Por Fátima Contreras
Programa de Política y Gobernanza Ambiental
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Miembro de The Access Initiative (TAI)

 

Han pasado tres años desde que empezaron las negociaciones para la adopción de un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 de la Declaración de Río en América Latina y el Caribe. Sin embargo, aún está pendiente definir y ajustar distintos aspectos para que podamos contar con un texto robusto, garante y, sobre todo, vinculante, que permita mejorar los estándares de reconocimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana en toma de decisiones y justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe.

La octava reunión de negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10 se realizará desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre de este año en Santiago de Chile. Se espera congregar a delegaciones de veinticuatro países de América Latina y el Caribe para retomar las negociaciones que permitan llegar a un consenso regional que sea finalmente favorable para todos los ciudadanos.

Esta vez, la atención de la sociedad civil y de todos los ciudadanos estará puesta en las delegaciones oficiales de los países, pues desde la séptima reunión de negociación, las expectativas de lograr un Acuerdo ambicioso y garante de dichos derechos cayeron considerablemente al identificarse retrocesos significativos en los estándares que se perseguían al inicio.

Para el caso peruano, el Acuerdo Regional constituye una oportunidad única para el Estado de reafirmar su compromiso con los ciudadanos de brindar su máximo esfuerzo para asegurar el goce pleno y efectivo de los derechos de acceso, lo cual urge en un contexto en donde las políticas públicas y legislación en estos últimos años han estado orientadas, primordialmente, a la promoción de la inversión privada en desmedro de los intereses colectivos, como si se trataran de fines opuestos o divorciados.

Ver además: [Descarga PDF] Conoce qué es el Principio 10 y por qué es importante para nuestro día a día

En ese sentido, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental comparte las siguientes reflexiones que consideramos importantes y que deben ser tomadas en cuenta en la octava reunión de negociación a realizarse en Chile:

• Recuperar e interiorizar las consideraciones de la “Visión de Lima», que reconoció la instrumentalidad de los derechos de acceso para profundizar y fortalecer la democracia, y contribuir a una mejor protección del medio ambiente y de los derechos humanos.
• La información ambiental debe ser pública y su acceso no debe tener restricciones. Esto implica que se debe mantener actualizados los sistemas de información nacional con información proporcionada por entidades públicas y privadas. Ello será además clave para el diseño y eficacia de políticas públicas y evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
• El Estado debe asegurar la participación ciudadana oportuna en la toma de decisiones en asuntos ambientales; más aun considerando nuestra pluriculturalidad. Se debe garantizar mecanismos de participación con enfoque indígena y con especial atención a los grupos vulnerables.La participación ciudadana es un elemento sustancial en cualquier proceso político, legislativo o administrativo. No debe ser blanco de las reformas de simplificación administrativa ambiental para la promoción de inversiones privadas. Esto, en ocasiones pasadas, ha generado no solo situaciones de conflictividad sino la afectación abierta de derechos fundamentales.
• Urge desarrollar mecanismos de justicia ambiental efectivos, accesibles e inmediatos. En un contexto en donde estamos en constante lucha contra ilegales que atentan la sostenibilidad de nuestros ecosistemas como bosques y ríos; donde no hay una efectiva atención inmediata al incumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales de los privados; y donde los defensores del ambiente y recursos naturales son amenazados, intimidados o vulnerados, la necesidad de contar con organismos administrativos y judiciales especializados que imparten justicia en materia ambiental, se vuelve un llamado de urgencia.

Esperamos que las delegaciones de los países en representación de sus Gobiernos y de los ciudadanos de toda la región, demuestren su compromiso y disposición a negociar un instrumento que garantice la democracia y gobernanza ambiental a través del fortalecimiento de los derechos de acceso. Solo así alcanzaremos la oportunidad de encaminarnos hacia el desarrollo sostenible, la justicia y la paz social dejando un mejor legado a las próximas generaciones.

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