Actualidad Ambiental tuvo acceso a documentos emitidos por los ministerios de Cultura, Ambiente y Trasportes y Comunicaciones, donde se destacan opiniones desfavorables respecto al proyecto de ley 1035 (ver documento) que declara de “necesidad pública y de interés nacional” la interconexión terrestre entre Puerto Esperanza (Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios).

Para los citados ministerios, dicho proyecto de ley sería inconstitucional, ya que atentaría contra los territorios de indígenas en aislamiento. Además, señalaron que aquella iniciativa debía someterse a mecanismo de consulta previa.

La Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente (Minam), indicó que “debido a la existencia de Pueblos Indígenas” en la zona, el proyecto de ley “tendría que ser puesto a consulta previa conforme a lo establecido en la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

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Por su parte, el Viceministerio de Gestión Ambiental del Minam, consideró que el proyecto de ley “contraviene la normatividad vigente que regula y protege las Áreas Naturales Protegidas, las Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y derechos ya otorgados por el Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales”.

Finalmente, consideró que “es necesario fortalecer la cobertura del actual puente aéreo para atender de manera inmediata la problemática de la conectividad de la provincia de Purús”.

El Ministerio de Cultura tampoco aprueba dicho proyecto de ley, debido a que no se dispone “de los estudios técnicos que nos permitan sostener que es viable conectar por vía terrestre a dichas localidades, en el marco de los estándares sociales y ambientales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente”.

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Asimismo, consideró que dicha propuesta legislativa puede “afectar la intangibilidad de la Reserva Territorial Madre de Dios, poniendo en riesgo los derechos a la vida y a la salud de la población en situación de aislamiento y contacto inicial que habita en dicha Reserva, perteneciente a los pueblos indígenas conocidos como Mashco Piro, Yora y otros”.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió una opinión desfavorable sobre el proyecto de ley, considerando que dicha norma “constituye una iniciativa de gasto, atribución que no corresponde a los congresistas, conforme a la Constitución Política y al Reglamento del Congreso”.

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