• Tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó el documento “11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental”.

 

A raíz del derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en la refinería La Pampilla (Ventanilla), operada por la empresa Repsol, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó el documento “11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental”, el cual brinda una serie de herramientas para lograr una mejor regulación y con ello un mejor manejo de este tipo de emergencias.

La publicación contiene cuatro capítulos: Para responder de manera oportuna a emergencias, Para que no haya impunidad, Para fortalecer a la ciudadanía afectada y Para prevenir derrames de hidrocarburos. Y cada uno de ellos expone los problemas puntuales en la normatividad y presenta propuestas concretas para mejorar el desempeño del Estado en casos como el desastre ambiental provocado por la empresa Repsol.

PARA RESPONDER DE MANERA OPORTUNA A EMERGENCIAS

En este primer capítulo la SPDA plantea el diseño protocolos de respuesta rápida y efectivos ante derrames de hidrocarburos. Hay que recordar que, tras conocerse el derrame de petróleo en la costa peruana, tuvieron que pasar cinco días para que se declare emergencia ambiental, por lo que es fundamental que instituciones como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) planteen protocolos tanto para la apertura y cierre de puertos, así como de rescate y rehabilitación de fauna.

La segunda propuesta plantea crear fondos y facilitar la intervención del Estado para lidiar de manera oportuna con emergencias ambientales y con la remediación de los daños (con cargo a que los costos sean asumidos por quien haya causado el daño). Si bien existe la figura de las sanciones económicas a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es fundamental modificar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), el régimen legal de las declaratorias de emergencia ambiental, entre otros aspectos que se mencionan en el documento.

Como tercer punto la SPDA propone impulsar una Ley de responsabilidad ambiental y de aseguramiento ambiental obligatorio. Ante una realidad que primero sanciona y luego ordena la reparación del daño ambiental, la organización considera que se requiere aprobar esta norma que permita la investigación e imposición de la sanción administrativa respectiva y la reparación del daño ambiental, todo esto con el fin de que el daño ambiental sea inmediatamente reparado.

El cuarto punto se refiere a la implementación de centros de rescate a cargo del Estado. Frente al derrame, el Serfor ha trasladado a las especies afectadas al Parque de las Leyendas, donde se ha adaptado un centro de rescate. Por ello, es necesario modificar la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de que el Serfor se encuentre habilitado para establecer los CREN y que estos cuenten con presupuesto y capacidad operativa (por ejemplo, instalaciones adecuadas y personal calificado.

PARA QUE NO HAYA IMPUNIDAD

La quinta propuesta que plantea la SPDA es la fiscalización ambiental nacional con énfasis en el sector hidrocarburos, esto debido a que muchos procesos demoran años y pocas veces las multas se hacen efectivas y son cobradas por la administración. Ante esta situación, agrega la organización, se debe revisar los topes de multas que pueden imponerse ante derrames de hidrocarburos por OEFA, limitantes en la renovación de contratos y permisos o títulos habilitantes, entre otras herramientas que se mencionan en el documento.

La sexta propuesta es la aprobación de una metodología de valorización del daño por la comisión de delitos ambientales. Al no existir un método para la valoración de daños ambientales, lo que impide que los daños ambientales puedan ser cuantificados en todos sus extremos, se requiere acciones de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Minam. Mientras que la séptima propuesta busca impulsar la caducidad de derechos en títulos habilitantes, como contratos o concesiones en industrias extractivas y megaproyectos, por causales ambientales.

PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA AFECTADA POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTROS ILÍCITOS AMBIENTALES

La octava propuesta de la SPDA plantea crear un Fondo de Compensación que permita atender de manera inmediata a las personas damnificadas, por lo que es necesaria una ley que establezca el objetivo, la naturaleza, el ámbito de aplicación y la entidad responsable de la administración y ejecución de los recursos; es decir, la entidad que será responsable del fondo de compensación para damnificados ambientales.

La novena propuesta propone que el sistema de defensa pública incluya la defensa de derechos ambientales, por lo que es necesario incluir la materia ambiental dentro del servicio de defensa pública con la finalidad de incrementar la oferta de profesionales en derecho a lo largo del país, que puedan encargarse de asesorar y acompañar procesos de litigio estratégico.

PARA PREVENIR DERRAMES DE HIDROCARBUROS

Como décima propuesta, la SPDA considera que las empresas deben, obligatoriamente, contar con las barreras de contención dispuestas cuando se descargue crudo en terminales. Esta medida, que ya se aplica en otros países, hubiese permitido contener inmediatamente el crudo derramado y con ello no estaríamos ante un desastre del nivel que estamos enfrentando en la actualidad.

La última propuesta sugiere fortalecer las instituciones ambientales y consolidar su autonomía. Para ello, la SPDA ha elaborado una propuesta de proyecto de ley que establece un régimen común para el óptimo funcionamiento de estos organismos públicos a fin de fortalecer y consolidar la institucionalidad ambiental en el país y propiciar su evolución continúa.

Finalmente, la organización señala que estos cambios normativos deben ser acompañados de voluntad política, de medidas para fortalecer al sector ambiente, de la apuesta por un sector extractivo con tecnología de punta y altos estándares, entre muchos otros cambios que van más allá de lo que las normas pueden ofrecer. Los tomadores de decisión, además, deben entender que los temas ambientales son transversales y deben ser considerados en toda política pública.