• Conversamos con Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Tambopata para responder a esta pregunta.
• El defensor ambiental de Madre de Dios brindará su testimonio durante un foro sobre derechos humanos que se realizará en Quito (Ecuador), el próximo 22 de noviembre.

Por Jaime Tranca / jtranca@spda.org.pe

 

El 20 de marzo de este año, Juan Julio Fernández Hanco (59), defensor ambiental de Madre de Dios, fue asesinado con dos impactos de bala. La víctima y su familia habían sido amenazadas previamente por personas vinculadas a la minería ilegal, una actividad que en los últimos veinte años ha crecido de manera exponencial en la mencionada región amazónica.

Cinco días después del asesinato de Juan Fernández, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, casi se convierte en la siguiente víctima. Al llegar al Área de Conservación Privada K’erenda Homet, lugar que administra junto a su familia, no se percató de que una motocicleta con dos personas lo había seguido. Cuando bajó de su auto para abrir el portón, uno de los ocupantes de la moto bajó empuñando un arma con silenciador y caminó hacia el defensor ambiental para terminar con su vida. Sin embargo, los gritos de advertencia de una vecina hicieron declinar a los delincuentes que de inmediato huyeron bosque adentro.

Don Víctor Zambrano también había sido amenazado por mineros ilegales, pero hace buen tiempo él y su familia ignoran a los criminales que llaman y escriben ininterrumpidamente hace varios años.

“Las amenazas para nosotros ya es rutina. Lo hacen por teléfono, por mensajes. A veces ya ni les hacemos caso, sinceramente porque hay varias llamadas anónimas. En mi casa, por ejemplo, tenemos la consigna de no responder a números desconocidos”, señala Zambrano, reconocido debido a su incansable lucha por proteger la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, una de los lugares más biodiversos del país y del planeta.

La situación actual de los defensores del ambiente y del territorio en el Perú es crítica. Solo desde que inició la pandemia, han sido asesinados cerca de veinte personas. En el caso de Madre de Dios, desde el 2015, tres personas relacionadas al Comité de Gestión fueron asesinadas por oponerse a la expansión de la minería aurífera cerca y dentro de las áreas protegidas. Además de Juan Fernández, Alfredo Vracko y Roberto Pacheco también fueron asesinados con armas de fuego.

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“Todo sigue igual”

En conversación con Actualidad Ambiental, Víctor Zambrano cuenta que –a pesar de los crímenes, las reiteradas denuncias ante las autoridades y el reclamo constante para que los apoyen– poco o nada ha cambiado la situación de quienes defienden sus territorios y el ambiente en Madre de Dios.

“La situación actual es que nada ha cambiado hasta el momento. Todo sigue igual y peor incluso porque, a pesar de haber normas complementarias para buscar alguna alternativa de solución por parte del Estado, lamentablemente no son operativas porque son simples resoluciones que salen a nivel ministerial”, lamenta.

Si bien tenemos que varios ministerios se han puesto de acuerdo para que trabajen de manera conjunta, con la finalidad de poder articular mejor este tema relacionado a los derechos humanos, cada ministerio tiene su prioridad, su trascendencia, su importancia. Vemos en esas resoluciones que han salido algún articulador o responsable de todo ese grupo que direccione o ejecute o hacer efectivo para atender las emergencias.

Zambrano menciona que, en los últimos años, las autoridades solo han actuado de manera reactiva, cuando se presentan hechos como el asesinato de un compañero del comité. Después del asesinato de marzo, por ejemplo, se activó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, y luego se conformó la “Mesa Regional para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, pero hasta ahora –afirma– no ha habido acciones concretas, solo compromisos que no se han cumplido.

Asimismo, señala que el Estado actúa solo cuando sufre una presión ciudadana. Y pone como ejemplo la demora para la ampliación del Estado de Emergencia en varios distritos de la región, con el fin de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen con acciones para enfrentar a la minería ilegal. Como se recuerda, el Estado de Emergencia había vencido el 17 de setiembre y recién el 17 de octubre se decidió ampliar esta medida por 60 días más.

“Un papel no aguanta una bala”

Después del intento de asesinato, Víctor Zambrano recibió la visita de la Policía Nacional, cuyos agentes llegaron una hora después del hecho. “[El policía] me preguntó si tenía garantías. ‘Sí tengo’, le dije, pero es solo un papel y un papel no aguanta una bala. Entonces los echamos, le dije que me dejara solo, que yo solucionaré mi problema. ¿Qué podemos hacer? Lo que no hacemos es callarnos o escondernos. Después del hecho avisamos a las autoridades para que haya más vigilancia, pero igual, no pasa nada”, asegura.

Así como él, en total son 14 defensores ambientales relacionados al Comité de Gestión que viven en la misma situación. “No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado, por decir, es que ahora nos dan las garantías correspondientes, pero esto consiste en solo darte un papelito, pero no hay otras acciones, no hay prevención ni mecanismos para contrarrestar esas acciones de los que nos persiguen. No vemos un resultado concreto”, agrega.

Don Víctor cuenta que, frente la falta de apoyo del Estado, ellos han creado algunos mecanismos de autoprotección que solventan gracias al apoyo ciudadano o de instituciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). “Hemos creado un patronato para poder financiar la protección que la autoridad no nos brinda. Entonces, cada defensor tiene por lo menos su propio sistema de rastreo para prevenir situaciones que estamos sufriendo porque no paran las amenazas, siguen vigentes”.

Sin embargo, en este clima de constante zozobra debido a las amenazas, algunos defensores han optado por alejarse de la región por un tiempo, con el fin de proteger sus vidas y la de sus familiares. “En el último quinquenio, algunos se han tenido que retirar e irse lejos, por ejemplo a Cusco o Arequipa, por una temporada para que no los sigan martirizando. Después de un tiempo, han retornado. Ha habido extremos. Y de todo eso es testigo el actual defensor del Pueblo de Madre de Dios. Él mismo ha contribuido con su propia movilidad para poder rescatar a personas que habían sido incluso secuestradas”, recuerda don Víctor.

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“La esperanza la hemos perdido hace tiempo”

Cuando le preguntamos, cuál sería el escenario ideal para que se sientan seguros, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata nos respondió que “el escenario está muy lejos”. “Quizás sería que se respeten las concesiones, los contratos que se tienen con el Serfor… Pero la verdad en este momento no hay situaciones ideales. Hasta los que están más alejados, como los hermanos castañeros, los que están por Manila o Tahuamanu ya no pueden vivir tranquilos. Las soluciones la están buscando los propios concesionarios través de sus propias asociaciones. El escenario ideal sería que el Estado busque mecanismos para apoyar a esos elementos que están durante generaciones en el campo, en su castañal, en su concesión, haciendo patria y haciendo que el bosque siga siendo bosque sin que siga siendo depredado por el narcotráfico y la minería sin control alguno”.

–¿Han perdido las esperanzas respecto al apoyo que deben darle las autoridades?

–Hermano, la esperanza la hemos perdido hace tiempo –responde don Víctor.

Por otro lado, asegura que el actual gobernador regional de Madre de Dios, Jefferson Gonzales Enoki, “ha intentado hacer las cosas bien, al menos, pero ya le queda poco tiempo. Tenía buenas intenciones, es un joven de acá de la región y se identifica con lo que nosotros padecemos, pero su gestión ya termina y viene la otra. Tenemos que enfrentar la situación como viene, no podemos bajar la guardia”.

Respecto al nuevo gobernador, Luis Otsuka, comenta que en su primera gestión tuvieron diversos desencuentros, pero que en los últimos años han podido encontrar puntos en común, por lo que espera una apertura para trabajar juntos por los bosques y la población de Madre de Dios.

“Ya es su segundo gobierno, de repente ha aprendido algo de los errores que cometió en el primero. No somos pesimistas en buscar el mecanismo más o menos acorde para que podamos vivir en paz, pero mientras siga esta nebulosa llamada ‘corrupción’, lamentablemente estas situaciones van a seguir”.

Finalmente, recuerda que mientras que la situación de los defensores ambientales mejore, ellos no van a declinar en su lucha. “¿Qué podemos hacer nosotros? Ya no podemos escondernos, no podemos desaparecer. Ya tenemos una línea definida y ahí la mantenemos hasta las últimas consecuencias”, puntualiza.

Datos:

• Zambrano Gonzales, junto otros defensores ambientales de América Latina y El Caribe, brindarán sus testimonios este 22 de noviembre en el Primer Foro Internacional sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y El Caribe, un evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Más información aquí. Además, revisa la agenda aquí.
• La presentación de Víctor Zambrano se realiza con el apoyo técnico de la SPDA como parte del proyecto “Defensores y defensoras en Madre de Dios: mejorando el acceso a mecanismos de protección en el terreno”, financiado por la Embajada de los Países Bajos en Perú.