Sierra del Divisor Occidental se convierte en la octava reserva indígena del país. Foto: Diego Pérez/WWF

• Hoy, el Estado peruano categorizó Sierra del Divisor Occidental como reserva indígena. Esta es la octava reserva creada en Perú para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
• Esta reserva protegerá la vida de tres pueblos aislados: remo o isconahua, mayoruna y kapanawa.

Hoy el Estado peruano creó la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, un espacio cuyo objetivo es garantizar la protección de la vida, los derechos, territorio y condiciones que aseguren la existencia e integridad de los pueblos indígenas Remo o Isconahua, Mayoruna (Matsésy  Matis) y Kapanawa en situación de aislamiento, que habitan esta zona entre Loreto y Ucayali.

“La esperada categorización de esta reserva implica un mayor nivel de protección para los pueblos indígenas remo o isconahua, mayoruna y kapanawa. Sin duda es un gran avance en la defensa de sus derechos colectivos”, señala Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Como se recuerda, el estudio de categorización para esta reserva fue aprobado por mayoría por la Comisión Multisectorial PIACI en septiembre de 2023. Hoy, luego de ocho meses, el Estado oficializó esto con el Decreto Supremo 004-2024 del Ministerio de Cultura. Es preciso indicar que en el mencionado estudio, se incluyeron más de 300 evidencias sobre la presencia de los PIACI, de estudios ambientales, jurídicos y antropológicos, que incluyen imágenes satelitales, sobrevuelos y trabajo de campo en comunidades aledañas.

Esta nueva reserva se extiende entre los departamentos de Loreto y Ucayali con una superficie total de 515 114.7323 hectáreas de territorio que ahora tiene la condición de intangible. Esto significa que no pueden establecerse asentamientos poblaciones distintos a los de los PIACI y que no se podrán otorgar derechos para el aprovechamiento de recursos naturales.

Los PIACI son peruanos y peruanos cuya protección se debe asegurar. Foto: Mincul

Urgente protección

Los pueblos indígenas aislados son peruanos y peruanas que se mantienen separados del resto del mundo de manera voluntaria en respuesta a eventos traumáticos en la historia de los pueblos indígenas. Ellos y ellas viven de forma nómada en la Amazonía, y por su condición de aislados están en una situación de especial vulnerabilidad a distintos niveles: territorial, social y cultural, inmunológica y demográfica.

Una simple gripe podría acabar con sus vidas. Al encontrarse aislados no han desarrollado defensas para enfermedades comunes para el resto de las personas en nuestra sociedad. Además, al no tener vínculos con la sociedad, dependen total y únicamente de los recursos que encuentran en el bosque. Todo ello los hace extremadamente vulnerables.

Por ello, el Estado peruano debe garantizar su protección física y legal ante las invasiones que podrían sufrir y afectar sus modos de vida, así como su salud y su economía. Para esto, según la Ley PIACI y las normativas nacionales, es que se deben crear espacios como la recién creada Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental.

“En comparación con cualquier grupo de la sociedad nacional, los PIACI son los más vulnerables a todo nivel: sanitario, territorial, sociocultural y demográfico. En el Perú, las reservas indígenas son la figura introducida por la Ley PIACI como mecanismo central del Régimen Especial Transectorial que debe liderar el Ministerio de Cultura para la protección de estos pueblos y que se caracterizan por su intangibilidad, salvo casos excepcionales”, explica Melissa Sánchez, especialista legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Pendientes para asegurar la vida de los PIACI

Con la categorización de Sierra del Divisor Occidental como nueva reserva indígena, Perú ahora cuenta con ocho de estos espacios destinados a la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Sin embargo, el camino de la protección de los PIACI no concluye con la creación de esta reserva.

“La categorización de esta reserva es un gran avance en la protección de los PIACI, pero también un llamado de atención sobre aquello que aún está pendiente de cara a la obligación del Estado de proteger a estos pueblos”, resalta Melissa Sánchez.

La especialista recuerda que inicialmente, entre 1990 y 2003, se establecieron las primeras 5 reservas territoriales, mientras que las primeras reservas indígenas categorizadas bajo el régimen que establece la Ley PIACI se establecieron en el 2021; es decir, 15 años después de la entrada en vigor de esta normativa. Asimismo, es recién tres años después se categoriza la octava reserva del país, tras una espera de casi veinte años.

“Esta demora ocasiona la superposición de derechos en territorios de solicitudes indígenas y el avance de la ilegalidad, con la amenaza que ello implica para los PIACI”, señala la especialista de la SPDA y agrega que para que estas reservas cumplan con su objetivo se requiere “que se implementen puestos de control equipados y con agentes de protección en sus principales accesos. Por ello es necesario hacer hincapié en la necesidad de contar con un Sistema de Gestión de Reservas, con un componente financiero sólido, mecanismos de control y monitoreo adecuados, así como personal debidamente capacitado en la aplicación la Ley PIACI, su reglamento y normas complementarias”.

Foto: difusión

Más de 7500 peruanos y peruanas que necesitan protección

En Perú se estima que viven aproximadamente 7500 indígenas aislados distribuidos en al menos 20 pueblos indígenas. Para ellos, el Estado ha creado hasta el momento ocho reservas indígenas y territoriales: Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; Madre de Dios; Murunahua; Isconahua; Mashco Piro, Yavarí Tapiche; Kakataibo Norte y Sur; y Sierra del Divisor Occidental – Kapanawa.

Entre todas suman más de 4.5 millones de hectáreas de territorios PIACI reconocidos legalmente. Adicionalmente, existen 5 solicitudes de reservas, equivalentes a casi 3.5 millones de hectáreas adicionales, pendientes de aprobación.