• Organización ambiental lamentó las declaraciones del presidente Pedro Castillo respecto al pedido de derogación de normas que tienen como fin ordenar la pequeña minería y minería artesanal en el país.  

 

A través de una carta abierta, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) pidió al presidente Pedro Castillo no debilitar el proceso de formalización minera y “enfrentar con rigurosidad los delitos que atentan contra el ambiente y la vida de las personas”.

Este pedido de la SPDA se da después de que el presidente anunció que atenderá el pedido de federaciones mineras que solicitan la derogación de normas que tienen como fin regular la minería artesanal y erradicar la minería ilegal en el país, especialmente en espacios sensibles como la Amazonía.

“Existen decretos y normas que son lesivos para nuestros hermanos obreros y deben corregirse. He dispuesto instalar una mesa técnica con los ministros para que se atiendan sus demandas. Es importante que la voz de los trabajadores mineros sea escuchado”, publicó el mandatario el pasado 16 de agosto, luego de reunirse con la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).

Para la SPDA, estas declaraciones “no dimensionan ni consideran los daños ambientales y sociales que ha generado la minería ilegal en nuestro país ante la falta de acciones por parte del Estado para enfrentar esta actividad que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Las decisiones de Gobierno deben priorizar el interés público y los derechos humanos involucrados”.

Como se recuerda, la minería ilegal es una actividad que ha venido acompañada de delitos conexos como la explotación laboral y sexual, el sicariato, el crimen organizado, entre otros. A ello se suma la constante amenaza contra las vidas de las poblaciones indígenas y demás peruanos que defienden nuestro patrimonio natural.

La organización ambiental recordó que desde el 2002, el Estado ha intentado regular la pequeña minería y minería artesanal a través de normas que tenían como pilares el respeto del ambiente, los derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, en varias oportunidades, el proceso de formalización fue aplazado y atacado por personas y organizaciones que preferían vivir en la ilegalidad.

“[…] a pesar de la trascendencia e intangibilidad de estos pilares, la Confemin viene exigiendo^[1], entre otros, la modificación o derogación de los decretos supremos 001-2020-EM, 018-2017-EM y 008-2022-EM, los cuales han incluido de manera progresiva los ajustes necesarios al proceso de formalización, principalmente enfocados a precisar las causales de exclusión. Es decir, la CONFEMIN busca socavar aquellos principios no negociables que aseguran, entre otros, la protección de nuestro derecho a un ambiente saludable, así como nuestros derechos a la salud e integridad”, explica la SPDA.

🚨#CartaAbierta | Nos dirigimos al presidente Pedro Castillo, exhortándolo a que no debilite el proceso de formalización minera. Abro hilo (1/3)🧵 pic.twitter.com/TB40UjBZDd

— SPDA (@spdaorg) August 25, 2022

Para la organización, la Confemin “busca abiertamente eliminar las disposiciones que permitirían excluir del proceso de formalización a aquellas personas que, encontrándose inscritas en el proceso de formalización, realicen la actividad de manera contraria a la paz, el respeto por el derecho a la vida, la integridad y salud de las personas, y generando daños a las instalaciones públicas y privadas”.

“El Estado y sus autoridades políticas, legislativas y judiciales, no pueden abdicar ante pedidos como el planteado por Confemin, ya que ponen en riesgo la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales. El acceso a los recursos naturales en el Perú no es ni deberá ser nunca irrestricto, ni ser ejercido contra el orden público o el respeto de los derechos fundamentales, tampoco debe ser incompatible con el interés público”, puntualizó la SPDA.

Finalmente, la SPDA pidió al presidente Castillo atender este problema con urgencia y prioridad. Asimismo, hizo un llamado a los ministros de Energía y Minas, y del Ambiente, así como a las autoridades que integran la Mesa Técnica que abarcará este tema, para cumplan con su rol de proteger y salvaguardar la Constitución y los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, omitan evaluar -dentro de las alternativas de modificación del proceso de formalización– cualquier propuesta normativa que signifique un debilitamiento del ordenamiento jurídico ambiental.

Lee la carta completa aquí.

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^[1] El pedido detallado de CONFEMIN se encuentra recogido en el pronunciamiento divulgado entre fines de julio e inicios de agosto de 2022 y ha sido ratificado una reciente reunión con el Presidente de la República Pedro Castillo realizada a inicios del mes de agosto de 2022.