• Defensoría solicitó a las autoridades atender esta necesidad de la población que hoy lucha contra propagación e impactos del coronavirus. Tras un análisis reciente, el 73% de 656 personas dieron positivo al COVID-19.

 

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo resaltó que existe un retraso de más de tres años en la reconstrucción de la comunidad shipiba de Cantagallo, obra ofrecida luego de un incendio que afectó a cientos de familias que hoy luchan contra la propagación y los impactos del COVID-19.

“Este retraso ha colocado en una situación de riesgo a las personas, amplificado por la pandemia, motivo por el cual, la entidad urge al Ministerio de Vivienda que asegure la construcción de viviendas dignas lo antes posible y, a la vez, solicita al Parlamento, fiscalizar estas acciones y las causas del retraso”, señaló el organismo.

Asimismo, instó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Indeci “implementar una estrategia para erradicar el hacinamiento de la población ubicada en el terreno donde se debe construir el complejo habitacional para la población de Cantagallo, sin perjuicio de la urgente atención sanitaria a las más 500 familias que habitarían el lugar actualmente”.

La Defensoría también pidió al Ministerio de Cultura asegurar que la entrega de ayuda llegue a la totalidad de los miembros de la comunidad “en la cantidad y frecuencia necesaria para cautelar su derecho a la salud y alimentación especialmente. Al respecto, urge que las autoridades actualicen la información sobre el número de personas que se encuentran viviendo actualmente en Cantagallo”.

La ayuda requerida

Según información recogida por el organismo, se requieren aproximadamente 600 bidones de agua para consumo familiar y 300 recipientes grandes para el almacenamiento de agua para las familias que no cuentan con este servicio en la comunidad.

La entidad también reconoció los esfuerzos de las autoridades para apoyar a esta población, pero alertó que “hasta el momento no se habría proporcionado materiales de protección y limpieza como mascarillas, jabón y desinfectantes para la totalidad de las familias de la comunidad”.

“Tras conocerse que el 73% de las 656 personas a las que les realizaron la prueba de descarte dieron positivo para COVID-19, es imprescindible se realice un monitoreo permanente de su situación, la fumigación y desinfección periódica en el terreno y en las viviendas, así como el recojo de residuos sólidos de manera continua por parte de la Municipalidad del Rímac, en coordinación con los dirigentes de las cuatro organizaciones que los representan”, señaló el organismo y agregó que ya solicitaron al Ministerio de Cultura estos implementos.

[Ver además ► Shipibos de Cantagallo: realizan pruebas de COVID-19 tras muerte de 3 personas]

Lugar para atenderse

La Defensoría del Pueblo también informó que el Puesto de Salud de Piedra Liza “dio a conocer a los representantes de la comunidad la implementación de un Plan de Atención de Salud para esta población, medida que permitirá optimizar las estrategias de intervención en salud siempre que se garanticen, de manera complementaria, las necesidades urgentes antes señaladas”.

Como complemento a estos pedidos, el organismo también solicitó que las autoridades garanticen “una intervención especial en favor de la educación de las niñas y niños de la comunidad, tomando en consideración sus carencias en recursos tecnológicos, la falta de acceso a Internet y la asistencia técnica que puedan requerir para adaptarse a la estrategia educativa que se viene implementando por la emergencia sanitaria”.

Finalmente, hizo un “llamado a la población de Cantagallo para que, en el marco de su deber ciudadano, cumpla con las medidas de prevención de salud y las restricciones establecidas para superar esta pandemia dentro de la comunidad. Para ello, es importante que se garantice una estrecha coordinación y articulación del Estado con las cuatro organizaciones indígenas representativas del lugar”.