El Valle del Tambo se ubica en la provincia de Islay, al suroeste de la ciudad de Arequipa. Su extensión es de aproximadamente 14 mil hectáreas, extendidas desde el distrito El Fiscal hasta Mollendo, capital de dicha provincia que supera los 60 mil habitantes.

La importancia de esta zona radica en que representa una de las principales fuentes de alimentos del departamento, por ello históricamente se le llamó “La despensa de Arequipa”. Aquí se cultiva arroz, papa, caña de azúcar, ajo, entre otros productos.

Distritos como Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón nacieron debido a la producción agrícola y por ello, según Jesús Cornejo, conocido dirigente del valle, la mayoría se opone al proyecto Tía María de Southern porque la agricultura es el motor de la economía. Este rechazo existe pese a que el proyecto representa una inversión de 1300 millones de dólares, generará 3500 puestos de trabajo directos en la etapa de construcción y 764 empleos directos durante la operación, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Jesús Cornejo es el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, una organización que agrupa a más del 50% de agricultores de valle. Para él, el Gobierno debió hacer un estudio socioeconómico en los distritos que serían afectados por los proyectos mineros para que conozcan cuál es el valor que los habitantes le dan al valle antes de aprobar un proyecto que –según ellos– podría afectarlos.

Actualidad Ambiental visitó el distrito de Cocachacra y conversó con Jesús Cornejo sobre cómo han vivido los sesenta días que duró el Estado de Emergencia y sobre cómo ellos ven el futuro del proyecto.

El estado de emergencia tenía como objetivo detener la violencia que estaba sucitándose en todo el valle. ¿Cómo vivieron estos sesenta días?
La población vivió esos días con tensión. Nuestros derechos estaban recortados y no podíamos reunirnos, no precisamente para realizar alguna protesta, sino para tener por ejemplo asambleas de trabajo necesarias para las actividades agrícolas.

Cuando inició el estado de emergencia, se denunció que los policías entraban a las casas de los dirigentes para detenerlos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
La Policía aprovechó el estado de emergencia para hacer detenciones entrando, en algunos casos, a los hogares. Todo lo que se ha denunciado sobre eso es cierto. El Gobierno aprovechó esa medida para amedrentar al pueblo. Sí hubo abuso de parte de la Policía. Aquí te acusan sin pruebas, te encierran sin pruebas. En mi caso, por ejemplo, tengo cerca de 20 procesos y todos sin medios probatorios, sin sustento.

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¿A usted por qué motivo lo han procesado?
Por todo. A mí me involucran y me responsabilizan por todas las acciones que han hecho las personas acá, durante la protesta. Hasta del asesinato del policía. De todo me acusan. Constantemente tengo que ir a Arequipa a caminar por la Fiscalía. Yo quiero saber quién está detrás de esta persecución. Les sobra las ganas de que declaren una orden de captura en contra mía.

Luego del estado de emergencia, ¿considera que ya volvieron a la normalidad?
Se puede decir que está normal, pero la presencia de la Policía siempre incomoda a la población. De alguna u otra forma la población mira a la Policía como el enemigo. Si ya se levantó el estado de emergencia, no hay razón para que la policía siga aquí. A veces las decisiones que toma el Gobierno no son acordes con una realidad.

¿En qué parte se puede encontrar más presencia policial?
Los policías están más en los cruces, curvas, puentes y vías principales. Durante el estado de emergencia, estaban en todas partes, hacían patrullajes.

“Aquí la gente no tiene miedo a morir”

Durante las Fiestas Patrias, las casas del valle –como todo el Perú– lucieron banderas peruanas, pero también otras que representan la posición de la mayoría y cuyo escudo es una frase ya conocida por todos: “Agro sí. Mina no”. Cornejo narra que la población esperaba que Ollanta Humala diera una posición clara sobre el futuro de proyecto, pero se sintieron decepcionados. Horas después, muchos participaron en el desfile cívico y, portando banderas y polos blancos, marcharon lanzando arengas en contra el proyecto minero.

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En el tiempo que cesaron las manifestaciones, Southern inició una campaña a través de todos los medios para informar sobre los posibles beneficios del proyecto, asegurando que cada día estaban teniendo mayor aceptación, pero Jesús Cornejo considera como una “agresión” a dicha estrategia.

Hasta el momento el Gobierno no ha elaborado un cronograma de trabajo que busque el diálogo en Islay. La Cámara de Comercio de Mollendo sostuvo que el Gobierno no aprovechó el estado de emergencia para reunirse con las autoridades del valle, pero ello no sucedió.

¿La minera está realizando campañas de información en Cocachacra?
Ellos siempre han invertido en publicidad, pero no están acá. Aquí nadie los quiere. Decir que están informando sobre el proyecto aquí donde no están, es una agresión y las autoridades lo permiten.

¿Cuál es la posición actual de los habitantes del valle? ¿Participarán en las mesas de diálogo del Gobierno?
La prensa ha hecho ver que nosotros no queremos diálogo, que nosotros hemos pateado el tablero, y eso es falso. Lo que pasa es que a veces han querido poner a personas que no nos representan. El pueblo debe estar representado por sus autoridades elegidas, pero la minera crea colectivos para dividir y para representarnos supuestamente. Como por ejemplo, el famoso Colectivo de Desarrollo y otras organizaciones que no tienen representatividad.

Entonces, ¿sí participarán en las mesas de diálogo?
Dialogar es bueno, pero no quiero que se piense que si uno pide diálogo es para aceptar el proyecto. Tenemos que sentarnos y poner nuestros puntos de vista de por qué esta población hace resistencia. Eso debe entender el Gobierno, escuchar a la población sobre por qué no quiere minería.

¿La posición de ustedes es realizar un nuevo estudio de impacto ambiental o no quieren para nada un proyecto minero?
Aquí el pueblo no va a aceptar minería, sea la empresa que sea. Eso está claro. Las condiciones políticas, las condiciones del Gobierno actual han demostrado que el proyecto no va. Lo que vaya a suceder en el futuro ya es otra cosa, nosotros no seremos eternos. Quizás en el futuro vengan con nuevas propuestas y sean más responsables ambientalmente.

Entonces, las protrestas continuarán si es que el Gobierno sigue impulsando el proyecto…
Aquí la gente no tiene miedo de morir y eso es lo que tiene que ver el Gobierno. Debe darse cuenta de que el pueblo no va a aceptar la minería. A eso se suman los antecedentes de la empresa Southern que ha hecho daño en el sur de Arequipa y el Gobierno no ha hecho nada. Si esto pasa aquí cerca, ¿por qué nosotros deberíamos creer en esta empresa?, ¿por qué aceptar sus condiciones?