Foto: Andina

• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) analizó el proyecto de ley 04642/2022-PE, el cual propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura que absorbería a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Escribe: Programa de Política y Gobernanza Ambiental de SPDA

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El pasado 3 de abril, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó el Proyecto de Ley 04642/2022-PE, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Posteriormente, fue derivado a las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; y a la de Constitución y Reglamento en las cuales se encuentra actualmente para su discusión y posterior dictamen.

El proyecto de ley –según indica el documento– tiene el objetivo de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura y establecer disposiciones para la formulación, ejecución y mantenimiento de proyectos o programas de inversión emblemáticos o estratégicos a nivel nacional, con la finalidad de garantizar la efectiva prestación de servicios públicos, dinamizar la economía, así como contribuir al desarrollo del país, con enfoque territorial, de prevención y de sostenibilidad ambiental.

Autoridades y actores de la sociedad civil como la Contraloría General de la República, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) se han expresado en contra de este proyecto de ley enfatizando que, por el contexto social-político en el que se encuentra actualmente nuestro país, no sería estratégico la absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. No obstante, según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), es una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia en la construcción de las obras que necesita el país.

Por inversiones sostenibles e intervenciones en infraestructura natural

Desde la SPDA elaboramos un informe legal que desarrolla temas relevantes que, en caso la propuesta legislativa llegue a ser aprobada, deben ser garantizados, como la importancia de contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y con la inclusión del enfoque e implementación de la infraestructura natural y gris, tarea que está dando sus primeros pasos, especialmente para atender los desafíos  de adaptación y mitigación para el cambio climático en el desarrollo de infraestructura.

Por otro lado, advertimos los riesgos de la flexibilización de plazos y la aplicación del silencio positivo administrativo, dado que este es una abierta vulneración al marco legal vigente y especializado que está prohibido en este tipo de trámites, debido a la trascendencia de los bienes jurídicos protegidos en dichos procedimientos. Asimismo, considerando la naturaleza de las funciones que tendría dicha autoridad, resultaría imperativo tener estándares altos de transparencia de información pública para la ejecución de los proyectos y programas de inversión.

Como SPDA consideramos importante contar con instituciones que ejecuten eficientemente las inversiones públicas que son prioritarias y estratégicas para el desarrollo sostenible del país, por lo que la creación de una entidad que tenga ello como objetivo principal resulta positivo. Sin embargo, esta dinamización y agilización de las inversiones no deben justificar en sentido alguno el debilitamiento de la institucionalidad ambiental mediante la flexibilización de estándares ambientales, dado que justamente la evaluación ambiental de los proyectos o programas de inversión garantizan la sostenibilidad de sus intervenciones.

La creación de una entidad de esta naturaleza debe considerarse como una oportunidad para elevar la calidad de procesos de evaluación claves, como la evaluación de impacto ambiental, que puede complementarse a través de la inclusión temprana de criterios que permitan implementar una mirada estratégica e innovadora para la gestión de impactos y el generación de beneficios haciendo uso de la infraestructura natural existente que hagan frente a los desafíos climáticos que enfrentamos en la actualidad.

La SPDA insta a los legisladores a poner a debate abierto este tipo de proyectos legislativos, para sumar a la búsqueda de soluciones de los obstáculos que actualmente enfrentan los procesos de planificación y diseño de infraestructura sostenible y sostenida con la finalidad de priorizar su desarrollo bajo un enfoque sólido de derechos humanos y por lo tanto, no optar por propuestas que disminuyan estándares ambientales y contravengan a la normativa vigente bajo el supuesto de “facilitar la ejecución”.

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