Foto: Fenamad

•  A través de una opinión legal enviada al Congreso de la República, SPDA concluye que el PL 3518/2022-CR debe ser archivado.

[Revisa la opinión legal aquí]

A pesar de la grave situación social y política que está viviendo el país, el Congreso de la República continúa agendando el debate de distintos proyectos de ley que han sido señalados por diversas organizaciones como contraproducentes por su impacto en nuestra Amazonía.

Uno de estos es el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, presentado por el congresista fujimorista Jorge Morante Figari, que propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto Inicial (Ley PIACI).

Ante esta propuesta, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó una opinión legal ante la Comisión de Descentralización del Congreso, en la cual concluye que el proyecto de ley debe ser “desestimado al atentar directamente contra los derechos a la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”. 

[Ver además ►SPDA presenta especial sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI)]

A continuación, resumimos los principales argumentos de la SPDA:

1. El PL atenta contra la institucionalidad desarrollada durante los últimos dieciséis años en nuestro país a favor de la protección y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento de nuestro país. “Como se aprecia del detalle técnico expuesto, las medidas propuestas no implican una mejora del sistema legal vigente siendo que, por el contrario, se debilita el mismo al (i) incluir causales adicionales para desafectar territorio protegido a través del sistema de reservas territoriales; y (ii) reduciendo la rigurosidad del proceso de categorización que hoy incluye a organizaciones académicas, de sociedad civil, organizaciones indígenas y otros sectores del poder ejecutivo que brindan información vinculada con la gestión territorial y aseguran la protección de los principios de no contacto, prevención, autodeterminación, entre otros”, señala el informe.
2. Los gobiernos regionales actualmente ya forman parte del proceso dispuesto para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial ya que pueden proponer la categorización de reservas indígenas. Asimismo, forman parte de la Comisión Multisectorial que evalúa el Estudio Previo de Reconocimiento y el Estudio Adicional de Categorización para declarar la existencia del pueblo y determinar la extensión territorial que les será reconocida. “En ese sentido, parece innecesaria una modificación a la Ley PIACI con el objeto de dar a los gobiernos regionales un protagonismo mayor al que actualmente tienen”, agrega la SPDA.
3. Sin mayor sustento legal ni constitucional, el PL propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Base de Descentralización (LBD) e, inclusive, la Ley de Creación del Ministerio de Cultura. “Asimismo, pretende transferir competencias a un subnivel de gobierno de manera intempestiva, quebrando la unidad del sistema normativo”.
4. El PL no ha sido sometido a un proceso de consulta previa ni contempla la participación de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial ya que los efectos del proyecto de ley impactan en la protección de derechos fundamentales de este colectivo.
5. El Proyecto de Ley en cuestión ha sido remitido a las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; y, Cultura y Patrimonio Cultural. “Resulta indispensable que en base al principio de especialidad este Proyecto sea discutido también en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología”.

En este sentido, la SPDA considera que el Proyecto de Ley 3518/2022-CR es inconstitucional y no ha seguido el procedimiento dispuesto en el Reglamento del Congreso. Las organizaciones indígenas del país han alzado su voz de preocupación frente a esta propuesta legislativa, al igual que Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para las Naciones Unidas.