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Fenamad denunció la falta de aplicación efectiva de normativa sobre pueblos indígenas ante el órgano que evalúa el cumplimiento de las obligaciones ambientales del TLC debido a Ley 30723, que promueve carreteras en la Amazonía.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) presentó, ante la Secretaría de Cumplimiento de Normativa Ambiental del Acuerdo Comercial Peru-EE.UU., una solicitud invocando la falta de aplicación efectiva de la normativa ambiental peruana, en referencia a la promulgación de la Ley 30723, que promueve la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali.
A través de una documento enviado por su presidente Julio Cusurichi a la mencionada Secretaría, la organización indígena manifiesta que Perú no ha aplicado efectivamente la legislación ambiental vigente en el proceso de la elaboración, deliberación, aprobación y promulgación de dicha ley. Específicamente, Fenamad indicó que el Perú habría incumplido con efectivizar el derecho a la consulta previa legislativa y los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), los que se encuentran garantizados por leyes nacionales.
[Ver además-> Sociedad Civil pide derogar ley 30723 que pone en riesgo a pueblos indígenas]
Cabe señalar que el artículo 18º del referido acuerdo dispone que cualquier persona del Perú o los EEUU podrá presentar una solicitud invocando que uno de estos países está dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental.
Al respecto, Carlos Trinidad, asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que esta es una de las primeras solicitudes presentadas en el marco de este TLC, y la primera presentada por una organización indígena. Asimismo, añadió que “es la primera que invoca la falta de aplicación efectiva de normativa indígena (Ley PIACI y la Ley de Consulta Previa), que está cubierta por las salvaguardas ambientales del TLC”.
Como se recuerda, la Ley 30723 -promulgada en enero pasado- pondría en riesgo no sólo a las áreas naturales protegidas de la región Ucayali, sino además a los territorios habitados por pueblos indígenas en situación de aislamiento.
La norma fue promulgada pese a la oposición de los ministerios de Cultura y del Ambiente, así como de la Defensoría del Pueblo, organizaciones indígenas, y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
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