Escribe José Álvarez Alonso / Biólogo, Investigador del IIAP

“Están acabando con nuestros peces y nadie hace nada”, se quejaba hace unos días en mi oficina don Julio Tito Vásquez, campesino de la quebrada Fanache, en la provincia de Alto Ucayali. Pescadores comerciales provenientes de Iquitos habían usado tóxicos y provocado una alta mortandad de peces en las quebradas Fanache y Siuca, en el Buncuya. Don Julio me informó que las comunidades afectadas (Zapatilla I y II Zona, Vargas Guerra, 28 de Julio y el mismo Tamanco) se están organizando para evitar que se repitan estos hechos, y han acordado impedir el ingreso a sus quebradas de los pescadores comerciales; sin embargo, me dijo que estos malos elementos llegan premunidos de permisos de la Dirección Regional de la Producción y se zurran en los derechos de las comunidades y en la legislación vigente.

Cada vez son más frecuentes las denuncias sobre el uso de tóxicos para la pesca, y no se trata sólo de barbasco, sino de pesticidas tan peligrosos como Thiodan y Parathion. La semana pasada me visitó en la oficina don Segundo Chanchari, de la comunidad de Ungurahual, en alto Nanay, con una historia similar: un mes atrás, unos congeladores habían causado una ”pudrición” de peces en la quebrada Media Luna, afluente de Pavaquebrada, de nuevo presuntamente con Thiodan. También la semana pasada estuve buscando en Mazán, en el bajo Napo, algo de pescado para comer. “No hay peje”, me dijeron, “pollo si quiere”. Pregunté cómo era posible que a orillas del Napo y del Mazán, hace años una reserva pesquera reconocida por la abundancia de peces, no se pudiese encontrar pescado. “Hace unas semanas vinieron botes congeladores de Iquitos y envenenaron con Thiodan montón de cochas del Mazán, hicieron tremenda pudrición, hasta aquí bajaba el pescado podrido. Desde entonces no hay casi pescado”, me explicaron. Me informaron también que las comunidades del Mazán, ante la inacción de las autoridades, se habían organizado para impedir el ingreso de pescadores comerciales.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿No es posible controlar la acción de los delincuentes que se dicen pescadores? Aquí no sólo se trata de una violación de la Ley de Pesca, sino de un grave delito ambiental y un delito contra la salud pública, porque el pescado envenenado con agroquímicos es vendido en Iquitos y su población termina intoxicada. La excusa de los funcionarios de PRODUCE es conocida: no tienen recursos para realizar el control en las zonas de pesca. Sin embargo, la mayoría del pescado capturado con tóxicos o con redes de pesca menuderas se vende en Iquitos, y los botes salen de Iquitos premunidos con sus artes ilegales y sus tóxicos… ¿Acaso no se puede ejercer un control en los puertos de Iquitos, como lo hacen las autoridades en Brasil y Colombia, con apoyo de la Policía Ecológica, la Fiscalía y la DIGESA?

Hoy tenemos tecnología y laboratorios (incluyendo el del IIAP, excelente) con capacidad de determinar si el pescado de cada bote pesquero que atraca en Iquitos está contaminado con pesticidas o cualquier otro veneno, lo que permitiría castigar este grave delito y detener de una vez a quienes arruinan la salud y el futuro de la gente con sus criminales acciones. Con el nuevo Código Penal vigente desde el 1° de enero de 2008, los delitos ambientales como el uso de tóxicos para la pesca son castigados con severas multas y penas de cárcel; sin embargo, no hemos escuchado de un solo pescador denunciado por este tipo de delitos, mientras el recurso pesquero disminuye año tras año –a pesar de las maquilladas estadísticas- y aumenta la desnutrición en las comunidades.

Por supuesto que se puede acabar, con un poco de voluntad y decisión, con la lacra de la pesca con tóxicos y otras prácticas destructivas de pesca: supervisando los botes pesqueros cuando zarpan para que no lleven nada ilegal; coordinando con autoridades locales (tenientes gobernadores, alcaldes distritales, organizaciones locales) para hacer cumplir la ley (ellos tienen competencia donde no existen autoridades del sector); supervisando los desembarques de peces, para determinar si ha habido uso de tóxicos u artes de pesca prohibidos, o si han capturado peces de menor tamaño del permitido.

En lo que respecta al Thiodan: en Loreto el uso de pesticidas para fines agrícolas es mínimo, porque las constantes lluvias disminuyen mucho su efectividad. Yo propongo aquí que se declare al Thiodan y a otros pesticidas similares “substancias controladas”, de modo que no se permita su venta libre en la Región, como ocurre hoy, para uso ilegal y criminal para la pesca. Además, debemos impulsar la producción orgánica: los productos agropecuarios de Loreto podrán ingresar a nichos de mercado selectos sólo y cuándo mantengan su sello verde de “libres de pesticidas y fertilizantes”.

Aquí no se trata sólo del cuidado del ambiente: es muy grave que se extermine con tóxicos o redes menuderas a toda una generación de peces para lograr unas míseras ganancias con la venta de pescado en Iquitos; pero más grave aún es que se ponga en riesgo la salud de la población vendiendo pescado contaminado. Los insecticidas fosforados u organoclorados como el Thiodan tienen efectos muy nocivos en el organismo humano. Me pregunto si esos asesinos de pescado, que no pueden ser considerados pescadores -y los malos funcionarios que los consienten- le dan esos pescados envenenados a sus hijos,…

El Gobierno Regional de Loreto está impulsando una estrategia que podría ayudar a solucionar el actual descontrol en el tema de aprovechamiento de recursos forestales y de fauna terrestre y acuática: se trata de delegar competencias de control y supervisión a las autoridades locales, desde alcaldes distritales a gobernadores, siguiendo el principio de subsidiariedad. El control local (especialmente comunidades organizadas) ha demostrado ser un método sumamente efectivo para ayudar a manejar más sosteniblemente los recursos amazónicos. En las zonas donde las comunidades han sido capacitadas y empoderadas para el manejo y control de sus recursos, disminuyen ostensiblemente la tala, pesca y caza ilegales, y las propias prácticas destructivas de los mismos comuneros.

Un ejemplo: hace unas semanas, dos pescadores de la comunidad de Yacapana intentaron ingresar para pescar con barbasco a la quebrada Yanayacu, en el área de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. Los guardaparques voluntarios de San Juan de Yanayacu los detuvieron para supervisar sus aparejos, y encontraron el barbasco, el que fue decomisado inmediatamente; por supuesto los malos pescadores no pudieron ingresar a pescar. Escenas como éstas podrían ser comunes en unos meses en toda la Región Loreto. Ojalá que el presidente regional tenga el apoyo de los funcionarios en el proceso de transferencia y/o delegación de funciones, y no se entrampe como ha ocurrido en la transferencia de competencias forestales a la Región.

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Publicado originalmente en ‘Cuarto Ambiente’

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Foto: Thomas Müller / SPDA