Foto: El Comercio

• Paro indefinido contra el proyecto minero Tía María se inició hoy lunes en diversas zonas de la región.

Debido a algunos actos de violencia que se produjeron en el marco del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde hace un llamado a la calma y pide a las autoridades a retomar el diálogo.

Desde tempranas horas de la mañana, la manifestación convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) tuvo una significativa acogida en la misma ciudad de Arequipa. Diversos gremios paralizaron sus actividades y se sumaron a la protesta contra el proyecto de Southern Perú. La medida de fuerza produjo enfrentamientos contra la Policía Nacional.

“La Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia cometidos por algunos grupos de pobladores, y reitera su llamado a la calma. Del mismo modo, expresa su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene en la integridad física de las personas -sean estas civiles o policías-; en los niños y niñas cuyas labores escolares han sido suspendidas tanto en Islay como en Arequipa; y, en las atenciones des salud, actividades económicas, administrativas y de otra índole”, manifestó la Defensoría.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades regionales y locales para “interceder en favor del cese inmediato de la violencia, teniendo en cuenta que respecto de la autorización de construcción de la mina Tía María existen procedimientos legales en curso, como el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno Regional y la Junta Usuarios del Valle de Tambo, así como la medida cautelar planteada por la Municipalidad Provincial de Islay. Corresponde esperar las respuestas oficiales”.

La Defensoría también exhortó a los manifestantes a desbloquear las vías porque estaría poniendo en riesgo “la seguridad y la salud de grupos de personas particularmente vulnerables como los menores de edad, adultos mayores, personas enfermas, mujeres gestantes. La protesta social no puede llegar al extremo de afectar los derechos de los demás”.

Finalmente, precisó que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), autorizada mediante Resolución Suprema 080-2019-IN, se deberá circunscribir al ámbito del terminal Portuario Matarani y, en todo momento, se sujetará a las disposiciones de la PNP. Esta “intervención no implica la restricción o suspensión de ninguno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, resaltó.