Con el fin de intercambiar experiencias, compartir herramientas tecnológicas y formular propuestas vinculadas a la defensa de los derechos de los concesionarios forestales y de fauna silvestre, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) formó parte del panel de invitados del evento de capacitación “Atención de delitos ambientales y el uso de la tecnología” en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), realizado el pasado 12 de julio, en el marco del Festival Conservamos.

El mencionado panel estuvo conformado por Hugo Che Piu, presidente de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Juan Carlos Guerra, especialista de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA); Alfredo Zúñiga, abogado de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor); y Alvaro Reyes, integrante del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA.

Alvaro Reyes mencionó algunos de los problemas que persisten en las distintas regiones e impiden a los concesionarios un efectivo ejercicio de sus derechos. “A la fecha, muchos ciudadanos encuentran problemas con la atención efectiva de sus denuncias ambientales por la comisión de actividades ilegales dentro del área de su concesión. Esto responde principalmente a la falta de recursos logísticos con los que las Fiscalías cuentan, la filtración de información que se produce al programar una diligencia a un área de difícil acceso y la alta carga de expedientes por fiscal”, explicó.

Sin embargo, remarcó la evolución que las instituciones públicas han presentado a lo largo de los últimos diez años en algunas regiones, como Madre de Dios. “Se deben rescatar los esfuerzos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial por mejorar esta problemática en Madre de Dios. Por ejemplo, se cuenta con un juzgado especializado en materia ambiental, así como 4 veces más fiscales especializados en materia ambiental en comparación al año 2011”, detalló.

Asimismo, resaltó el compromiso de la SPDA para mejorar el acceso a la justicia a través de diversas estrategias, incluyendo la capacitación de operadores de justicia, como ocurrió con el “Programa de capacitación de jueces en temas ambientales y recursos naturales”, realizado entre agosto y diciembre del año pasado, en el que participaron más de 130 jueces de diez distritos judiciales.

En esa misma línea, la SPDA también ha impulsado el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Este tratado, suscrito por el Perú en 2018, contribuirá a ejecutar las herramientas y mecanismos de acceso a la justicia, particularmente de poblaciones vulnerables, con la finalidad de resguardar derechos ambientales.

[Leer además ► Perú hacia la democracia ambiental: ¿Por qué el Congreso de la República debe ratificar el Acuerdo de Escazú?] 

El especialista también precisó las herramientas que la SPDA ofrece a la ciudadanía, tales como el Consultorio Jurídico Gratuito en las regiones Lima, Piura, Madre de Dios y Loreto, así como la plataforma Alerta Ambiental, que “se encuentra orientada tanto a los ciudadanos como las autoridades y permite la visualización de zonas afectadas por actividades ilegales y todos los hitos dentro de un proceso penal, desde la formulación de la denuncia hasta la eventual condena del denunciado”.

Por último, indicó el uso de herramientas tecnológicas en aras de la protección y tutela de derechos de los defensores ambientales, tal como el sistema de vigilancia para detección de actividades ilegales en tiempo real, gracias al respaldo de UICN Holanda, con la asesoría legal y técnica de la SPDA, que algunos concesionarios y Comunidades Nativas tienen a disposición, como la Comunidad Nativa Infierno, en Madre de Dios, la cual contribuyó a la detención y prisión preventiva de los presuntos responsables.

 

Por su lado, Hugo Che Piu señaló la experiencia y actividades que DAR se encuentra efectuando en las distintas regiones amazónicas, así como las limitaciones y mejoras pendientes por parte de actores clave como el Ministerio Público y los Gobiernos Regionales en la atención de denuncias ambientales.

De igual forma, Juan Carlos Guerra destacó la experiencia de ACCA en el uso de tecnologías para reunir información y cómo estas pueden generar medios de prueba válidos que permitan generar convicción en los fiscales y jueces que tengan a su cargo un determinado proceso penal.

Finalmente, Alfredo Zúñiga del Serfor repasó la evolución y características del Informe Fundamentado en los procesos penales. Entre sus apreciaciones indicó que el uso que los funcionarios le dan actualmente a esta figura no coadyuva a la determinación de daños o a dotar de contenido a las leyes penales en blanco. “Sin embargo, se debe destacar el cambio positivo que significó su modificación en 2017, en tanto dejó de ser un requisito de procedibilidad de la acción penal”, culminó.

La actividad contó con la participación de Flor de María Vega, Coordinadora Nacional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA); Rita Vilca y Karina Pinasco de AMPA; y más de 50 concesionarios de ecoturismo y productos forestales diferentes a la madera, provenientes de distintas regiones amazónicas.