En la siguiente entrevista, Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), afirma que el gobierno debería fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa Yanacocha, tras el peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga y el último discurso del presidente Humala.

Para Solano, además, si bien es cierto que los opositores a Conga han conseguido mejores condiciones para el proyecto y el futuro de la minería en el Perú, corren el riesgo de perder “credibilidad cuando evidencian que no se oponen al proyecto Conga, sino en realidad a la empresa”.

El último sábado, Ollanta Humala brindó un discurso donde mencionó su visión frente a la “Nueva minería” y el futuro del proyecto Conga. Tras estas declaraciones, ¿cree que el Gobierno va por buen camino?
Es muy saludable que el gobierno esta vez haya invertido recursos y tiempo en mejorar la información técnica (peritaje), mejorar las condiciones de ejecución del Proyecto (pedir mayor disponibilidad de agua, más empleo, menor afectación a las lagunas naturales) y mejorar la comunicación a través de los mensajes presidenciales y la presencia en medios de los ministros. La sensación es que se quiere recuperar el rol de promotor y defensor del interés público. Pese a ello, a lo largo del conflicto subsisten mensajes cruzados entre algunos portavoces del gobierno central.

Los líderes de las manifestaciones contra el proyecto Conga han mantenido su posición luego del mensaje presidencial. ¿Qué opina al respecto?
El presidente regional de Cajamarca y los líderes de las protestas han logrado un éxito importantísimo porque, gracias a su acción, se han conseguido mejores condiciones no sólo para un proyecto, sino para el futuro de la minería y, ojalá, para el futuro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, pierden esta perspectiva y también su credibilidad cuando evidencian que no se oponen al proyecto Conga, sino en realidad a la empresa.

Entonces, ¿qué actitud deberían tomar los opositores luego de las medidas adoptadas por el Gobierno?
Si el tema es ambiental, veamos si es ambientalmente viable y cómo. Si también hay reclamos sociales, busquemos nuevas formas de una participación más justa en los beneficios. Si no le creo a esta empresa en particular, busquemos la manera de monitorear los acuerdos y castigar los incumplimientos.

¿Qué opina de la posición de Yanacocha y Buenaventura luego del pronunciamiento de Ollanta Humala sobre la ejecución del proyecto? ¿Han sido adecuadas?
Los mensajes de los representantes de la empresa han sido cruzados y eso no es bueno para la coyuntura. Por un lado, el Vicepresidente de Newmont, Carlos Santa Cruz, aparece conciliador y ponderado, concentrándose en el período inmediato que sería el de garantizar una mayor provisión de agua para Cajamarca. Sin embargo, el gerente general de Buenaventura, Roque Benavides, parece mediatizar la aceptación de condiciones solicitadas por el gobierno, y ningunea nuevamente las lagunas y el hecho que sean «salvadas», lo cual no contribuye absolutamente a la credibilidad de la empresa.

Ambos han dicho que cumplirán con las recomendaciones y con la ley…
Sí, pero el discurso de «cumplo la ley y es suficiente» no es en realidad suficiente. Luego de 20 de años de operar en la zona y tener una oposición tan grande debería llevar a la empresa a plantearse otros paradigmas de operación, donde la solidaridad y la integración a la comunidad podrían sumarse en su beneficio.

Finalmente, ¿cuál debe ser el siguiente paso del Gobierno?
Toca ahora fijar las condiciones y reglas para el monitoreo de los compromisos, donde se espera un rol activo del gobierno central pero también de las autoridades locales y sobre todo de las poblaciones vecinas. Fortalecer al MINAM y OEFA para esto y para el rediseño de la manera en que funcionan los instrumentos de gestión ambiental son tareas imprescindibles.