Llegaron hace más de cuatro décadas a La Campiña, Chorrillos, con el sueño de la casa propia. Transformaron los terrenos agrícolas en manzanas y con esfuerzo lograron obtener casi todos los servicios básicos, menos uno: un parque público.

Según Jorge Andrade, dirigente de la Asociación de Propietarios de La Campiña, cuando ellos compraron los terrenos, la zonificación tenía previsto el espacio para un parque, como lo exigía la ley, pero de la noche a la mañana fue cercado como si fuese un predio privado. Era 1980 y hasta hoy el terreno, ubicado entre la Av. Guardia Civil y la calle Teniente Romero Legua, se mantiene cerrado con paredes de cemento, ladrillo y rejas metálicas.

¿Quiénes fueron los que les arrebataron ese pedazo de área verde a los vecinos de La Campiña? ¿Quizás traficantes de terreno? No. Los dirigentes de esta urbanización acusan nada menos que a la Policía Nacional del Perú.

“Entre 1980 y 1981, la Policía cercó el lugar pese a que había una orden de la Municipalidad de Chorrillos para detener las obras. Pero no hicieron caso al municipio y cerraron el único parque público”, señaló Andrade en conversación con Actualidad Ambiental.

Andrade y otros dirigentes acusan precisamente a la Escuela de Postgrado de la PNP de apropiarse de un terreno público que estaba destinado a brindar áreas verdes a las ocho zonas de La Campiña. Asimismo, señalan que los representantes del orden lograron su cometido con la presunta ayuda del mismo municipio chorrillano, ya que la comuna no hizo mucho para devolver lo que los vecinos consideran “el único pulmón de la zona”.

MUNICIPALIDAD COBRA POR ÁREAS VERDES

Lejos de apoyar a los vecinos, la actual gestión del alcalde Augusto Miyashiro –agregan los denunciantes–, no atendió el reclamo de los chorrillanos y, al contrario, ayudó a la PNP a construir en el 2005 un estacionamiento para la Escuela de Postgrado sobre el terreno destinado para áreas verdes.

Sumado a la falta de apoyo en esta pelea por recuperar un terreno público, la Municipalidad cobra arbitrios por parques y jardines, según indicaron los vecinos. En total son más de 50 mil personas, de siete zonas, quienes no gozan de un parque, solo tienen “triangulitos” con pequeñas áreas verdes.

“Tenemos agua, luz, desagüe y hasta hay casas de ocho pisos, pero La Campiña sigue considerada como zona semi rústica, y el alcalde Miyashiro nos cobra arbitrios como si se tratara de zona urbana”, explican los vecinos.

SENTENCIA FAVORECE A LOS VECINOS PERO…

De tanto ir y venir durante más de treinta años con sus reclamos en diferentes instituciones, los vecinos de La Campiña lograron en el 2009 una sentencia a favor, por parte de la Sétima Sala Civil del Poder Judicial, el cual ordenaba suspender “la utilización del inmueble para fines distintos a los de un parque público”. (VER DOCUMENTO)

Ante dicha sentencia, la PNP y la comuna chorrillana presentaron un Recurso de Casación para anular la sentencia, pero en setiembre de dicho año, el recurso fue desestimado y declarado improcedente.

En el 2012, pese a que el terreno estaba en litigio, la Escuela de Postgrado construyó instalaciones dentro del parque, por lo cual los vecinos pidieron nuevamente audiencia con el alcalde Miyashiro y representantes del Ministerio del Interior.

Con el alcalde no pudieron reunirse, y los representantes del Ministerio del Interior solo dieron respuestas tibias, asegurando que investigarán el tema.

QUISIERON “CANJEAR” EL PARQUE

En un informe del 29 de diciembre de 2011, el área legal de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad de Lima señaló (VER DOCUMENTO) que el municipio liderado por Augusto Miyashiro es quien debe resolver este conflicto.

“La Municipalidad de Chorrillos está obligada a conservar, defender, proteger y mantener las áreas verdes de uso público, en su jurisdicción”, indicó el documento del municipio capitalino.

Asimismo, hizo referencia al convenio de permuta que se celebró entre la Municipalidad de Chorrillos y la PNP en 1993, en donde se “canjeaba” el parque por un terreno adyacente a la Escuela de Oficiales de la Policía, en las faldas del cerro Gramadal, pese a que el parque era “inalienable, inembargable e imprescriptible”.

Sobre dicho convenio, la Sétima Sala Civil de Lima señaló en el 2012 que “de ninguna manera la Municipalidad podía dar en permuta el terreno del parque pues su condición de bien de dominio público le alcanzan las garantías de inalienabilidad e imprescriptibilidad”.

Por lo tanto, declaró nula la permuta y dispuso que el parque sea utilizado por los vecinos y que la Municipalidad de Chorrillos asuma la administración del mismo.

34 AÑOS DE RECLAMO CONSTANTE

Los vecinos de La Campiña aseguraron que pese al tiempo que ha pasado no se detendrán en su lucha por recuperar el único parque que deberían poseer. Incluso, señalan que si logran dicho objetivo, ellos están dispuestos a sembrar o hacer lo que haga falta para recuperar sus áreas verdes.

“Nosotros queremos que nos devuelvan el único parque público de 7800 metros cuadrados en La Campiña, tal como esté, nosotros ya lo arreglaremos. El alcalde de Chorrillos, con cinco periodos de gobierno no ha hecho nada para La Campiña”, enfatizó Jorge Andrade refiriéndose al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe y al alcalde de Chorrillos.

Actualidad Ambiental intentó comunicarse con el General PNP Manuel A. Guillén Haro,
director ejecutivo de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. También con la Municipalidad de Chorrillos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.

 

POLICÍA TAMBIÉN INVADE PARQUE EN LA VICTORIA

Al cierre de esta nota, Canal N denunció que la Policía Nacional invade el parque María Parado de Bellido (La Victoria) para estacionar sus vehículos, pese a que los vecinos se han quejado en múltiples ocasiones.

El área verde, ubicada a la altura de la cuadra 6 de la Av. Bausate y Meza, muestra cómo motos y autos pertenecientes a efectivos de la PNP se estacionan dentro del parque, así como también en las veredas, vías cercanas y hasta en rampas, generando malestar entre los transeúntes que deben caminar por la pista, arriesgando muchas veces la vida. (VER INFORME)

Los vecinos han enviado cartas de queja a la Municipalidad de La Victoria, pero aseguran que no han tenido respuesta. Mientras tanto, los vehículos continúan ocupando lo que debería ser una zona de recreación.

BONUS TRACK

El alcalde Augusto Miyashiro lidera el municipio chorrillano desde 1999 y no destaca precisamente por comunicarse de manera adecuada con sus vecinos. En mayo de este año un grupo de chorrillanos le reclamó mayor seguridad, en la puerta del municipio, y el burgomaestre reaccionó de la siguiente manera (atención al minuto 1’36»):