Foto: Diego Pérez / SPDA

• “El Perú tiene la obligación de registrar no solo los asesinatos [de defensores ambientales], sino también identificar las situaciones de riesgo que hay en todo el país”, indica Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.

Cuando se habla de Amazonía, es necesario resaltar que no solo el bosque o territorios que la conforman están en peligro, también lo están quienes la defienden. En nuestro país, unas diez personas han sido asesinadas en el último año por defender sus territorios y nuestra biodiversidad.

De estos “ocho casos se han producido en la Amazonía del Perú”, advierte Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en una reciente entrevista para el programa Los animales me importan de Pancho Cavero.

Aunque los asesinatos representan son lo más preocupante, estos “son solo la punta del iceberg”, por lo que es necesario que se implemente el registro de situaciones de riesgo, con el objetivo de tener un mapa de riesgos. Este mecanismo fue creado por el Ministerio de Justicia, pero “lamentablemente aún no está implementado”, explica la abogada de la SPDA.

Con este mecanismo se podría lograr que el país cuente con un informe oficial sobre los asesinatos y agresiones hacia personas defensoras de derechos. “El Perú tiene la obligación de registrar no solo los asesinatos, sino también identificar las situaciones de riesgo que hay en todo el país”, señala la especialista.

Otra deuda pendiente para poder garantizar la protección de estos defensores es la ratificación del Acuerdo de Escazú, tarea que no concretó el Congreso de la República anterior. Hoy, con un nuevo Ejecutivo y Legislativo, organizaciones, activistas y líderes indígenas esperan esta vez se logre ratificar este tratado.

“Lo que tenemos aprobado es como una pequeña isla que solo vincula al Ejecutivo y a ocho ministerios. Si se ratificaba el Acuerdo de Escazú esta isla iba a formar parte de algo más grande. Esto es el marco legal que no tenemos”, sentencia Katherine Sánchez y recuerda que “las obligaciones para proteger y promover este derecho humano fundamental de defender derechos son del Estado”.

[Ver además ►Aidesep pide a presidente Castillo garantizar la protección de defensores ambientales]

Puedes ver la entrevista completa a Katherine Sánchez en este video: