- El documento plantea puntos clave para el diseño de estrategias de sostenibilidad financiera para espacios protegidos por los gobiernos subnacionales. Y señala que el gran reto es la inclusión financiera de miles de familias del ámbito rural vinculados a las áreas de conservación regional para pasar de una economía de subsistencia a una economía de excedentes para enfrentar los efectos de corto y mediano plazo de la pandemia.
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La pobreza extrema en el ámbito rural y el deterioro de los ecosistemas locales se están incrementando y amenazan la gestión efectiva de las Áreas de Conservación Regional (ACR). Por ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta una investigación sobre el reto de la sostenibilidad financiera para ACR en un contexto de recesión económica originado por un evento de escala global como es la pandemia del COVID-19.
La investigación presenta el marco de referencia del financiamiento de la conservación plasmado en la iniciativa de sostenibilidad financiera, analiza brevemente la situación económica del país en los últimos años y el presupuesto público asignado para intervenciones ambientales en los gobiernos regionales de la Amazonía.
A partir de este diagnóstico, plantea un conjunto de ideas para establecer una estrategia financiera para las ACR, considerando la realidad regional, el esquema de gestión de las áreas, la definición de metas de conservación que pueden ser alcanzables y medibles, dimensionando las necesidades de financiamiento entre las que se encuentran también los requerimientos de las poblaciones locales que han estado históricamente con poca inclusión financiera y dependientes de las economías de subsistencia.
«La evidencia empírica señala que al país le toma varios años superar las crisis económicas. En la Guerra del Pacífico, el PBI cayó 33% en 1880 y le tomó entre 20 y 25 años recuperar el nivel de vida del año previo a la guerra; en la crisis económica del primer gobierno de García, en 1989, el PBI cayó 12% y le tomó al país entre 8 y 10 años recuperar el nivel de vida de 1987. El COVID-19 es un evento sin precedentes en este nuevo siglo, si bien no tiene las características de crisis permanentes de las situaciones mencionadas, al ser un shock externo e interno simultáneo, genera alta incertidumbre y complejidad en el país por sus efectos no solo en la economía sino también en la salud pública», explica Samín Vargas, economista senior del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA y autor de la investigación.
Pescador de la comunidad Esperanza, en la zona de influencia del ACR Comunal Tamshiyacu Tahuayo. Foto: SPDA/Spectabilis
Guardianes del bosque como centro de atención
Un punto que resalta el análisis es la importancia de tomar en cuenta a las poblaciones vinculadas a estas áreas naturales protegidas. En la gestión de las ACR participan las comunidades asentadas en las zonas de influencia, por lo que sus habitantes cumplen, de forma voluntaria, el rol de guardianes del bosque.
En este sentido, el análisis de la SPDA, recomienda que la sostenibilidad financiera debería apuntar también a inyectar recursos para el desarrollo de actividades económicas vinculadas con temas de salud pública, seguridad alimentaria, generación de empleo e ingresos de forma integral y con inversiones sincronizadas que permitan pasar de una economía de subsistencia a una excedentaria para superar la pobreza y alta vulnerabilidad en estas comunidades.
De esta manera, se podrá enfrentar los graves efectos socioeconómicos de corto y mediano plazo de la pandemia en las familias rurales, y que al mismo tiempo es la forma más costo-efectiva de garantizar la conservación del patrimonio natural en las regiones de la Amazonía.
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Artesana del ACR Ampiyacu Apayacu. Foto: SPDA/Spectabilis
Escaso financiamiento
La investigación de la SPDA también revela datos importantes sobre la sostenibilidad de las áreas de conservación de administración regional. Por ejemplo, resalta que el monto para financiamiento de las ACR destinado por los gobiernos regionales de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios en el periodo 2015-2020, equivale solo al 3% del presupuesto del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano (Sernanp) para áreas naturales de administración nacional en el mismo periodo.
Entonces, pese a que las ACR benefician no solo a las poblaciones cercanas con la provisión de servicios ecosistémicos para la vida y el sostenimiento de las actividades económicas, sino también a miles de personas por su condición de bienes públicos globales, aún no existe una iniciativa de sostenibilidad financiera para estos espacios protegidos; y en los últimos 6 años los gobiernos regionales amazónicos solo han destinado 18.37 millones de soles.
“En el escenario actual y con perspectivas de bajo crecimiento en los próximos años, se presenta el gran reto de proponer una estrategia de sostenibilidad financiera de las ACR”, destaca el especialista de la SPDA y agrega que “una forma innovadora de conservar el patrimonio natural en los gobiernos regionales de la Amazonía es incorporar mecanismos financieros como fondos de inversión sostenibles, venture capital, instrumentos de deuda verdes, entre otros, haciendo partícipes en la estrategia a las empresas que tengan como políticas de trabajo la aplicación de criterios ambiental, social y financiero (ASG)”.
Además, señala que en el contexto actual de alta complejidad e incertidumbre, hay oportunidades para mejorar los programas de reactivación económica, proponiendo un programa de inclusión financiera con recursos públicos, apuntando al financiamiento de pequeños emprendimientos (compra de productos de la biodiversidad, adquisición de tecnologías verdes de bajo costo, mecanismos digitales de inclusión financiera, desarrollo de bionegocios, entre otros), con el apoyo del sector empresarial, la academia, agencias de cooperación y entidades no gubernamentales para la identificación y selección de potenciales beneficiarios.
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Entre los que se encuentran miles de habitantes del ámbito rural nacional que viven en economía de subsistencia y no tienen articulación a los mercados y/o no se encuentran todavía constituidas legalmente en el país, ni tienen registro de ventas e historial crediticio en las entidades del sistema financiero y/o cooperativas de ahorro y crédito, y entre los que se encuentran también las poblaciones rurales, especialmente aquellas asentadas en las ACR y que durante años han resguardado los bosques y sus recursos.
“De esta manera, los retornos generados permitirán cubrir, además de las necesidades de financiamiento de la conservación, las necesidades de subsistencia, la inclusión social a la economía de mercado y el surgimiento de una nueva clase media empoderada de miles de familias del ámbito rural de la Amazonía peruana, después de 50 años de olvido e infructuosas intervenciones del Estado”, concluye Samín Vargas.
DATO:
- Esta publicación ha sido desarrollada por la SPDA, en marco del proyecto “Áreas protegidas peruanas: construyendo un ambiente más favorable para asegurar la biodiversidad del Perú” y con el apoyo de Andes Amazon Fund y la Fundación Gordon y Betty Moore.
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