SPDA alerta que norma aprobada por el Congreso promueve y legaliza la deforestación

Foto: Diego Pérez/ SPDA

  • A través de un informe legal, la SPDA advierte que la norma legislativa que modifica la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera  los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
  • El Congreso de la República aprobó, por insistencia, proyectos de ley que modifican la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin sustento técnico ni aval de las entidades competentes.

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La noche del jueves 14 de diciembre, el Congreso de la República decidió aprobar -por insistencia- los proyectos de ley  649, 894  y 2315/2021-CR, que modifican la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, el Parlamento modificó el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.

De acuerdo con la opinión legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lo aprobado representa  un retroceso en la gobernanza de los bosques, al vulnerar los derechos de los pueblos originarios y comunidades locales. Asimismo, representa un retroceso en la lucha contra la deforestación, pues la norma va en contra de las regulaciones ambientales nacionales e internacionales.

De acuerdo con datos del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2020 la pérdida de bosques alcanzó una superficie mayor a 200 mil hectáreas y el 80% de este territorio fue destinado para la agricultura y ganadería, pese a que no eran tierras aptas. 

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Sobre la propuesta de exonerar o eliminar el procedimiento de CTCUM y reemplazarlo por una declaración legal, la SPDA sostiene lo siguiente:

«Significa un riesgo pues convalidaría su otorgamiento en tierras que constituyen patrimonio forestal de la nación, en clara vulneración del derecho (a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, que ahora es un derecho humano universal) y mandatos constitucionales (deber del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la Amazonía) y el marco normativo nacional (prohibición de cambio de uso de tierras de capacidad de uso mayor forestal y para protección)». 

Asimismo, agregan que la modificación de la norma también supone en riesgo para el desarrollo de la agricultura sostenible en la Amazonía, «puesto que si se otorgan derechos sobre tierras en las cuales no se ha podido analizar su real potencial para realizar actividades agropecuarias, esto resultará no solo contrario al interés de la Nación de mantener el patrimonio forestal y de fauna silvestre, sino también para el agricultor a efectos de la rentabilidad de su inversión.»

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Cabe resaltar que la SPDA ya había presentado una opinión legal en agosto del 2022, advirtiendo sobre los posibles impactos sociales y ambientales que traería consigo la ejecución de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, como fue planteada por el Congreso. 

Por otro lado, autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) se han mostrado en contra de esta propuesta legislativa porque presenta el riesgo de afectar los bosques y las tierras forestales y de protección que forman parte del patrimonio de la nación. 

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