En los últimos días, un comunicado firmado por el Instituto Libertad y Democracia (ILD), la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio (ANPLABEN), critica el proceso de formalización minera implementada por el Gobierno y además hace un llamado a una movilización para el próximo 31 de enero.

En el aviso, publicado en diferentes medios escritos, las organizaciones mencionadas además comparan el «fracaso» del proceso de formalización minera con la Ley Laboral Juvenil y con la formalización de inmigrantes peruanos en Estados Unidos.

Al respecto, el director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pedro Solano, señaló que la formalización minera y la Ley Laboral Juvenil «no son para nada comparables. La minería ilegal es un problema que está afectando bienes públicos, la salud, la vida, evade impuestos, entre otros. No se puede comparar a las normas para formalizar empleo con aquellas que tienen como fin luchar contra la vulneración de derechos de terceros afectados por actividades que no respetan las normas de propiedad y de protección ambiental”.

NO SE DEBE SIMPLIFICAR EL PROBLEMA

Según Carmen Heck, abogada de la SPDA, tanto el ILD y Fenamarpe ven la problemática minera solo desde el punto de vista económico. Es decir, simplifican el problema y no lo relacionan con los impactos o consecuencias que esta actividad ocasiona.

“La formalización minera requiere de una estrategia integral, por ser una actividad de alto impacto la formalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para que esta se realice sin vulnerar el derecho del resto de peruanos a la salud y a un ambiente sano”, manifestó Heck Franco.

La abogada agrega que «el comunicado no distingue entre los mineros que sí desean formalizarse y quiénes pretenden seguir operando en la ilegalidad. Tampoco parece distinguir entre los titulares mineros a quienes está dirigido el proceso de formalización y los que trabajan, ya sea extrayendo o procesando el mineral, por ello da cifras sin sustento y alarmantes como la de un millón seiscientos mil mineros informales”.

LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL ABARCA VARIOS FRENTES

Según Isabel Calle de la SPDA, el Gobierno actual está intentando resolver un problema que viene de muchos años atrás y ha dado normas para enfrentar la minería ilegal no solo enfocándose en la formalización, sino estableciendo una estrategia a largo plazo que incluye medidas de control de insumos químicos, control en el uso de combustible, prohibiciones de cierto tipo de maquinarias en ríos, entre otros.

«No es solo una estrategia enfocada en paralizar impactos ambientales, sino también en proteger la salud de las poblaciones cercanas, acabar con la explotación sexual y laboral, entre otros. Hay que reconocer que como proceso está bien enfocado, pero ha habido problemas en la implementación, lo cual ha hecho que no funcione como se planteó al principio pero es algo que se puede ajustar», expresó Calle Valladares.

EL COMUNICADO LLAMA A LA VIOLENCIA

Finalmente, Pedro Solano puntualizó en que este comunicado es también un posible llamado a la violencia: «Se está diciendo que si los jóvenes lograron con marchas derogar una norma, entonces los mineros también deben salir a las calles para derogar las normas de formalización minera, sin proponer alternativas, sin separar a los formalizables de quienes vulneran diariamente derechos fundamentales, sin objetivos claros de proceso. Hay que tener en cuenta además que las protestas mineras previas casi siempre han sido violentas y amenazantes”.

Isabel Calle, abogada de la SPDA, por su parte expresó que si bien «todos tenemos derecho a la libertad de expresión, el problema es que esa libertad no debería afectar otros derechos, como el bloqueo de carreteras. El problema, además, es que se piense que con una movilización se puede solucionar un problema cuando no hay una propuesta técnica. Suspender normas sin proponer alternativas viables, no lleva a nada».