SPDA: «Los problemas ambientales no deben permanecer invisibles en la segunda vuelta»

viernes 23 de abril, 2021

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) publicó un comunicado donde exhorta a los partidos políticos, que han pasado a la segunda vuelta electoral, a presentar propuestas dirigidas a enfrentar los diversos problemas ambientales del país.

«Desde la SPDA invocamos a los candidatos y partidos políticos que conformarán el Congreso a poner en agenda, informarse y difundir las principales propuestas y análisis respecto a la necesaria relación entre desarrollo económico, bienestar y respeto a nuestros ecosistemas», destaca la institución.

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Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES NO DEBEN PERMANECER INVISIBLES EN ESTA SEGUNDA VUELTA

El pasado 11 de abril, en un contexto especial debido a la pandemia del COVID-19, los peruanos regresamos nuevamente a las urnas para ejercer nuestro derecho a elegir al próximo presidente, congresistas y parlamentarios andinos. Después de intensos debates y promesas, los peruanos elegimos finalmente a dos candidatos para la segunda vuelta.

Como es habitual en una campaña electoral, todos los partidos políticos presentaron diversas propuestas dirigidas a resolver los principales problemas ligados a temas como salud, seguridad ciudadana, crisis económica, lucha contra la corrupción, entre otros.

Si bien los referidos temas son centrales y requieren de una atención urgente, es importante señalar que los problemas y asuntos ambientales resaltan por su ausencia o por plantearse como elementos accesorios o puramente retóricos. Así, en diversos análisis realizados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) a los planes de gobierno, se pudo evidenciar que la mayoría de los candidatos no presentaron propuestas (o desarrollaron ideas escuetas) para enfrentar el cambio climático, la minería y caza ilegal, las amenazas contra los pueblos indígenas, la deforestación y degradación de hábitats, la contaminación del agua, entre otros retos.

Un país como el nuestro, que posee alta biodiversidad, más de un 60% de territorio bendecido con bosques, 55 pueblos indígenas con una cultura milenaria, un potencial para el turismo en áreas naturales protegidas y un mar biodiverso y productivo, necesita de la voz y compromiso de congresistas y gobernantes para proteger este patrimonio, sobre todo ante las crecientes amenazas que ponen en riesgo esta riqueza y a las personas que la defienden.

Para la segunda vuelta electoral, el Perú necesita que los contendores incluyan en el debate estos temas como prioridades. Al año se deforestan miles de hectáreas, se contaminan ríos, se depredan los recursos marinos, se atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y se pone en riesgo la vida de las personas defensoras del ambiente que voluntariamente están protegiendo el patrimonio natural de todos los peruanos.

Desde la SPDA invocamos a los candidatos y partidos políticos que conformarán el Congreso a poner en agenda, informarse y difundir las principales propuestas y análisis respecto a la necesaria relación entre desarrollo económico, bienestar y respeto a nuestros ecosistemas.

Consideramos que los medios de comunicación, organizaciones civiles y el sector empresarial, tienen la obligación de resaltar estos temas y exigir a los candidatos pronunciarse y comprometerse, por ejemplo, a ratificar el Acuerdo de Escazú (que fue rechazado por el actual Congreso), garantizar el derecho de consulta y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, fortalecer la lucha contra los delitos ambientales, promover inversiones sostenibles cumpliendo condiciones ambientales y sociales de alta calidad, completar el mapa territorial de áreas naturales protegidas incluyendo las reservas marinas propuestas y cumplir con los compromisos que tiene nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica.

Necesitamos un Estado que promueva un ambiente de paz y abra el camino a las inversiones sostenibles. Se trata de asumir un compromiso real con el cuidado de nuestro patrimonio ambiental con respeto de los derechos ciudadanos, valorando el diálogo con nuestras comunidades indígenas y campesinas y promoviendo acciones entre los distintos sectores para evitar posibles conflictos sociales.

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