• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que el Gobierno de Pedro Castillo debe considerar seis temas primordiales relacionados a la conservación de nuestros espacios de biodiversidad y sus protectores.  
• “Trabajar por preservar nuestro patrimonio natural es también asegurar la salud y bienestar de las nuevas generaciones”, afirma la institución. 

 

Pronunciamiento de la SPDA sobre el nuevo Gobierno y los temas ambientales

Frente a la coyuntura actual, marcada por temas urgentes relacionados a la salud, economía y educación, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) invoca al nuevo Gobierno a considerar al tema ambiental dentro de la agenda central de su gestión al ser este un eje clave del desarrollo de nuestro país.

Para ello, resulta indispensable convocar a profesionales idóneos y fortalecer los procesos meritocráticos. El Ministerio del Ambiente (Minam), así como los demás organismos de nuestra institucionalidad ambiental deben estar liderados por profesionales con experiencia y trayectoria reconocida en el sector. Es importante que las medidas a favor de nuestra biodiversidad estén en manos de peruanos preparados para esta tarea. Trabajar por preservar nuestro patrimonio natural es también asegurar la salud y bienestar de las nuevas generaciones.

Puntualmente, la SPDA destaca que no se debe retroceder en los siguientes temas:

1. Fortalecer la fiscalización ambiental. Es necesario que el nuevo Gobierno fortalezca las instituciones encargadas de realizar la fiscalización ambiental, especialmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y se mantenga el trabajo cooperativo que se realiza con instituciones como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Policía Nacional, Fuerzas Armadas, así como gobiernos regionales y locales.

2. Continuar con la lucha contra delitos ambientales, y mejorar las condiciones para el acceso a la justicia ambiental. La lucha contra delitos como la minería o tala ilegales, el tráfico de fauna o la pesca ilegal, no debe detenerse. En el caso particular de la minería ilegal, actualmente existe una deuda: miles de hectáreas de la Amazonía son deforestadas cada año y los esfuerzos por detener esta actividad hasta el momento han sido insuficientes. Para lograr este objetivo se necesita primero de decisión política, asegurar el presupuesto para las acciones directas en campo y un trabajo intersectorial que debe ser liderado por el Minam. Del mismo modo las políticas de formalización deben estar alineadas a los esfuerzos para reducir los niveles de deforestación generados por la actividad minera.

Por otro lado, la profesionalización y especialización ambiental desarrollada en el Ejecutivo debe motivar también que nuestros sistemas de justicia administrativa y jurisdiccional sigan ese mismo proceso. Lograr la especialización ambiental dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigue siendo una tarea pendiente. Se requieren de más servidores, jueces y fiscales que conozcan la materia ambiental a fin de investigar y/o resolver los problemas ventilados en sedes no solo penales, sino también constitucional y contencioso administrativo.

3. Velar por la adecuada protección y gestión de nuestro patrimonio natural. Nuestras áreas protegidas representan el 17% de nuestro territorio. En ellos se preserva nuestros más valiosos recursos naturales, paisajes maravillosos y legados arquitectónicos invaluables como Machupicchu. Por ello, es necesario asegurar y fortalecer la protección de estos espacios. Aumentar el número de guardaparques, la profesionalización de estos guardianes y el incremento del presupuesto para este sector ayudarían en esta tarea. Asimismo, se necesita el compromiso del Gobierno para defender estas áreas frente a proyectos de inversión que pretenden recortarlos o afectarlos. Invocamos además que el Gobierno retome procesos para la creación de áreas naturales protegidas claves como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau o la Reserva Nacional Illescas, que permitirá proteger importantes ecosistemas de nuestra zona marino costera.

4. Respetar los acuerdos internacionales. En los últimos años, nuestro país participó en encuentros mundiales sobre cambio climático, ambiente y biodiversidad. En ellos se comprometió de manera formal a cumplir diversas obligaciones como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asegurar la protección de nuestro mar, y las especies de flora y fauna. Entre los tratados más importantes figuran el Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad Biológica. En ambos casos, y en todos los demás compromisos asumidos, se necesita que el nuevo Gobierno continúe con estos procesos que, en algunos casos, ya han mostrado avances importantes.

5. Fortalecer la protección de los defensores ambientales. Según estudios internacionales, nuestro país figura entre los lugares más peligrosos para los defensores de la naturaleza. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, cerca de diez defensores ambientales fueron asesinados tan solo por enfrentar a quienes invadían sus territorios o afectaban el patrimonio natural de todos los peruanos. Por ello se necesita que el Gobierno priorice la implementación del “Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, asegurando así que se brinden las garantías suficientes a las personas amenazadas y sus familias para que no se produzcan nuevas pérdidas humanas.

En este tema, ser parte del Acuerdo de Escazú también es crucial. Aunque le corresponde al Congreso de la República ratificar este tratado, se necesita que sectores como el Minam o la Cancillería impulsen esta última decisión que fortalecerá la protección de nuestros defensores ambientales.     

6. Trabajar de la mano con los pueblos indígenas. Está comprobado que los pueblos indígenas son aliados claves en la lucha contra la deforestación y la crisis climática. Sus territorios se encuentran entre los que están mejor conservados. Por esta razón, para asegurar la protección de nuestra riqueza natural, se necesita trabajar siempre de la mano de los 55 pueblos originarios reconocidos del país. Asimismo, es necesario asegurar el desarrollo integral de estos pueblos en temas como salud, educación e interconexión. Esto, además, no será posible si el Gobierno no cumple con saldar la deuda pendiente para la titulación de sus territorios.

 

Reiteramos la urgencia de seguir impulsando estos temas, como base para una institucionalidad ambiental fuerte que contribuya a mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas.