• Los nuevos medios probatorios buscan anular la prisión efectiva contra un extrabajador prófugo y desestimar la reparación civil de 15 millones de soles.

Por Luis Chacón

La audiencia de apelación de la histórica sentencia en primera instancia contra Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora Tamshi S.A.C.) y tres de sus trabajadores por delitos relacionados a la deforestación en la zona de Tamshiyacu, en Loreto, fue aplazada para el 14 de octubre de 2020.

Tal como informó Actualidad Ambiental, en el reinicio de actividades del Poder Judicial de Loreto, tras la cuarentena por la pandemia del COVID-19, se programó la apelación de este emblemático caso para el viernes 2 de octubre a las 2:00 p.m. Sin embargo, se obvió un trámite judicial.

Resulta que tanto la empresa Tamshi como Rubén Espinoza, actualmente prófugo, presentaron nuevos medios probatorios que no fueron trasladados tanto a la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam) ni al Ministerio Público.

Danilo Espinoza Caro, coordinador de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, explica que estos documentos debieron ser trasladados a fin de analizarlos y lo que más llamó la atención fue que la sala decidiera admitirlos.

“Tanto nosotros como la Fiscalía Superior Penal de Loreto advertimos una vulneración de derechos hacia nuestras partes y formulamos nulidad a dicha resolución. Lamentablemente, como cuestión previa a la audiencia de apelación, se vio eso hoy y la sala optó por desestimar nuestro pedido”, precisa Espinoza.

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No obstante, durante la oralización de estos nuevos medios probatorios se probó que tanto la Fiscalía como el Minam no había tenido acceso a estos documentos “ni por correo electrónico”, por lo que se optó por suspender la audiencia hasta el 14 del presente mes.

Según el funcionario del Minam, son más de 400 hojas en total las que presentaron tanto la empresa acusada, y que deberán ser revisados con detenimiento, pues buscan dar un giro al caso de Tamshiyacu.

¿De qué tratan estas nuevas pruebas?

Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), especialista que ha seguido de cerca este caso, explica que estos nuevos medios probatorios son “trascendentales”, pues cuestionan el monto de la reparación civil a favor del Estado y la prisión efectiva contra Espinoza.

“La Procuraduría y el Ministerio Público habían impugnado la incorporación de estos medios probatorios porque no se les había corrido traslado a ellos para que puedan pronunciarse al respecto o evaluarlos y los medios probatorios sí son trascendentales porque apuntan a dos cosas. De parte de Tamshi, cuestiona la valorización económica realizada por la Procuraduría de Minam, que dio sustento al monto de casi 15 millones de soles (reparación civil). El segundo medio probatorio fue presentado por el procesado prófugo (Rubén Espinoza) y es que no tendría un vínculo con Cacao Perú Norte SAC., como para tomar decisiones”, precisa Araujo.

Según el especialista de la SPDA, la finalidad de estos nuevos medios probatorios es indicar que no se realizó una buena investigación por parte del fiscal, al punto de sentenciar a personas con una distinta relación con la empresa. De igual forma, también se cuestiona la metodología del Minam sobre el monto de reparación civil. Si ambas pruebas son aceptadas por el juez, el caso “se cae”.

¿Por qué no se presentaron antes?

Dentro de este tipo de procesos judiciales, una de las partes puede recurrir a un tema de excepción en cuanto a los plazos de presentación de pruebas y recibir una sanción genérica, tal como ocurrió en este caso. Para ello, se debe sustentar que los nuevos medios probatorios aparecieron recientemente o que no existía la posibilidad de tener acceso a estos y trasladarlos a la Fiscalía y demás involucrados.

“Lo que dicen las partes acusadas es que sí sabían de la existencia de esos documentos, pero no podían acceder a ellos. En el caso del señor Espinoza, son copias de planilla, de registro de asistencia, que son de terceros y que no estaban en su poder. Estaban en un registro público, pero de terceros y que recién ha podido conseguir. Obviamente, Procuraduría y el Ministerio Público pueden objetar la idoneidad de estas pruebas, pues tienen que aportar algo nuevo al proceso”, comenta Jean Pierre Araujo.

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En el caso del cuestionamiento al monto de reparación civil, hay que tener en cuenta la complejidad que requiere evaluar en temas de montos económicos los recursos naturales, esto debido a la perspectiva, la metodología y otros factores que habría tomado en cuenta el Minam en el caso de deforestación del bosque de Tamshiyacu.

“Lo que le va a tocar a la Procuraduría con esta contraprueba o peritaje de valoración económica, es analizar la supuesta divergencia. En una evaluación de recursos naturales pueden existir diferentes metodologías para medir este tipo de pruebas, no es como medir una obra de infraestructura, aquí es mucho más difícil”, indica el especialista de la SPDA.

A la espera de una sentencia definitiva

Tal como indica un pronunciamiento que insta al Poder Judicial cerrar este caso con una sentencia definitiva que marque un hito en la lucha contra la deforestación, desde la SPDA se hace hincapié en las pruebas que demostraron en primera instancia los delitos cometidos por esta empresa y que no deben implantar un modelo de adquisición de tierras de la Amazonía, cambiar el uso de estar sin contar con las licencias respectivas.

“Este caso es emblemático muy a parte del monto o las prisiones, porque muestra que no se puede vulnerar el sistema ambiental aduciendo un desconocimiento y falta de pericia. En este caso estamos hablando de una empresa bien constituida que al día de hoy ha incorporado al abogado Roberto Pereira, que defendió al presidente Martín Vizcarra en el reciente pedido de vacancia del Congreso. Queremos que se den mensajes claros contra estos modelos de inversión que tratan de evadir o eludir el sistema de gestión ambiental y que asuman su responsabilidad y las consecuencias de sus actos”, sentencia Araujo.

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Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), fue sentenciada por traficar productos forestales maderables obtenidos del retiro de la cobertura boscosa forestal de 1946.21 hectáreas de bosque primario del fundo Tamshiyacu, en Maynas, Loreto. El monto de reparación civil fue fijado en poco más de 15 millones de soles y Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa y actualmente prófugo, fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad.