Foto: Mincul.

Más de diez organizaciones de la sociedad civil y expertos en temas ambientales e indígenas han hecho pública su preocupación por la Ley 30723, aprobada en enero de este año.

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“Manifestamos nuestra profunda preocupación debido a la incompatibilidad que supone esta iniciativa legislativa con el marco jurídico internacional al que se ha obligado el Estado peruano y con las normas que lo desarrollan a nivel nacional, sumado a los graves impactos sociales, culturales y ambientales que advertimos a continuación», se puede leer en el pronunciamiento.

[Lee aquí el pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil]

Los firmantes piden al Congreso de la República derogar esta ley e iniciar acciones que permitan promover el desarrollo de la región Ucayali, considerando las necesidades globales de esta región y sus zonas de frontera.

“Solicitamos al Congreso de la República derogar la Ley 30723 para dar paso a un trabajo coordinado que permita promover el desarrollo de Ucayali y sus zonas de frontera en un marco de legalidad, con respeto a los derechos indígenas y al medio ambiente, con participación de las entidades públicas directamente involucradas, las organizaciones indígenas y la sociedad civil”, se pide en otro momento del comunicado.

A la fecha existen tres propuestas de derogatoria presentadas por los congresistas Marco Arana, Tania Pariona y Patricia Donayre.

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