Doe Run Perú solicitó 30 días adicionales para el reinicio de operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya. La empresa asegura no estar en condiciones de empezar sus actividades porque no pudo cerrar contrato con sus proveedores y socio estratégico.

Doe Run ofreció como garantía el 100% de sus activos (600 millones de dólares), para cumplir con las obligaciones del PAMA y las deudas a sus proveedores. La empresa debería reiniciar sus labores mañana 29 de abril.

El acuerdo se alcanzó tras una reunión de hora y media entre representantes de DRP y el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. También participó en la cita la ministra de Trabajo, Manuela García; el viceministro de Minas, Fernando Gala; el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Huaroc; el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto y el alcalde de Yauli – La Oroya, César Augusto Gutiérrez.

El presidente de Doe Run Perú, José Carlos Huayhua, aseguró que, pese a que ha solicitado 30 días a los trabajadores para definir el reinicio de labores, podría llegar a un acuerdo con los líderes del Sindicato en dos semanas.

Además de desmentir que la empresa esté en venta, Huyhua indicó que la empresa “completará en su totalidad y sin ninguna dificultad el circuito de cobre”. Dijo que tras concluir con el programa ambiental, Doe Run quedaría sin deudas, por tanto se avizora una “empresa muy sólida”.

“Con la flexibilidad encontrada hoy, pronto podremos hacer un anuncio público”, señaló.

BARRETO: DOE RUN DEBIÓ HABERSE IDO HACE TIEMPO DEL PAÍS

En declaraciones a CNR radio, el arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto, opinó que Doe Run debió haberse ido “hace tiempo” del país, debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones ambientales y laborales.

“La pregunta es, ¿porqué se permite a esta empresa poner en jaque al gobierno, a la región y al país?”, manifestó Barreto, que también se preguntó qué pasaría en el caso que DRP no cumpla con sus compromisos el 25 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses concedido por las autoridades.

“Ni el Estado, la región ni los trabajadores están preparados para ese escenario. Tenemos cortos dos meses para resolver un problema que puede dar pie a una situación por demás peligrosa”, enfatizó.