• La pandemia no detuvo las amenazas y asesinatos de defensores ambientales en el mundo. Por el contrario, el 2020 se registró como el peor año contra quienes defienden el territorio, la naturaleza y los recursos naturales, con 227 ataques letales registrados según el informe “Last line of defence”, de Global Witness.

El pasado 10 de septiembre se cumplió un año del asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor ambiental en uno de los territorios más peligrosos para las personas defensoras del ambiente en Perú: Madre de Dios. “Lamentablemente el Poder Judicial no se pronuncia”, denuncia Demetrio Pacheco, líder ambientalista y padre de Roberto, en conversación con Actualidad Ambiental.

Demetrio Pacheco recuerda que “previamente al asesinato, a uno de los trabajadores le arrebatan el celular. De ese celular robado llaman a uno de los autores intelectuales, y eso se sabe a través del bloqueo de las comunicaciones. Él contesta y los recoge de un lugar. Luego, más o menos a las 3pm los intervienen en un grifo. Los intervienen, pero hasta el momento no sabíamos lo que había pasado”. En estas circunstancias los sospechosos fueron liberados. Posteriormente les encuentran un arma que un testigo reconoce. A pesar de eso “los abogados de las partes inculpadas logran que los liberen y hasta ahora gozan de esa libertad”.

Su asesinato no fue un hecho fortuito. Roberto Pacheco había recibido amenazadas desde el 2017, año en que pidió garantías para su vida luego de que lo golpearon y destruyeron sus bienes en un intento de los madereros ilegales por amedrentarlo. Sin embargo, la Prefectura de Puerto Maldonado rechazó su pedido.

Como Roberto Pacheco, otros 5 defensores ambientales fueron asesinados el año pasado en Perú. La situación de las personas que defienden el ambiente, el territorio y los recursos naturales es de peligro constante en la Amazonía, en el Perú y en muchas otras regiones del mundo. El informe Last line of defence de Global Witness, ha identificado que solo en 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras del ambiente en 22 países del mundo.

La mayor parte de estos ataques se dio en Latinoamérica, en donde se registraron 3 de cada 4 de estos casos. El país que registra más asesinatos a defensores es Colombia (65), seguido de México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12) y Perú (6).

La amenaza a quienes defienden los bosques

Según el informe, más del 30% de los asesinatos registrados se relacionan con la explotación de recursos, resaltando actividades como la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala. Además, el 70% de estos asesinatos se dieron contra defensores de bosques. Por ejemplo, en Brasil y Perú, se identificó que casi las tres cuartas partes de asesinatos en estos países sucedieron en sus regiones amazónicas.

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El informe hace énfasis en que estas cifras no reflejan la verdadera dimensión del problema, porque están basadas en los asesinatos registrados y “en algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro”.

A esto se suma que los peligros a los que se enfrentan las personas defensoras del ambiente van más allá de los asesinatos. Muchos de ellos y ellas son intimidados mediante amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización.

El peligro se incrementó en pandemia

Durante la pandemia y aun cuando el mundo entero paralizó, las amenazas a defensores ambientales no disminuyeron, por el contrario, parecen haberse agudizado, convirtiéndose el 2020 en el año más peligroso hasta ahora registrado. Según lo constatado por el informe de Global Witness, se estima que más de cuatro personas fueron asesinadas por semana.

Y gran parte de estas personas pertenecían a pueblos indígenas. “A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos a indígenas” se lee en el informe.

Otro dato importante que resalta el informe es la situación de las defensoras, quienes, aunque no representan un gran porcentaje en los registrados de asesinatos, si “pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual”. Asimismo, ellas enfrentan un desafió adicional: “la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse”.

 

El riesgo de defender el ambiente en Perú

Tras el asesinato de Roberto Pacheco, en Madre de Dios se respira impunidad y miedo. El peligro sigue vigente para su padre y otros defensores ambientales en esta zona. “Estamos tranquilos mientras nos quedamos al borde de la carretera, pero cuando ingresamos al bosque no. Ahora están ahí los invasores y nos dicen que tienen plantaciones. Acá están involucrados varios entes del Estado, por eso vamos a actuar a otro nivel de gobierno”, señala Demetrio Pacheco.

Al igual que Roberto Pacheco, que recibió amenazas previas a su asesinato, otros 4 del total de 6 defensores asesinados en este país en 2020 también fueron amenazados. Otra cosa que comparten en común estos 6 casos es la lentitud en el acceso a justicia: hasta la fecha ninguna de las investigaciones penales sus asesinatos han ingresado a juicio oral.

En lo que va del año, ya se han denunciado otros 4 asesinatos, con los que sumarían diez defensores ambientales asesinados en Perú entre 2020 y 2021, una situación preocupante. “Esta es la cifra más alta registrada para nuestro país en los últimos 4 años, situación que nos debe alarmar aún más si consideramos que la data sistematizada en este informe es referencial”, advierte Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Esta ola de violencia contra quienes defienden el ambiente viene desde mucho antes. Las estimaciones del informe muestran que entre el 2002 al 2020, es decir, en los últimos 18 años han sido asesinados 2.219 defensores en diversas partes del mundo. Entre las principales causas resaltan las disputas por la tierra y los daños ambientales. Mientras que Brasil es el país con más víctimas (697) en este tiempo, Perú no se queda muy lejos y acumula 96 casos.

Justicia y prevención

El Estado peruano ha avanzado con la atención de esta problemática, aunque todavía quedan importantes puntos pendientes. Pues, aunque en abril de este año se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, una herramienta que involucra a varios ministerios con tres objetivos: prevención, seguridad y acceso a justicia, la ratificación del Acuerdo de Escazú sigue en espera.

Además, “si bien es necesario que el Estado priorice acciones para garantizar la efectividad de las medidas normativas sobre protección de personas defensoras aprobadas hasta la fecha, es igual de importante que se garantice que estos asesinatos no quedarán impunes ni se repetirán. Necesitamos trabajar como país en los problemas estructurales detrás de estos crímenes y dar un mensaje claro en contra de todas aquellas acciones que afecten los derechos humanos”, explica la especialista de la SPDA.

Los casos de Arbildo Meléndez, Gonzalo Pio Flores, Santiago Vega Chota, Lorenzo Caminti, Roberto Carlos Pachecho, Jorge Muñóz Saveedra y de muchos otros defensores ambientales asesinados siguen esperando justicia. Sus familias y comunidades necesitan que la impunidad no gane.

 

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