Las comunidades nativas de Madre de Dios consolidan sus procesos de titulación

Texto: Guillermo Reaño

 

Tomas Moore es un viejo conocido entre las poblaciones indígenas de Madre de Dios, desde hace más de 45 años recorre sus territorios estudiando sus costumbres, medios de vida y sus cosmogonías.

Para el experimentado antropólogo nacido en Nueva York, los pueblos nativos de la Amazonía son los mejores defensores de los bosques y los ríos de una cuenca encargada de producir el 20 por ciento del agua dulce del planeta y es el albergue, la casa común, del 50 % del total de las especies vivas que conocemos.

“Reconocer la propiedad del territorio que les pertenece en su condición de habitantes históricos de estas selvas, nos lo dijo en Puerto Maldonado, no solo es un derecho que les corresponde, sino la mejor garantía para salvar de la destrucción estos ecosistemas”, afirma.

Moore sabe lo que dice, poco tiempo después de graduarse en los Estados Unidos y tras un breve paso por Brasil, llegó a la región para trabajar en las aldeas harakbut diseminadas entre los ríos Inambari y Madre de Dios, el territorio ancestral de ese pueblo de la Amazonía del sur peruano.

Para el estudioso amazónico, la cultura de estos hábiles horticultores y cazadores de las montañas boscosas de Madre de Dios y el Cusco, puede ser considerada como “una de las expresiones culturales más independientes del mundo, debido a su aislamiento hasta años muy recientes y la permanencia viva de la experiencia tradicional en la memoria de la población contemporánea”.

En efecto, los últimos harakbut en aislamiento voluntario se integraron a la sociedad occidental no hace más de cincuenta años, tanto es así que todavía es posible encontrarse en las comunidades harakbut de Shintuya, Puerto Luz, San José de Karene o Boca Inambari con ancianos que nacieron y vivieron hasta su juventud evitando el contacto con los habitantes del Perú oficial que invadieron sus territorios.

En Puerto Luz

Una de las comunidades harakbut con mayor población en Madre de Dios es la de Puerto Luz, una comunidad ubicada en uno de los bordes de la Reserva Comunal Amarakaeri, el área natural protegida de 402 335.62 hectáreas que el Estado peruano estableció en el año 2002 sobre un espacio del territorio ancestral de los harakbut.

Puerto Luz no ha estado al margen del problema minero que agobia a la región de Madre de Dios. Desde que obtuvo su reconocimiento oficial como comunidad nativa en 1986 muchos de sus pobladores -indígenas y mestizos- se han venido dedicando a la minería artesanal -aquella que usa utensilios manuales: lampas, carretillas, cernidores- y también a la minería ilegal, la que se desarrolla en cuerpos de agua utilizando para su ejecución maquinaria pesada e insumos contaminantes.

Dividida la comunidad entre quienes optaron por el trabajo minero y los que consideran que la actividad se opone a sus prácticas culturales, los pobladores de Puerto Luz, principalmente sus dirigentes, decidieron buscar otras posibilidades de desarrollo.

Pronto se tropezaron con un problema insalvable: sus títulos de propiedad, los documentos que necesitan para poner en la prácticalos proyectos elaborados, no estaban en regla, presentaban problemas de sobreposición de tierras. Entonces recordaron que una parte de su territorio era reclamado por sus vecinos, los pobladores de la comunidad nativa de San José de Karene.

¿Qué hacer?

Eddy Peña, ingeniero agrónomo y especialista en conservación y comunidades nativas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la institución que viene ejecutando el proyecto “Seguridad de la tierra para los pueblos indígenas”, una iniciativa que impulsa el Fondo Internacional para la Tenencia de la Tierra y los Bosques en nuestro país, enfatiza que uno de los problemas más acuciantes para el desarrollo de las comunidades indígenas de Madre de Dios es el de la superposición de derechos sobre el territorio que ocupan.

En la oficina de su institución en Puerto Maldonado nos muestra un mapa en el que se pueden ver los puntos donde existen sobreposición de derechos en territorios indígenas. “Cuando elaboramos como institución la línea base de nuestra intervención en Madre de Dios, agrega, nos dimos cuenta que subsistían más 627 casos de superposiciones sobre comunidades nativas”, señala el especialista.

A los problemas entre comunidades, hay que sumarle los que existen entre estas y concesionarios mineros, madereros, castañeros y el propio Estado que ha lotizado territorios indígenas para explotación de hidrocarburos o estableció áreas protegidas sin respetar derechos de posesión comunales, como sucedió con la comunidad ese eja de Infierno cuando se creó la Reserva Nacional Tambopata.

“Solucionar esta problemática histórica y compleja es clave, y a eso nos estamos dedicando gracias al esfuerzo compartido de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), el Gobierno Regional Madre de Dios y las propias comunidades indígenas”, agrega Peña.

El proyecto que ejecuta la SPDA busca fortalecer las capacidades técnicas y logísticas de la autoridad regional encargada del saneamiento físico y legal de la propiedad rural, empoderando al mismo tiempo a la organización representativa de los pueblos indígenas de la región, Fenamad.

“Con los funcionarios del Gobierno Regional y los propios pobladores locales, hemos recorrido los territorios de las seis comunidades con las que trabajamos en un principio para georreferenciarlas apropiadamente y con esa información empezar a dar solución a los problemas de límites o sobreposición de derechos que presentaban”, continúa el especialista de la SPDA.

De esta manera se logró que la comunidad de Infierno recuperé en la negociación con el Estado mil hectáreas que estaban por perder y registrar de manera definitiva el título de propiedad comunal sobre las 9,558 ha. que le corresponde y que la comunidad nativa de Puerto Luz pueda, ahora sí, tener saneados sus títulos de propiedad sobre las 56,873.00 ha. que les pertenece, dejando atrás un conflicto con sus vecinos de San José de Karene que llevaba 32 años sin resolver.

Hablan los indígenas

Días antes de la visita del papa Francisco a Puerto Maldonado, Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, dijo que «la crisis ambiental que agobia a la Amazonía peruana, es una crisis, de gestión territorial”.

Para el dirigente de la federación indígena que agrupa a las 34 comunidades nativas de Madre de Dios, sin territorios comunales debidamente saneados es imposible detener la deforestación que está arrasando con los bosques de la región.

Los datos le dan la razón. Según informes de una importante ONG conservacionista, la pérdida de coberturas boscosas en Madre de Dios alcanzó el año 2017 cifras de espanto: más de 20 mil hectáreas destruidas.

“En Madre de Dios, hay comunidades nativas cuyos territorios están concesionados en un setenta por ciento para minería. Sin títulos que reconozcan lo que es nuestro no vamos a poder implementar los planes de Vida Plena que las propias comunidades vienen elaborando en los últimos años”, afirma Cusurichi.

Su institución, nos refirió durante la entrevista concedida a Actualidad Ambiental, viene capacitando también a sus asociados para que implementen en cada comunidad las llamadas veedurías forestales, una instancia técnica auspiciada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) que intenta dotar a las propias comunidades indígenas de las herramientas necesarias para una adecuada vigilancia y gestión forestal.

“Con los reportes de estos veedores indígenas estamos construyendo una base de datos que nos permite conocer qué está sucediendo en cada comunidad en materia de deforestación. Muchos de estos veedores indígenas, prosigue Cusurichi, están en capacidad de elaborar los planes de manejo forestal que van a impedir que la madera de nuestros bosques caiga fácilmente en manos de terceros”, agregó el dirigente indígena.

“Con territorios bien custodiados y con títulos de propiedad en regla vamos a salvar nuestros bosques”, concluye.

Así estás las cosas en Madre de Dios, la capital peruana de la Biodiversidad y hogar de importantes pueblos originarios. Garantizar sus derechos a la tenencia de la tierra y sus bosques permitirá que puedan desarrollarse sosteniblemente y aportar a los objetivos climáticos que la comunidad internacional se ha planteado.

Tarea cumplida

Nos volvemos a encontrar con el ingeniero Eddy Peña, hemos recorrido las comunidades de Puerto Luz, Boca Pariamanu e Infierno para conversar con sus pobladores sobre el proceso de titulación que iniciaron en el marco del proyecto que impulsa la SPDA.

Ruhiler Aguirre Mishaja, el joven presidente de la comunidad nativa de Infierno nos comentó que su comunidad ya tiene los títulos refrendados en Registros Públicos, mientras que Julio Rolin Pacaya, máxima autoridad comunal de Boca Pariamanu refirió que están a la espera de la firma gobernador regional para que el trámite de titulación concluya.

Lo mismo nos dijo Yerko Tayori, presidente de la comunidad de Puerto Luz sobre el trabajo realizado: “Ya hemos concluidos todos los trámites que debíamos hacer, estamos a la espera de la resolución regional que aprueba nuestro título para inscribirlo de inmediato en Registros Públicos.

“Para nosotros como ejecutores del proyecto, el papel que ha jugado la Fenamad como institución representativa de las comunidades nativas ha sido fundamental para solucionar conflictos territoriales muy complejos, demostrando que si se promueve el trabajo interinstitucional se pueden satisfacer las demandas largamente esperadas de los pueblos indígenas”, concluye Eddy Peña.