En la sede del Tribunal Constitucional se desarrolló el coloquio internacional “Cambio Climático, Derechos Humanos y Biodiversidad: Dimensiones Constitucionales y Regímenes Legales Nacionales” con el fin de promover el diálogo de especialistas sobre acciones y enfoques que relacionen el cambio climático y sus efectos sobre la biodiversidad y los derechos humanos.

En el evento participó el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; el Juez del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Antonio Herman Benjamin; el Magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinoza-Saldaña; Dr. Carlos Ramos Núñez, Director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional; el congresista Jaime Delgado; Jorge Caillaux, presidente y fundador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Pedro Solano, Director Ejecutivo de la SPDA. Además fueron convocados reconocidos especialistas nacionales, políticos, diplomáticos y expertos de países como Brasil, Argentina, México y Estados Unidos.

El ministro del Ambiente y Presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la relación entre derechos humanos y cambio climático, señalando cómo el cambio climático afecta la vulnerabilidad de las personas cuando se produce un incremento del nivel del agua, huracanes o el caso de desplazados climáticos. Además recalcó la importancia de realizar acciones de adaptación para convertir a las economías, los grupos humanos y las infraestructuras en resilientes.

Braulio Dias, Secretario Ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica, señaló que la adaptación al cambio climático dependerá mucho de la biodiversidad y que los recursos genéticos son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. “La biodiversidad es el principal bien de los países subdesarrollados y debe ser conservado. Para ello es necesario establecer marcos legales. Hay que pensar en sistemas legales que permitan que las comunidades reciban beneficios por su labor de conservación de la biodiversidad. Los avances que se logren en materia de conservación de la biodiversidad contribuirán con las acciones de gestión del clima”, señaló.

Durwood Zaelke, del International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), explicó las alternativas que tenemos para hacer frente a los efectos del cambio climático y señaló a los “agentes contaminantes de corta vida” (diferentes al CO2) como la manera más accesible de frenar el calentamiento global porque estos se mantienen aproximadamente solo 15 años en la atmósfera, a diferencia de otros que permanecen miles de años, y que con la suficiente normativa y tecnología se puede mitigar estos agentes contaminantes de corta vida, logrando beneficios inmediatos y reduciendo la temperatura.

María José Veramendi, de AIDA (Interamerican Association for Environmental Defense), relacionó el daño ambiental que causa el cambio climático con los Derechos Humanos, señalando que estos deben ser incorporados en el nuevo acuerdo climático que debe tener un carácter vinculante. La especialista expuso casos de violaciones a los derechos humanos causados por el cambio climático en Estados Unidos y Canadá, donde emisiones de gases afectaron a pueblos indígenas.

Finalmente Romina Picolotti, ex Secretaria de Ambiente de Argentina y presidente del Centro para los Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), señaló que uno de los desafíos del Derecho es anticiparse al daño que causa el calentamiento global y que los Derechos Humanos deben adaptarse a un nuevo contexto del calentamiento global. Señaló que para el 2020 se espera que haya 50 millones de refugiados ambientales y que no tenemos la capacidad para lidiar con eso, por lo que debemos anticiparnos al daño. Asimismo, señaló que el marco actual de Derechos Humanos ofrece lo suficiente para avanzar en tomar medidas porque es reconocido en casi todo el mundo y es un marco jurídico que funciona. “Debemos interpretar los Derechos Humanos en función del nuevo escenario climático. Si no se adoptan políticas públicas es una violación de la Convención y es un acto ilegal de los Estados. El derecho a la vida debe ser interpretado de una manera más amplia”, concluyó.

SOBRE EL COLOQUIO

También fueron expositores del coloquio José Antonio Marcondes, Secretario Ejecutivo del Convenio de Diversidad Biológica (Brasil); Carlos Lazary Teixeira, embajador de Brasil en el Perú; Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y José Antonio Marcondes, Secretario Ejecutivo del Convenio de Diversidad Biológica (Brasil).

El coloquio se desarrolló el 8 de diciembre y fue una iniciativa del Tribunal Constitucional del Perú, el Ministerio del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), The Convention on Biological Diversity, IUCN World Commission on Environmental Law, International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), University of Texas School of Law y el Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies (LLILAS).

Fotos del coloquio: