Derrame de petróleo en Imaza (Amazonas), ocurrido en el 2016.

La semana pasada, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) envió una opinión legal al Congreso de la República sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que data desde 1993. El fin, como se indica en la exposición de motivos, es reactivar y promover la industria de hidrocarburos en el país.

Al respecto, la SPDA señaló que la propuesta no prioriza los temas ambientales, considerando sobre todo que el subsector de hidrocarburos está relacionado a diversos conflictos, sociales y ambientales, producidos -por ejemplo- por casos como los derrames de petróleo o pasivos ambientales.

[Leer la opinión legal de la SPDA enviada al Congreso de la República]

Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó que este proyecto de ley debería tomar en cuenta que existe una desconfianza por parte de las poblaciones hacia los proyectos de inversión. Por ello, la propuesta tiene que apuntar a que el Estado asegure que la actividad de hidrocarburos no sólo puede contribuir con la economía, sino también en los aspectos social y ambiental.

“El tema ambiental no es un problema que impida las inversiones, al contrario. Mientras existan mejores condiciones ambientales y sociales existan para la ejecución de proyectos, existirán mejores posibilidades de que el proyecto tenga éxito”, indicó la especialista.

Temas ambientales como obstáculo

Calle Valladares también resaltó que, en la exposición de motivos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) considera que los estándares ambientales pueden ser un obstáculo para la promoción de inversiones, sin embargo la especialista opina lo contrario y considera que los estándares ayudan a que el proyecto se dé de una mejor manera.

Asimismo, consideró que existen propuestas positivas en el proyecto de ley, en especial el referido a la caducidad de los contratos de las empresas.

“Dentro del proyecto hay temas que nos parecen interesantes, por ejemplo la caducidad de un contrato por una cláusula ambiental. Sin embargo, la SPDA considera que no debe ser algo facultativo, sino debería ser una obligación en todos los casos. O sea, en cualquier caso donde haya una afectación al medio ambiente, debería haber una causal de caducidad del contrato”, explicó.

Por otro lado, resaltó que en el proyecto de ley no ha sido considerada la Consulta Previa. “Una de las propuestas de la SPDA va ligado al tema de dejar esta tarea no en manos del operador, sino del propio Estado, que es como corresponde”, indica. Es decir, se deben realizar los procesos de consulta antes de otorgar los lotes a las empresas.

Finalmente, Isabel Calle manifestó que la SPDA espera que el Congreso tome en cuenta las opiniones especializadas para la toma de una mejor decisión. Asimismo, espera que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura participen de manera muy activa en este proceso de modificación de la norma.

Mira la entrevista con Isabel Calle: