“Hoy en día los temas de conflictos sobre nuestro territorio nacional se han vuelto más complejos sobre todo cuando se ha visto relacionado con nuestras comunidades indígenas a nivel nacional y al momento de comprender las actividades productivas diferentes a la forestal, como la construcción de carreteras…” Petty Ruiz, Juzgado de Iquitos.

Entre octubre y diciembre del 2019 se realizó el primer diplomado de Derecho Ambiental en la región Loreto. Este fue organizado por la Academia de la Magistratura (AMAG) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), gracias al apoyo de la Fundación Gordon & Betty Moore. Esta actividad es pionera en su tipo y buscó impulsar el desarrollo de capacidades y conocimientos en el ámbito de la justicia ambiental en nuestro país, brindando la oportunidad de participar a operadores de justicia de Iquitos y de zonas conexas.

Más de treinta mujeres y hombres participaron en el diplomado durante las sesiones virtuales y presenciales a lo largo de tres meses. Los jueces y fiscales que participaron incrementaron su conocimiento técnico y también obtuvieron herramientas mejorar sus capacidades en argumentación, razonamiento jurídico y resolución de los casos que atienden o pudieran atender en materia de actividades informales, delitos contra el ambiente, intervenciones ilegales, afectación de derechos ambientales, entre otros.

Los participantes han rescatado aspectos concretos sobre los que se han visto beneficiados en el desarrollo de sus funciones en el campo legal. Tal es el caso del fiscal provincial Arturo Alegría, que considera de bastante utilidad lo trabajado sobre comunidades indígenas y la consulta previa y cómo ellas se ven impactadas en ocasiones por proyectos de infraestructura vial, cuando éstos proyectos no cumplen con todas las obligaciones ambientales; y que ahora podrá abordar de una manera más eficiente.

Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

Por otro lado, la transversalización de los conocimientos adquiridos en materia ambiental ha permitido que especialistas, como es el caso de la abogada Petty Ruiz, asistente del Juez Superior de Loreto, pueda gestionar mejor desde el campo penal los temas ambientales, considerando no sólo los aspectos preventivos de la legislación, sino también aplicar sanciones adecuadas a las afectaciones sobre los ecosistemas.

“…el diplomado me ha podido enseñar temas relacionadas con las medidas punitivas y preventivas con relación al control y protección del llamado entorno “biológico”. Considero que ello me permitirá entender mucho mejor el derecho ambiental en el campo del derecho penal, que en ciertos casos suele estar revestidos de cierta complejidad, sobre todo al momento de tratar de encontrar el equilibrio entre la construcción e interrelación de los aspectos sociales y económicos en la conservación del medio ambiente.”

Como logro académico, el diplomado ha permitido incrementar los conocimientos sobre temas ambientales en torno a los posibles impactos ambientales que puedan generar los proyectos de infraestructura en los sectores de transporte y electricidad, brindando los conocimientos técnicos y jurídicos, poniendo de manifiesto la complejidad con las que estos son manejados por los distintos niveles de operadores de justicia y las condiciones con las que estos deben trabajar, ya sea por su ubicación geográfica, o acceso a facilidades logísticas, e incluso la diversidad biológica y étnica que deben entender.

Grupo de egresados de la primera edición del Diplomado en Derecho Ambiental. Foto: SPDA

Ha sido valioso el conocimiento que se compartió durante las sesiones, sobre fundamentos jurídicos en derecho ambiental, así también la profundización sobre delitos ambientales y abordar de forma más específica el tema construcción de carreteras en la Amazonía, tal como lo señala el fiscal Arturo Alegría.

Durante el 2020, la SPDA continuará este trabajo y ya venimos cerrando una agenda de trabajo con la AMAG, como señala Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza de la SPDA, “para nosotras y nosotros resulta fundamental cerrar el círculo de gobernanza ambiental ante el desarrollo de infraestructura en la Amazonía, no es suficiente tener reglas claras si no existe un marco punitivo que sancione los incumplimientos y más aún, es prioridad tener operadores de justicia que conozcan del valor de nuestro patrimonio natural, y que le ofrezcan a nuestro territorio y a los derechos ambientales las mismas garantías legales que a cualquiera de nuestros derechos fundamentales, trabajemos para que el interés público siempre prevalezca frente al interés privado”.