Escribe José Luis Capella / Director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

El 16 de junio pasado pocos recordaron el décimo aniversario de la aprobación de la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (la Ley 27308), generada luego de largas discusiones que se dieron durante gran parte de los años 90. Lo cierto es que los peruanos esperábamos que esta norma cambiara el paradigma vigente de desarrollo que se tiene sobre los bosques y -en especial, sobre la Amazonía- teniendo en cuenta que la historia, e inclusive nuestra realidad actual, nos presenta día a día a legisladores y políticos que consideran que el desarrollo de las regiones se encuentra determinado por la explotación “per se”, no importando que esta venga con deforestación o degradación de territorios.

Tras 10 años de implementada la Ley Forestal existen diversas percepciones frente a los resultados logrados por su implementación. Para algunos, los resultados son modestos y medianamente positivos; otros, sin embargo, consideran que se dieron importantes pasos. Más allá de posiciones antagónicas, existen algunos elementos, criterios y procesos que conviene revisar con motivo de la actual discusión del proyecto que busca desarrollar una nueva ley forestal. Esto porque no solamente se deben considerar en un texto los cambios claves sino, sobre todo, implementarlos en la práctica (en el bosque) de manera adecuada. Algunos ejemplos de lo mencionado son: realizar efectivamente el ordenamiento forestal, implementar de manera orgánica todas las modalidades de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre, efectivizar un control y fiscalización efectivo, esclarecer competencias y brindar recursos para que éstas se ejecuten.

Así, el proceso de consulta nacional para elaborar la política forestal y actualizar la Ley 27308, emprendido por el Ejecutivo a través del MINAG y otras organizaciones gubernamentales y realizado entre noviembre del año pasado y este mes, generó un espacio de intercambio de puntos de vista sobre los principales temas que debe contener un marco normativo forestal y de fauna silvestre. El esfuerzo y la participación deben ser reconocidos y bien utilizados en el debate y consulta que continúa ahora, con un proyecto de ley en manos del Congreso de la República. Ahora, este proceso debe complementarse con un debate adecuado en el Congreso, y una consulta adecuada de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.

Como hemos mencionado, hoy toca a todos los involucrados en la formulación de esta norma revisar las recetas implementadas, plantear nuevas fórmulas y aprovechar las nuevas tendencias sobre bosques (cambio climático, entre otros) y, sobre todo, reconocer los factores por los que la implementación y la puesta en práctica (en el bosque) de este marco no ha cumplido con generar el desarrollo deseado por todos. A continuación se muestran tres puntos importantes en donde deberíamos poner interés para mejorar el marco normativo y asegurar su efectiva implementación.

La importancia de una política forestal como instrumento para la acción

El Ejecutivo debe apurar el proceso de aprobación de una robusta política nacional forestal que sirva como norte para la gestión y el manejo, no solo para las instancias públicas, sino también para promover la inversión privada que genere competitividad con verdadera redistribución y equidad para más peruanos.

Acciones claves como los sistemas de información, la lucha contra la corrupción o el ordenamiento pueden contar con un punto de apoyo en una política nacional forestal bien articulada.

El proceso de descentralización

La descentralización de competencias claves en el ámbito forestal supone un reto específico para todos los peruanos, que debe estar encabezado por la voluntad política por parte del gobierno nacional de dotar de los recursos necesarios a los gobiernos regionales para cumplir con sus funciones.

Si pretendemos controlar mejor la legalidad de las acciones forestales, desde el bosque hasta la exportación, no se puede desatender en presupuesto y fortalecimiento de capacidades a los actores más cercanos al recurso, encargados de comprobar la legalidad del mismo.

La vinculación de los bosques, los servicios ecosistémicos del bosque y el cambio climático

La vinculación de los bosques (con mecanismos idóneos y equitativos) con los pagos por servicios ecosistémicos y el cambio climático, supone vincular este marco con el debate del proyecto de ley de servicios ambientales, actualmente el Congreso de la República.

La posibilidad de que nuevos recursos lleguen a los pobladores que coadyuvan al mantenimiento de los servicios ecosistémicos pasa, entre otras cosas, por una decisión política sólida y multisectorial (autoridad ambiental, autoridad nacional forestal, autoridades regionales, Economía, entre otros) y también por otorgar derechos claros a los pobladores, concesionarios y usuarios del bosque para beneficiarse de los mismos.

La nueva legislatura del Congreso de la República nos traerá un proceso complejo en el cual los peruanos debemos estar atentos y no dejar de lado los procesos claves que hoy en día se siguen discutiendo y cuya atención es prioritaria más allá de contar o no con una nueva Ley aprobada.

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Foto: Tomas Müller / SPDA