La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), han anunciado movilizaciones de protesta debido a la demora del Pleno del Congreso en debatir la “Ley de Consulta previa”.
La llamada “marcha nacional” se realizaría el próximo 12 de octubre.
>> Más información de archivo: Ley de Consulta Previa: organizaciones indígenas rechazan dictamen de Comisión de Constitución
Como se recuerda, en día de ayer, en el Pleno del Legislativo, estuvo programado el debate de los dos dictámenes sobre la ley de consulta. Sin embargo, esta discusión nunca se realizó.
Además, Alberto Pizango, presidente de Aidesep, denunció “planes” del gobierno para desunir la organización indígena. Así, Pizango lamentó que se auspicie a organizaciones paralelas –como la “Coordinadora Awajun”- cuyos representantes marcharon insólitamente en el Desfile de 29 de julio y “pidieron perdón” a la Policía Nacional por los hechos de Bagua.
“Es una pena que el gobierno siga al interior de los pueblos indígenas, dividiéndolos para ponerlos en contra y favorecer a las grandes transnacionales. Tenemos entendido que al presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), Zebelio Kayap, está siendo amenazado por este grupo de la Coordinadora supuestamente awajun”; manifestó.
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SIGUE UN LARGO ETCÉTERA
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Chile afronta la rebelión mapuche
EJEMPLO: NATIVOS DEL ARAUCO NO HINCARÁN LAS RODILLAS
La restitución de territorios es el problema de fondo: Mapuches reclaman sus tierras en la Araucanía, a 600 kms al sur de Santiago. Allí se concentra la mayor parte de las comunidades que aún conservan su cultura, su idioma y sus rituales. Se calcula que hay unos 625.000 mapuches en este país de 17 millones de habitantes.
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Mapuche significa, en su lengua indígena, hombre de la tierra. Y es precisamente la tierra, la que perteneció a sus ancestros y que ellos consideran sagrada, el problema que enfrenta al Estado chileno con su principal pueblo nativo.
Mientras Chile celebraba el pasado fin de semana el bicentenario de su independencia, 32 presos mapuches prosiguen la huelga de hambre que iniciaron el 12 de julio. Nueve de estos presos están ya en estado grave y uno de ellos tuvo que ser operado de urgencia por una peritonitis el pasado jueves. En diversas ciudades chilenas, manifestaciones de protesta han recordado al Gobierno del derechista Sebastián Piñera que el pueblo nativo espera JUSTICIA.
Las tierras que los mapuches reclaman se encuentran en la región de la Araucanía, a 600 kilómetros al sur de Santiago. Allí se concentra la mayor parte de las comunidades que aún conservan su cultura, su idioma y sus rituales. Se calcula que hay unos 625.000 mapuches en este país de 17 millones de habitantes.
Desde el retorno de la “democracia”, en 1990, las agrupaciones indigenistas han tomado territorios que hoy pertenecen en su mayoría a empresas forestales y eléctricas, y atacado a pedradas los coches de la policía. Estos actos han sido y son reprimidos por los carabineros. La policía también emplea sus armas contra hombres, mujeres y niños. Las fuerzas de seguridad no tienen reparos en allanar continuamente, de día y de noche, las moradas mapuches.
Esta población vive atemorizada. Muchos de los que se resisten a la policía son procesados por la Justicia Militar. Basta con que los carabineros encuentren una botella de queroseno (indispensable en las labores del campo) para llevarse preso al cabeza de familia. Esta situación ha generado una escalada de violencia que, hasta la fecha, cuenta ya cinco muertos de esta etnia; tres por acción directa de la policía y dos mientras permanecían detenidos.
La restitución de territorios es el problema de fondo, pero la huelga de hambre que sostienen los 32 detenidos (más dos líderes indígenas que están en libertad), tiene un objetivo inmediato: que la Justicia desista de aplicar la ley antiterrorista contra ellos.
En las cárceles chilenas, hay 106 mapuches. Varios están procesados por dicha ley, cuyas penas son más duras que las de la ley penal común. Medio centenar de ellos lleva un año y medio en prisión preventiva sin juicio. La ley antiterrorista fue adoptada en 1984, durante la dictadura de Augusto Pinochet, para juzgar a quienes se rebelaban contra el régimen militar.
“Nosotros tenemos un problema político, por tierras, con el Estado, por lo tanto ellos son presos políticos. A través de la huelga estamos exigiendo que todos los detenidos tengan un juicio justo”, explica a Público el representante internacional del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.
La ONU ha recomendado varias veces a Chile no utilizar esa ley contra los activistas mapuches. En 2008, el Comité contra la Tortura de la ONU pidió no aplicarla acerca de “las demandas legítimas de los pueblos originarios”. En 2009, Unicef alertó de la violencia con la que actúa la policía contra niños y adolescentes mapuches. Poco tiempo atrás, una chica de 12 años había acabado en el hospital con ocho balas de la policía en la espalda. Ante estas críticas, el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet aseguró que tenía información de que los mapuches utilizaban a sus niños como escudos humanos. Pero no presentó pruebas ni denuncia formal por ello.
El diálogo con el Gobierno
El pasado viernes se reunió por fin una mesa de diálogo entre un representante del Gobierno chileno y algunos familiares de los huelguistas, con el obispo Ricardo Ezzati como mediador. Se dijo extraoficialmente que el Gobierno podría estar dispuesto a desistir de la querella que pusieron los gobiernos socialistas contra los mapuches por la quema de tierras. Pero esta esperanza no se ha concretado, pues otros familiares de los huelguistas se mostraron en desacuerdo con la mesa de dialogo instalada por las autoridades y le restaron legitimidad por no contar con representante de todas las comunidades afectadas. Los mapuches no tienen líderes, sino que cada comunidad tiene su propio representante
Huilcamán asegura que el ayuno de los 34 mapuches sólo acabará si se da uno de tres escenarios concretos. Uno es la modificación de la ley antiterrorista “con efecto retroactivo”. Otro, que la fiscalía los juzgue con la ley penal común. Una tercera opción sería que el Gobierno asegure que no respaldará los cargos basados en la ley antiterrorista, como sí hicieron los gobiernos «socialistas» de Lagos y Bachelet.
Para el portavoz mapuche, el diálogo del Gobierno de Piñera no resolverá la huelga, como no lo hicieron, asegura, otros intentos de diálogo anteriores que no dieron fruto.
(Soledad Pino, del diario Público, de España)
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