En un contexto nacional donde las instituciones encargadas de administrar justicia ambiental vienen creciendo y especializándose para hacerle frente a los problemas ambientales, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó su Iniciativa de Justicia Ambiental, que busca contribuir activamente en la materialización de reformas, acciones e intervenciones que generen un cambio significativo en el acceso a la justicia ambiental por parte de los ciudadanos, en especial de aquellos que se encuentran en niveles de vulnerabilidad por aspectos culturales, de género, geográficos o económicos.

“De esa manera buscaremos enfrentar aquellas condiciones adversas que limitan el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y equilibrado”, señaló Jean Pierre Araujo, abogado de la SPDA y director de la Iniciativa de Justicia Ambiental.

Con más de 33 años trabajando para mejorar el sector ambiental en el Perú, la SPDA propone revitalizar su trabajo en materia de acceso a la justicia ambiental, constituyendo un equipo de trabajo dedicado a impulsar y participar activamente del contexto de cambios, con una perspectiva de sostenibilidad, interculturalidad y género.

Esta medida se alinea a un contexto regional donde los Estados vienen adoptando acuerdos que imponen nuevos retos a los sistemas de justicia. “Estos compromisos evidencian la necesidad de promover reformas regulatorias que fortalezcan la gobernanza ambiental, propiciando la participación, transparencia y rendición de cuentas. Además de procurar la resolución eficaz y eficiente de las controversias ambientales, a fin de asegurar la salvaguarda de los derechos fundamentales. La justicia ambiental debe considerarse una herramienta imprescindible para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales y el desarrollo humano”, indicó Jean Pierre Araujo.

Antecedentes

El trabajo en materia de justicia ambiental siempre ha estado presente en la SPDA, mencionó el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental, recalcando las acciones de litigio estratégico en los casos de Pantanos de Villa (2001) y el botadero de Iquitos (2007), además de la asesoría y patrocinio permanente brindado por los Consultorios Jurídicos Gratuitos que funcionan desde el 2010 en Madre de Dios, Loreto, Lima y Piura, que han logrado conformar una red de 377 ciudadanos, atendiendo 679 consultas y patrocinado 236 casos. Araujo también señaló el impulso de políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia, en el caso de defensores ambientales, la ratificación del Acuerdo de Escazú, el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y el soporte en la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial.

Aspectos a priorizar

Jean Pierre Araujo señaló que la SPDA propone una visión activa del acceso a la justicia ambiental y detalló que se deben atender los siguientes aspectos:

1. Priorizar las reformas necesarias a nivel legal y regulatorio enfocadas en mejorar el sistema procesal y procedimental.
2. Acompañar activamente los procesos de especialización ambiental de los órganos del sistema de justicia (capacitación, asistencia técnica, colaboración interinstitucional).
3. Trabajar activamente con los actores del sistema de justicia en los procesos de fortalecimiento de la materia ambiental, ampliando su alcance hacia otras instancias como contencioso administrativa, constitucional, civil, sin dejar de lado el trabajo en el aspecto penal (involucrando además a las instancias encargadas de enfrentar los temas de crimen organizado y anticorrupción).
4. Apoyar el trabajo de los órganos de justicia administrativa con la finalidad de mejorar el impacto de sus decisiones en la mejora de la gestión ambiental y la vida de los ciudadanos.
5. Desarrollar e impulsar esquemas de monitoreo y control ciudadano enfocados en mejorar los procesos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
6. Afianzar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para generar herramientas innovadoras que faciliten el acceso a la justicia.
7. Promover el diseño, adopción, implementación y seguimiento de las políticas públicas que faciliten la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, reconocimiento de defensores ambientales y acceso a la justicia ambiental.

Próximas acciones

La Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA ha desarrollado un trabajo cercano con el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin embargo, busca en su lista de acciones sumar aliados de las entidades públicas, de la sociedad civil y de la cooperación internacional.

“Consideramos importante convocar a actores como el Ministerio de Justicia para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a la justicia, como la creación de los Defensores Públicos Ambientales, Defensores Ambientales, implementación del Acuerdo de Escazú, reformas normativas en materia procesal y procedimental. Asimismo, buscamos el fortalecimiento del trabajo con el sistema de Procuradores Públicos y la Policía Nacional, no solo en sus instancias especializadas encargadas de ambiente y recursos naturales sino también de aquellas vinculadas a crimen organizado y anticorrupción. No podemos dejar de mencionar la importancia del trabajo que se puede desarrollar en alianza con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República”, indicó el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA.

“Del mismo modo, resulta importante promover y fortalecer las alianzas con organizaciones de la sociedad civil como los gremios de comunidades nativas y campesinas, productores, comités de gestión de áreas naturales protegidas, comités de gestión forestal y de fauna silvestre y otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en mejorar las condiciones de acceso a la justicia ambiental”, concluyó Jean Pierre Araujo.

 

 

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