron. 

¿El Estado continúa sin brindar protección a los defensores ambientales?

Gracias a la presión mediática internacional de la ONU, el caso del asesinato del héroe nativo Edwin Chota ya salió. Es el único caso de investigación por crímenes contra los defensores ambientales que tiene una sentencia. Ahora el Estado está preocupado por el caso de Roberto Pacheco Villanueva.  

Lo que hemos notado es que no hay una identificación del problema. Por la trascendencia y gravedad del asunto, se deberían dar una serie de mecanismos para establecer acciones contra las actividades ilícitas que atentan la vida de los defensores ambientales. 

¿Por qué toma tanto tiempo las investigaciones?

De parte del Poder Judicial estamos en cero, porque el caso de Demetrio Pacheco continúa en la parte inicial. No ha avanzado en nada y ellos son los que deben determinar la pena. 

Debemos insistir para que esta acción se cumpla, están pendientes muchos casos de defensores que han perdido la vida. El tema no lo dejamos, seguimos allí, porque si no reclamas todo se queda como está. Tenemos que vernos obligados a venir a los sitios donde se toman decisiones para que los casos avancen.

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