Foto: Aidesep

• El defensor ambiental fue asesinado el 29 de noviembre del año pasado. Los presuntos responsables están con prisión preventiva, pero familiares de Inuma afirman que el proceso no avanza en el Poder Judicial, pese a pedidos del Ministerio Público. 

El 29 de noviembre de 2023, Quinto Inuma fue asesinado frente a su familia. Tras participar en un encuentro sobre defensores ambientales en Pucallpa, en donde se debatió precisamente sobre la poca protección que reciben los pueblos indígenas por parte del Estado, Inuma fue atacado a balazos por encapuchados mientras regresaba a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (San Martín).

Inuma había pedido garantías para su vida, debido a amenazas que había recibido por enfrentarse a taladores ilegales que operaban cerca a su comunidad. Este caso fue similar al de Edwin Chota y sus compañeros de la comunidad Alto Tamaya Saweto de Ucayali, quienes fueron asesinados luego de denunciar la tala ilegal dentro de su territorio, en el 2014.

Desde la muerte del líder indígena de San Martín, los familiares exigen justicia para que el hecho no quede impune, al igual que más de 30 muertes de líderes indígenas en los últimos diez años, según registró la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Un proceso que continúa

De acuerdo con la información del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos responsables de este hecho se encuentran recluidos en el penal cumpliendo 18 meses de prisión preventiva. Los imputados son Limber Ríos Ruiz, Génix Saboya Saboya, Jerrly Saboya Saboya y Segundo Villalobos Guevara (presunto autor intelectual), pero aún queda pendiente la captura de Belustiano Saboya Pisco.

IDL agregó que la esposa e hijos de Quinto Inuma exigen celeridad en el proceso penal, debido a que existen diversos pedidos del Ministerio Público pendiente de resolver por el Poder Judicial. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para que se les brinde la debida protección porque las amenazas no han cesado, incluso se ha trasladado a otros familiares, como el hermano del Quinto, Manuel Inuma, quien hoy es el apu de la comunidad.

Respecto a este caso y al año del asesinato del defensor ambiental, Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos se pronunció para expresar que el Estado peruano debe garantizar la justicia y protección de la familia.

“Hoy se cumple un año del asesinato del defensor kichwa Quinto Inuma Alvarado en Perú. El Estado debe garantizar el acceso a la justicia, la titulación de las tierras de la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu y la protección efectiva de las personas”, escribió Lawlor en su cuenta de X.

Hoy se cumple un año del asesinato del defensor kichwa Quinto Inuma Alvarado en #Perú. El Estado debe garantizar el acceso a la justicia, la titulación de las tierras de la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu y la protección efectiva de las personas DDH @PeruEnGinebra pic.twitter.com/ckIWunnrH0

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) November 29, 2024

Un país peligroso para los defensores ambientales

En abril del año pasado, también fue asesinado Santiago Contoricón, otro reconocido defensor ambiental de Satipo (Junín), histórico líder asháninka que lideró a su pueblo durante el conflicto armado iniciado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las muertes de Inuma y Contoricón quedaron registrados en el informe de Global Witness, que posiciona al Perú como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales.

Según la organización, solo en 2023, en América Latina se registró el asesinato de 166 defensores ambientales, solo porque se atrevieron a defender sus territorios de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala, entre otras.

Tras la publicación del informe de Global Witness, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que se deben tomar acciones para cambiar el contexto en que viven las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos en nuestro país.

“Tal como evidencia el informe, la situación en Perú para quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos es cada vez más grave. La violencia y las muertes de defensores ambientales continúan ocurriendo sin cambios significativos en las políticas de protección, ello sumado al incremento de la ilegalidad y la corrupción que no se detiene y convierte a nuestro país cada vez en un lugar más peligroso. Debemos actuar con urgencia para asegurarles un entorno seguro”, apuntó Baldovino.