El pasado sábado 27 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, un documento que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a la protección y defensa de estos ciudadanos.
Como se recuerda, en nuestro país existen diversos casos referidos a crímenes y amenazas a la integridad de este conjunto de personas, donde además están incluidos los defensores ambientales como Edwin Chota, quien fue asesinado por taladores ilegales en el 2014.
Para conocer un poco más los alcances de este importante documento, conversamos con Daniel Sánchez Velásquez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
¿A quiénes nos referimos exactamente cuando hablamos de defensores de derechos humanos?
Estamos hablando de un conjunto de personas que diariamente hacen labores de defensa de derechos humanos y cuya vida está en peligro. Por ello, lo que buscamos como ministerio es alertar a las instancias correspondientes para activar los mecanismos de protección adecuada que impidan que esta situación continúe. Este Protocolo se enmarca dentro de una normatividad internacional y nacional. Queremos que la interpretación de este marco sea lo más amplio posible porque estamos hablando de una diversidad de actores y de personas que buscan la defensa de derechos humanos. Tenemos por ejemplo a los defensores ambientales que han fallecido por luchar contra la tala ilegal, tenemos defensores indígenas que también han sido asesinados por mafias ligadas al tráfico de tierras, incluso tenemos defensoras comunitarias amenazadas.
El Protocolo establece la creación de un Registro de Denuncias e Incidencias. ¿Qué finalidad tendrá?
No existe información centralizada, consolidada o sistematizada, sobre las situaciones de riesgos que podían tener los defensores de derechos humanos. Lo que había eran respuestas sectorizadas. Si la denuncia llegaba a una comisaría, era la Policía quien activaba los mecanismos de atención. Si llegaba a la Fiscalía, era esta institución la que se encargaba, y así, un conjunto de instituciones hacía lo mismo. Lo que buscamos con este registro es tener información sistemática; encontrar además patrones de riesgos que nos permitan de manera preventiva responder de manera mucho más articulada como Estado; y, tercero, establecer información oficial del Estado con relación a esta situación porque lo que hasta ahora tenemos es información no oficial, información de algunas organizaciones de derechos humanos o instituciones que tratan de ir recopilando información. Es importante que el Estado tenga la información para que justamente pueda tomar las decisiones adecuadas.
¿Con qué organismos trabajará el Ministerio de Justicia en este tema?
El Protocolo establece la necesidad de articular un conjunto de acciones con una serie de instituciones como la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, incluso la propia Defensoría del Pueblo, donde los comisionados también son defensores de derechos humanos y tienen doble rol: como personas a las cuales les alcanza la protección de este protocolo y como actores que articulan articular un conjunto de acciones de prevención y atención cuando los casos así lo ameriten.
¿El Ministerio de Justicia asume un rol de defensa directa de estos ciudadanos?
El Ministerio de Justicia tiene un servicio que se llama “La defensa pública”, y justamente el Protocolo establece la posibilidad de que se active este mecanismo cuando se presente una situación de riesgo o posibilidad de atención en un proceso judicial. Si bien esto ya forma parte de nuestras competencias regulares, lo hemos hecho mucho más explícito en el Protocolo para establecer un mejor mecanismo de atención.
Luego de la publicación del Protocolo, ¿cuál sería el siguiente paso?
Desde su publicación, este Protocolo se aplica al día siguiente de su publicación. Como ministerio nos toca brindar los recursos humanos correspondientes para que pueda brindarse la atención adecuada, nos toca convocar a reuniones con instituciones y organizaciones de sociedad civil para explicarles los alcances de este documento, realizar la difusión correspondiente y sobre todo hacer que los defensores se apropien del documento y del procedimiento establecido para que cuando estén en una situación de riesgo puedan acudir a nuestras oficinas.
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