- Se trata de un convenio de subvención para que Orpio tenga los recursos necesarios para impulsar los procesos de tenencia colectiva de tierras indígenas.
A menos de tres meses del Bicentenario, aún existe un grupo importante comunidades indígenas que no cuentan con acceso a la seguridad jurídica sobre los territorios que habitan ancestralmente. En este contexto, con la intención de trabajar para disminuir esta brecha, así como garantizar el cumplimiento de otros derechos colectivos de estos pueblos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) firmaron un convenio de subvención.
Este nuevo acuerdo deriva de un primer convenio, firmado entre ambas organizaciones en junio del año pasado, y tenía por objetivo establecer una alianza estratégica a fin de fortalecer la institucionalidad del país en materia intercultural y contribuir en la promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En este sentido, considerando la seguridad jurídica territorial como un derecho colectivo clave para el bienestar de los pueblos indígenas, la cooperación entre la SPDA y Orpio se enfoca principalmente en impulsar el acceso a la tenencia.
Para ello, se identificó como necesario asegurar una mayor participación de Orpio en espacios de toma de decisiones y facilitar a esta organización indígena de los recursos necesarios para contar con profesionales encargados de encaminar los procesos de titulación.
Estos profesionales proporcionaran información y asesoría para garantizar la mejora de la participación de Orpio en los espacios de coordinación y decisión con autoridades regionales y nacionales, facilitando el acceso a seguridad jurídica territorial de las comunidades nativas en Loreto.
Este equipo técnico, conformado por un abogado, un asistente contable, un especialista y dos asistentes SIG (Sistema de Información Gráfica), y un técnico de campo, tendrá la responsabilidad de monitorear el avance de los procesos de titulación y apoyar en lo necesario para que estos no se traben.
Seguridad jurídica sobre territorios
Loreto, la región amazónica más extensa del país, es habitada por 32 pueblos indígenas distribuidos en 1207 comunidades. Sin embargo, poco más del 60% de estas cuentan con un título comunal que les brinda seguridad sobre el territorio que ocupan y del cual dependen.
En este sentido, Jorge Pérez, presidente de Orpio, señaló el año pasado la importancia de continuar trabajando por el reconocimiento de sus derechos territoriales en marco a la titulación de sus territorios ancestrales, indicando que “esto es algo importante, porque mientras más se demoran en entregar los títulos, los territorios de los pueblos indígenas van a ser mucho más invadidos y van a ser objeto de deforestación, depredación y otras actividades que pueden afectar los derechos colectivos”.
Pese a la importancia de la titulación, la brecha aún es considerable y la promesa del Gobierno de saldarla antes del Bicentenario está lejos de cumplirse, en parte debido a los retrasos en los procesos ocasionados por la pandemia del COVID-19, pero también por la falta de recursos profesionales y presupuestales con los que cuenta la autoridad regional encargada de estos procesos.
Por ello, el nuevo convenio firmado entre la SPDA y Orpio es de gran ayuda, y esto es posible gracias al financiamiento de The Tenure Facility en marco al proyecto “Seguridad jurídica de los territorios indígenas: reivindicando los derechos ancestrales en el Perú”.
Sobre Orpio
Orpio es una organización indígena que trabaja en Loreto por las comunidades y ciudadanos indígenas de 15 cuencas, 15 pueblos indígenas y 21 federaciones a las que representa. Esta organización indígena, que es base de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), trabaja por la defensa de los derechos de los pueblos a los que representa y por lograr el Buen Vivir para ellos.
Datos:
- El documento fue suscrito en representación de Orpio, por Jorge Pérez Rubio, presidente de esta organización; y por la directora ejecutiva de la SPDA, Isabel Calle Valladares.
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