Foto: Oxfam

• Martin Ruggiero, nuevo ministro de Trabajo, estuvo asociado a la firma que representa a Tamshi SAC, empresa que fue sentenciada por deforestación en Loreto.

El estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que asesora a Tamshi SAC (antes Cacao del Perú Norte SAC), empresa sentenciada por deforestación en Tamshiyacu (Loreto), envió una carta al fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, encargado del caso, para que se excluya en otra investigación que tiene a cargo y que también incluye a la cuestionada empresa, informó Mongabay Latam.

Un detalle que llama la atención es que el nuevo ministro de Trabajo, Martin Ruggiero, trabajó en dicha firma de abogados antes de aceptar ser parte del nuevo gabinete ministerial. En este nuevo proceso que sigue la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, además, uno de los socios del estudio, Alonso Rey Bustamante, fue exgerente general de la empresa Tamshi SAC de enero a abril de 2017.

En la misiva enviada hace una semana y a la que tuvo acceso Mongabay, se solicita al fiscal Caraza Atoche “se sirva excusarse del presente proceso penal” que también incluye al fundador de la empresa, Denis Melka, y a Fernando Meléndez Celis, excongresista y exgobernador regional de Loreto.

La carta enviada por Juan Diego Ugaz Heudebert, del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez y defensor de Rey Bustamante, cuestiona a Caraza por “conductas arbitrarias” y “los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal”, además de “infracciones administrativas”, lo que para Julio Guzmán, procurador del Ministerio de Ambiente, es un caso inédito.

“Hay presión contra la fiscalía y me sorprende que se envié un documento que evidencia un ánimo de perturbar la investigación. (…) Es la primera vez que me encuentro con un estudio que está vinculado a tala ilegal”, indicó Guzmán.

El documento de 60 páginas también señala que el fiscal tiene “el único propósito malicioso de desprestigiar y dañar la buena imagen y reputación de Tamshi SAC”, con lo que argumenta el retiro de Caraza de la investigación, pedido que no tiene sustento jurídico, según César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente.

“El fiscal ha actuado de manera pertinente y no ha tenido ninguna conducta inadecuada. La defensa no puede buscar a un fiscal que sea conveniente ni seleccionar a un fiscal ‘amigo’”, indica Ipenza.

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Fiscal Alberto Caraza. Foto: Pro y Contra

Respecto a este caso relacionado a Tamshiyacu, la acusación incluye delitos contra los bosques: destrucción, daño y tala, además de la falta de permisos y que podrían llevar a una sanción de pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Pese a que el nuevo ministro de Trabajo ya no forma parte del estudio de abogados en investigación, para Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sí existe cierta preocupación y hasta podría haber un tema de conflicto de intereses.

“El estudio del ministro de Trabajo venía atacando al fiscal que investiga la deforestación ilegal en Loreto por el caso Tamshiyacu. Las presiones han sido fuertes y han solicitado que el fiscal Caraza se retire del caso. Atentos todos ante el riesgo de conflicto de interés”, indica Urrunaga.

Un dato respecto al estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez y el actual estado de emergencia por la COVID-19, es que fue beneficiado con un préstamo del programa Reactiva Perú por 4 764 521 soles.

Más presiones al fiscal

En marzo de 2020, el fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche declaró a Actualidad Ambiental que no contaba con seguridad personal, pese a los constantes hostigamientos recibidos a través de las redes sociales, medios de Loreto e incluso por los plantones que se realizaron en su contra, en la puerta de Poder Judicial de Iquitos.

Sentencia histórica del caso Tamshiyacu

Hace casi un año (25 de julio de 2019) se logró un hecho histórico respecto a deforestación: la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.) fue sentenciada por tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en el bosque de Tamshiyacu (Loreto).

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El adelanto del fallo lo dio el juez Herbert Benavente Chorres, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, donde se fijó una reparación civil para el Estado de 15 720 461.27 soles por deforestar 1950 hectáreas del bosque de Loreto, además de condenar 8 años de pena privativa de la libertad a Rubén Antonio Espinoza, gerente de la empresa y actualmente prófugo, y penas suspendidas a otros dos trabajadores.