• Evento contó con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, Congreso, ministerios del Ambiente y Justicia, organizaciones indígenas y sociedad civil.

 

La protección de los defensores y defensoras ambientales es un diálogo que cada día cobra más importancia. En nuestro país se han registrado cinco casos de asesinatos a defensores ambientales en lo que va del año. En este contexto, se desarrolló este miércoles 9 de diciembre el Foro Virtual: La importancia del rol y de la urgencia en la protección de los defensores y defensoras ambientales, evento organizado por la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho de la PUCP y la Clínica de Gestión Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

¿Por qué debemos protegerlos?

En el primer bloque del foro, los panelistas expusieron sobre el rol que cumplen los defensores de derechos humanos y por qué es importante protegerlos. En este espacio, el defensor ambiental y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, detalló el escenario que se vive en la región de Madre de Dios.

«Desde el 2009 la minería ilegal amenaza a los líderes del comité de gestión y otros espacios, quienes buscan defender sus tierras y los bosques. ¿Quién logra detener a los ilegales? Nosotros venimos denunciando estas acciones desde hace años como parte de nuestra labor de vigilancia. Desde el 2019 la Operación Mercurio ha logrado avances en la lucha contra la minería, pero la verdad es que no ha parado esta actividad. Existen avances en el país sobre la protección de los defensores; sin embargo, el asesinato de Roberto Pacheco nos demuestra que falta mucho. De otro lado, no podemos olvidar el caso de Alfredo Vracko que hasta ahora su muerte ha quedado impune», indicó Víctor Zambrano.

[Ver además ► Madre de Dios: defensor ambiental asesinado había denunciado reiteradas amenazas]

En la misma línea, Luisa Ríos, coordinadora de la SPDA en Madre de Dios, destacó las frecuentes amenazas a los defensores y la falta de apoyo de las autoridades. «En el 2019, el 40% de los asesinatos de defensores provenía de comunidades indígenas. La existencia de actividades ilegales como la tala y minería ilegal se asocian a otros delitos. Si pensamos en Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal suele estar vinculado al tráfico de tierras, sicariato, entre otros. El trabajo de los defensores ambientales se da en respuesta a la poca o nula intervención del Estado. En los dos casos de asesinatos [Pacheco y Vracko] hasta ahora no se ha encontrado a un culpable», explicó la especialista de la SPDA.

«Las principales amenazas que los defensores se enfrentan es el hostigamiento, seguimiento telefónico y físico, amenazas de ataques y muertes, secuestros temporales y los asesinatos. Considero que es fundamental que como país trabajemos herramientas de información, conocer los patrones de ataque, saber en qué partes del país hay más riesgo para los defensores. Es necesario brindarles un escenario más seguro para el trabajo que realizan«, agregó Luis Ríos.

Para mejorar este escenario, Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, señaló que es necesario «que las instituciones y marco jurídico vean la importancia de su rol. Es crucial que los que trabajamos en la defensa de los derechos humanos continuemos el diálogo. Un segundo aspecto es la protección de los defensores ambientales en la realidad. […] En este contexto es importante, por eso, la ratificación del Acuerdo de Escazú. «.

¿Qué soluciones se plantearon?

El procurador ambiental del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, manifestó que la principal problemática no es la superposición de normas, sino el problema de ejecución. «En el Perú hay un triple diseño respecto a los defensores ambientales. Además, el problema es un tema de definición. La defensa del medio ambiente tiene una particularidad, sí creo que debe haber un mecanismo específico, pero el problema es cómo vamos a lograr su efectividad. Se debe ubicar la mejor institución que es capaz de atender a tiempo la protección de los defensores», indicó Guzmán.

Por su lado, el congresista Alberto De Belaúnde adelantó la presentación de un proyecto de ley que buscará promover, reconocer y proteger a los defensores de derechos humanos. «Nace del debate para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pudimos recibir testimonio de los mismos defensores, contamos con la participación de Víctor Zambrano que nos comentó del asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco», detalló el congresista.

Asimismo, indicó que la norma también indica que operadores de la justicia deben estar obligados a aplicar el enfoque de derechos humanos. Finalmente, la propuesta buscará crear un sistema nacional de promoción y protección a estos defensores.

El evento contó con la participación de Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap); Víctor Zambrano, defensor ambiental y presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata; Alberto De Belaúnde, congresista de la república; Mercedes Perales, vicepresidenta del Comité de Gestión del Parque Nacional Alto Purús; Julio César Guzmán, procurador Ambiental del Ministerio del Ambiente; Alicia Abanto, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo; Angel González, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; y Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

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